Siete militares fueron procesados por fraude a la administración pública acusados de haber desviado a cuentas particulares fondos destinados a solventar las agregadurías de Defensa de la Argentina en Australia, Rusia y Corea del Sur. Se sospecha que la estafa fue, en total, de más de un millón de dólares.
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Siete militares fueron procesados por fraude a la administración pública acusados de haber desviado a cuentas particulares fondos destinados a solventar las agregadurías de Defensa de la Argentina en Australia, Rusia y Corea del Sur. Se sospecha que la estafa fue, en total, de más de un millón de dólares.
Los hechos que el juez federal Sebastián Ramos consideró probados son de 2012 y 2013, durante el gobierno kirchnerista. El dinero girado era parte de los gastos reservados administrados por el área de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto. Para justificar su desaparición -sostuvo el juez- "se confeccionaron rendiciones de cuentas falsas" o, en otros casos, "directamente se giraron los fondos sin respaldo documental alguno".
En Corea, por ejemplo, pasaron un comprobante hecho por 15.980 wones, equivalentes a 14,15 dólares, como si fueran 15.980 dólares; es decir, 18.047.412 wones. Solo con esa rendición se estafó al Estado por 15.965,85 dólares, explicó el juez.
En la lista de procesados están quienes fueron responsables de la Jefatura de Inteligencia, José Eduardo Demaría y Luis Héctor Patoco. Ellos tenían a su cargo las agregadurías militares. También, el jefe de la División de Presupuesto de la Jefatura de Inteligencia, Jorge Armando Sicaro. De acuerdo con un peritaje que forma parte de la causa, Sicaro recibió siete transferencias por un total de 339.439,32 dólares en una caja de ahorro personal abierta en un banco de Australia. Los depósitos provenían de la cuenta oficial en el Korea Exchange Bank de la agregaduría militar de Corea del Sur.
Ramos también procesó a Oscar Francisco Vuisso, agregado de Defensa en Rusia, y a los auxiliares de agregadurías Alejandro Fidel Pacheco (Rusia), Sergio Trombino Ghivarelli (Corea del Sur) y Claudio Héctor Velardez (Australia). Los cuatro están acusados de haber participado del desvío de fondos.
En el caso de Velardez, hizo 16 transferencias hacia su propia cuenta del banco Commonwealth Bank of Australia Sidney por un total de 391.212,37 dólares.
Pacheco, en cambio, sacó la plata en efectivo. "Realizó extracciones en efectivo desde la cuenta que la agregaduría de Rusia registraba ante el VTB-Bank de Moscú, por montos que excedían el valor de los gastos de funcionamiento que demandaba la legación", sostuvo el juez.
En el fallo de los procesamientos, Sícaro figura como "exmilitar"; los de más, como retirados; es decir, siguen siendo militares, pero no están en actividad.
La denuncia
Quien denunció la estafa fue el capitán de navío Carlos Mighera, que llegó a Canberra en diciembre de 2013 para la hacerse cargo de la agregaduría de Australia. Lo primero que hizo fue una auditoría contable sobre los gastos y rendiciones atrasadas. Fue así como detectó las transferencias de Velardez hacia su propia caja de ahorro.
Mighera se lo informó a Patoco, que -creen los investigadores- en un intento por esconder los desvíos de Corea y Rusia, les pidió a todas las legaciones en el exterior que le mandaran los ejemplares duplicados de las rendiciones de cuentas (los originales los tenía Inteligencia en Buenos Aires). La sospecha es que como parte de la estafa, los originales habían sido adulterados. Cuando los investigadores quisieron cotejar los de Rusia y Corea no pudieron. Habían desaparecido.
De acuerdo con el fallo de Ramos, el perjuicio acreditado en la causa es de 357.045,59 para la agregaduría de Defensa en Australia; 396.280,03 dólares para la de Rusia; y 396.670,49 para la de Corea. En total, 1.149.996,11 dólares.
Junto con los procesamientos, el juez dispuso ayer embargos sobre los bienes de los acusados de entre 79 y 80 millones de pesos, y le pidió a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial un "informe de evolución patrimonial" de los procesados desde 2012 hasta la actualidad para "establecer si sus patrimonios se corresponden con sus antecedentes económico financieros y sus ingresos".
Fuente:por Paz Rodríguez Niell para La Nación