La vida no es un video pitch

En las últimas semanas, fui convocado por dos instituciones internacionales que promueven el emprendedurismo, para actuar como jurado de sus concursos de ideas de negocios que eran presentados por equipos de jóvenes mediante la técnica del "pitch".

Un pitch (del inglés, "lanzar") es una presentación, simple y breve, acerca de lo que se planea hacer a futuro con un negocio o start-up (emprendimiento nuevo). Esta presentación se realiza frente a los posibles inversionistas y tiene como objetivo convencerlos de financiar el desarrollo y puesta en marcha de ese proyecto, o asociarse al mismo.

Es usual también que las competencias de este tipo de emprendimientos o presentaciones a distancia se hagan mediante un video-pitch, que es la transmisión en streaming o la grabación de esa breve exposición.

Más allá de la juventud de los aspirantes a los premios, y el escaso tiempo que se les había otorgado para desarrollar la idea de sus negocios, me sorprendió -en varios de ellos- la desconexión de esas ideas de negocios con elementos básicos de la realidad. En algunos casos denotaban inexperiencia o falta de comprensión de cómo funcionan los mercados; las reglas básicas de la oferta y la demanda; en otros la falta de "calle", ese conocimiento "vulgar" que solo se adquiere "haciendo"; o la falta de conocimientos de prácticas en otros países o regiones (donde esos negocios o propuestas ya se probaron y fracasaron).

Más allá de ello, noté en particular:

. Una actitud muy voluntarista (la formación de ideas o la toma de decisiones basándose en lo deseable o agradable de imaginar, en lugar de basarse en las evidencias o racionalidad);

. Desaprovechamiento de las herramientas tecnológicas como fuente de información, es decir, una disociación entre sus carácter de "nativos digitales", que conviven con "pantallas" y dispositivos hiperconectados, pero no los usan para fines prácticos o de trabajo;

. Confusión entre "lo real" y "lo virtual", donde como en un video-juego- el fracaso o la muerte puede ser un mero "accidente" sin consecuencias que se remontan luego del "game over";

. Confiar en que el "Estado" o "el Gobierno" pueden ser la solución para la viabilidad económica de sus proyectos (paternalmente será quien adquiera los bienes o servicios a ofrecer o proveerá los fondos para empezar);

. Creer que el financiamiento depende -nuevamente- de la voluntad de alguna empresa u organización bien intencionada, más que en la seriedad, robustez, innovación u originalidad de los proyectos.

La confusión de los adultos

Hace un par de semanas, este diario difundió la noticia que empresas locales de diversa índole (proveedores de bienes y servicios, constructoras, etc.) se quejaban de que las empresas mineras y energéticas, sobre todo inversores multinacionales no los contrataban, o no los preferían, frente a proveedores de otras regiones y pedían que las autoridades hicieran algo.

Nuevamente -y en este caso no hablamos de jóvenes inexpertos- imaginamos que la solución a la competitividad, que los negocios y que el posicionamiento empresario puede lograrse si pedimos auxilio a las autoridades, que el Estado o el gobierno debieran reglar o forzar la contratación de proveedores locales, sin mirar en profundidad la problemática y sus posibles principios de solución.

Planteos de este tipo traslucen una actitud voluntarista, de esperar soluciones cuasi-mágicas, sin planteos serios, con mirada estratégica, profunda y profesional. La solución a esta problemática llegará el día que los proveedores alcancen los estándares de calidad, solvencia y respaldo que las empresas requieran.

Evidentemente falta planificación estratégica, pues este tipo de adaptaciones y desarrollos no se hacen de la noche a la mañana. Luego, falta de "alimentación" a sus empresas y su personal: inversión en conocimiento; innovación; capacitación; certificaciones que permitan diferenciarse (ISO, OSHA, S.A. y otras) en materia de calidad, protección ambiental, confiabilidad, trazabilidad de productos, etc.

Atados a ello, aparecen aspectos como el "governance" y "compliance", pasados por alto por el empresariado en general, pero que, si aspiran a ser elegidos por empresas internacionales, debieran conocerse (por ejemplo la FCPA de USA y la Anti Bribery Act del Reino Unido, normas anticorrupción que rigen a muchas de esas empresas y de aplicación extraterritorial para sus funcionarios que deben velar que sean cumplidas también por sus proveedores y socios locales).

