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Derecho a la salud integral, una asignatura pendiente en la cárcel de mujeres de Salta

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres detectó en un relevamiento fallas en el sistema que privan a las detenidas del ejercicio de derechos básicos para una vida digna. 
Martes, 31 de diciembre de 2019 01:44

La cárcel nunca es agradable. Más allá de los avances que se han registrado especialmente en los países occidentales, y aunque los regímenes brutales ya están prohibidos por ley, la prisión es una forma de violencia, aunque la detención sea legal y legítima.
Pero quien está privado de su libertad está a su vez amparado por la Constitución que advierte que las cárceles no son lugar de castigo sino de seguridad. Y por ese motivo, el preso debe tener acceso pleno a condiciones de salud y educación, esparcimiento, trabajo y vínculos afectivos. Y como el detenido no puede hacerlo, el Estado debe garantizarlo.
La sociedad suele ser bastante dura con el preso; y el Estado, bastante injusto con los presos pobres. Esto se vuelve patente en la cárcel de mujeres de Villa Las Rosas, la UNC Nº 4, donde en agosto había 122 mujeres detenidas. De ellas, 72 estaban condenadas y 50 procesadas. 
El promedio de tiempo de detención en esta penitenciaría es de 15 meses. La mayoría de las que están privadas de la libertad tiene hijos a su cargo, pero el contacto con sus familias es intermitente. La remuneración por su trabajo es casi simbólica (entre $300 y $500) y la atención de la salud presenta deficiencias. 
Un relevamiento desarrollado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con la colaboración de la Asociación Internacional Innocence Project Argentina y la Fundación Cintia Fernández, permitió describir una situación que expone la violencia social, la feminización de la pobreza y la realidad de mujeres condenadas o procesadas, en general por delitos menores, en muchos casos no cometidos por ellas mismas, sino por sus parejas, y de los cuales se hacen cargo por imperio de la subsistencia familiar.
Las cárceles, en el siglo XXI, siguen siendo un “depósito de la marginalidad”. 

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La cárcel nunca es agradable. Más allá de los avances que se han registrado especialmente en los países occidentales, y aunque los regímenes brutales ya están prohibidos por ley, la prisión es una forma de violencia, aunque la detención sea legal y legítima.
Pero quien está privado de su libertad está a su vez amparado por la Constitución que advierte que las cárceles no son lugar de castigo sino de seguridad. Y por ese motivo, el preso debe tener acceso pleno a condiciones de salud y educación, esparcimiento, trabajo y vínculos afectivos. Y como el detenido no puede hacerlo, el Estado debe garantizarlo.
La sociedad suele ser bastante dura con el preso; y el Estado, bastante injusto con los presos pobres. Esto se vuelve patente en la cárcel de mujeres de Villa Las Rosas, la UNC Nº 4, donde en agosto había 122 mujeres detenidas. De ellas, 72 estaban condenadas y 50 procesadas. 
El promedio de tiempo de detención en esta penitenciaría es de 15 meses. La mayoría de las que están privadas de la libertad tiene hijos a su cargo, pero el contacto con sus familias es intermitente. La remuneración por su trabajo es casi simbólica (entre $300 y $500) y la atención de la salud presenta deficiencias. 
Un relevamiento desarrollado por el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, con la colaboración de la Asociación Internacional Innocence Project Argentina y la Fundación Cintia Fernández, permitió describir una situación que expone la violencia social, la feminización de la pobreza y la realidad de mujeres condenadas o procesadas, en general por delitos menores, en muchos casos no cometidos por ellas mismas, sino por sus parejas, y de los cuales se hacen cargo por imperio de la subsistencia familiar.
Las cárceles, en el siglo XXI, siguen siendo un “depósito de la marginalidad”. 

Encuesta e informe 

El informe, elaborado por las abogadas Tania Kiriaco, Gabriela Rodríguez y Yesica Montagna, apunta a impulsar a que “el Estado provincial cuente con insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales”.
El monitoreo se realizó conjuntamente con las abogadas de dichas instituciones y consistió en entrevistas directas a 39 mujeres y en datos del organismo sobre, salud, educación, recreación y alimentación de las detenidas.
“Del monitoreo surge que la situación de encierro de las mujeres tiene efectos tanto en la salud física y psíquica, la falta de acceso a la salud, y a condiciones dignas de atención es la situación que más persiste en las entrevistas directas realizadas y confirmadas por el informe oficial del Servicio Penitenciario”, dice el informe.
“Desde la perspectiva de Género, la precariedad detectada es un reflejo de las condiciones materiales de vida, previa a la detención, atravesadas por la violencia económica, falta de acceso a la salud y educación y en la mayoría de las veces de género”.
El monitoreo culminó en agosto con una colecta de juguetes para los niños alojados en dicha unidad junto a sus madres.


Acceso a la salud


Las detenidas en Villa Las Rosas cuentan con la asistencia de un ginecólogo, un psiquiatra y seis enfermeras, y el servicio les gestiona turnos en los hospitales cuando lo solicitan.
 “La Organización Mundial de la Salud (OMS) entiende a la salud como un estado de bienestar físico, mental y social de la persona y en relación al medio que lo rodea y en el cual ésta se desenvuelve y persigue el desarrollo de su plenitud. Desde esta concepción, la salud adquiere el carácter de derecho humano fundamental, cuyo garante es el Estado”, dice el informe
Del total de las entrevistadas 11 de ellas transitan o transitaron un embarazo en contexto de encierro. “Seis de ellas habían atravesado un parto estando detenidas. Todas dieron a luz en un hospital extramuros. A ninguna durante el parto la esposaron o encadenaron, pero en todo momento estuvo presente dentro de la habitación personal de custodia no respetando la intimidad y privacidad de la detenida. En 4 de los 6 casos los padres los bebés se encontraban detenidos, ninguno de ellos fue trasladado para presenciar el parto o a conocer al recién nacido. En 3 casos le permitieron recibir la visita de familiares y en 3 casos no, la misma proporción se dio en torno a dónde pasaron los primeros días después del parto, siendo los espacios el pabellón y el hospital extramuros.
“Podemos concluir que el acceso al derecho a la salud no es homogéneo ni se respeta en su integralidad... La lógica de acceso no atiende a las tres dimensiones que el Estado debe garantizar: prevención, atención y asistencia. Las personas detenidas no son tratadas como pacientes evidenciando una producción de dolor a consecuencia del abandono... El acceso a la atención médica y a los lugares de atención es dificultado o impedido por la mediación penitenciaria. La modalidad de atención es de un solo profesional de salud que atiende todas las situaciones, sin tener ciertamente especificidad, y con un gran descreimiento de la palabra de las detenidas y de sus padecimientos. A ello debemos sumarle la falta de recursos e insumos y las dificultades para efectivizar los traslados a hospitales extramuros, lo que deriva en diagnósticos tardíos y cuadros médicos que se agravan. Estas vulneraciones no son casos aislados, sino que existe una sistematicidad devenida de la ausencia sostenida de políticas sanitarias en los espacios de contexto de encierro”, dice el documento.

Arresto domiciliario

La mayoría de las mujeres, pese a contar con los requisitos para obtener el arresto domiciliario, no acceden al mismo, sin atender en absoluto a las disposiciones contenidas en la Convención de los Derechos del Niño, especialmente en cuanto establece: “En todas las medias concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.
De las mujeres detenidas, 21 son madres de menores de cuatro años y no han accedido al derecho de obtener el arresto domiciliario. Quince de ellas lo habían solicitado a través de la defensa, cuatro nunca lo habían solicitado y dos de ellas no sabían si había sido solicitado.
Las abogadas destacaron que los jueces deberían disponer la sustitución del encierro en prisión por el arresto domiciliario en estos casos.
 

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