Existe también cierta confusión de algunos aspectos fundamentales que caracterizan la industria minera: ciclos; de gran inversión inicial en bienes de capital; mano de obra y logística y servicios accesorios calificados y diferenciados (transporte, housing, catering, seguridad e higiene industrial, seguridad física, etc.), más allá de los estrictamente mineros: (perforación, estudios de factibilidad, análisis de muestras y cortes de roca, exámenes químicos, hidro-geológicos, socio-ambientales, etc.), y que la minería no es -esencialmente- creadora de gran cantidad de mano de obra.

Esta realidad provoca, muchas veces falsas expectativas, en comunidades locales, medios de comunicación, autoridades, órganos recaudadores, etc., haciendo del sector minero blanco de críticas infundadas.

Voluntarismo

La reciente Ley Provincial de Promoción Minera de la provincia de Salta (Nro. 8164, B.O. 20069/19), se caracteriza por el voluntarismo tan común en nuestra legislación. Simplemente establece (Art. 17): “Las empresas mineras que operen en la Provincia preferentemente deberán contratar obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales inscriptos en el mencionado Registro, en un porcentaje no inferior al setenta por ciento (70%) del monto total anual contratado con todos sus proveedores, y conforme a la metodología y requisitos que establezca la reglamentación.”

Desconocemos lo que dirá la correspondiente reglamentación, pero la norma no contempla -por ejemplo- la condición básica de la mayoría de las legislaciones mineras de otros países relativas a lo que usualmente se denomina “compre local”, o “compre nacional” (local content), que esos bienes y servicios se ofrezcan en precios y condiciones; sean de igual, o casi igual calidad; que estén disponibles; puedan ser prestados o entregados en debido tiempo; y cuyos precios no sean mayores a cierto porcentaje (generalmente 10%) en relación a los bienes y servicios de empresas extranjeras o de otras latitudes. Caso contrario, se estaría obligando a las empresas a optar por un servicio o bien local, de menor calidad o peores condiciones. En materia de provisión de servicios de alimentación o de seguridad, las consecuencias pueden ser catastróficas.

Esto denota también ignorancia de las realidades y mejores prácticas de la industria de parte de los señores legisladores, y una preocupante disociación entre el derecho y la economía (medidas como la terminación intempestiva de varios contratos de concesión del gobierno saliente con empresas multinacionales, y habernos embarcado en varios arbitrajes internacionales millonarios, también denotan esa disociación).

Las recientemente discutidas leyes de Alquileres y la llamada Ley de Góndola son casos palmarios similares de desconocimiento de los mercados y la gestión empresarial: los aumentos de costos intrínsecos que dichas normas traen consigo provocarán el fracaso de las mismas -de nuevo el voluntarismo y el divorcio entre el derecho y la economía- causarán lo que Duguit describía como la “hipertrofia del mal que se procura erradicar”.

La falta de preparación de las pymes para sobrevivir en mercados competitivos no sólo la observo en la minería: en la institución educativa en la que hoy me desempeño observamos continuamente la falta de altura de los proveedores, de diferentes sectores: informalidad; falta de preparación; ausencia del criterio de calidad; inobservancia de plazos; entregas fuera de término; fallas en la comunicación; pobres estándares; falta de certificaciones, y un largo etcétera.

Mano de obra local

En relación a la contratación de mano de obra local, algunas legislaciones de otros países con tradición de industrias extractivas no sólo exigen cierto porcentaje de personal del lugar, sino que imponen la obligación de entrenar a personas del lugar para que puedan competir en mejores condiciones o en paridad de situación que sus competidores “importados”.

Ahora bien, hace tiempo que diferentes estudios, tanto oficiales como de expertos y consultoras advertían sobre la escasez, en la región, tanto de personal especializado como de proveedores que estuvieran en condiciones de ser contratados por las mineras que están operando y que seguirán desembarcando en busca de litio como de otros yacimientos metalíferos y de otro tipo. Lo que faltó, en todo caso, fue visión -y gestión- para anticiparse a esos cambios que se aproximaban.

En ese caso, como ahora, y en el futuro, es necesario actuar abordando efectivamente esas problemáticas, de manera conjunta: sector empresario, gobiernos (de todos los niveles: nacional, provincial, municipal) y otros actores clave, como las universidades, institutos; ONG, etc. para lograr los niveles de excelencia, preparación técnica; certificaciones de terceros independientes, etc., que permitan reposicionar a Salta como un destino de inversiones y desarro llo sostenible a largo plazo.

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