El Colegio de Arquitectos de Salta (CAS), luego de un litigio judicial que se dilató por 8 años, logró una segunda sentencia a su favor que ratificó su facultad para aprobar las revisiones eléctricas. El fallo sienta un precedente para disputas similares entre arquitectos e ingenieros en otras provincias por las competencias en la materia.
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El Colegio de Arquitectos de Salta (CAS), luego de un litigio judicial que se dilató por 8 años, logró una segunda sentencia a su favor que ratificó su facultad para aprobar las revisiones eléctricas. El fallo sienta un precedente para disputas similares entre arquitectos e ingenieros en otras provincias por las competencias en la materia.
"Es una muy buena noticia a favor de los arquitectos para finalizar el año. Toda la matrícula lo celebró a nivel personal y profesional", indicó el presidente del CAS, Pablo Romero. El arquitecto consideró que en estos años se difundieron públicamente versiones erradas. "Instalaron ante la sociedad y, sobre todo, ante los entes prestadores de servicios eléctricos como Edesa, que los arquitectos no podían firmar los planos, que no tenían la idoneidad ni los conocimientos. Por eso Edesa, en un momento, no aceptaba los planos firmados por los arquitectos", explicó.
"Argumentaron que estaba en riesgo la seguridad pública si un arquitecto firmaba un plano. Esas declaraciones, además de ser avasallantes en contra de los derechos de los arquitectos, pasaron por alto la evidencia de que el CAS trabajó siempre respetuosa y responsablemente con la seguridad pública de la provincia", indicó el representante de los más de mil quinientos arquitectos de la provincia.
El asesor de los arquitectos Oscar Roberto Melo, que llevó adelante el litigio desde sus inicios, resaltó que este fallo sienta jurisprudencia porque la discusión de competencias está "en distintas provincias y municipios, en instancias administrativas o judiciales y es el primer antecedente jurisprudencial, que tendrá que ser invocado a partir de los casos que se inicien".
La contienda judicial
La disputa comenzó en el 2007, a partir de una "omisión" de parte del Estado al reglamentar dos leyes: la 7.467, de higiene y seguridad, y la 7.469, de instalaciones eléctricas.
El Ejecutivo le cedió la facultad de control sobre estos dos puntos a los dos colegios profesionales relacionados con la construcción: el de Arquitectos y el de Ingenieros. Pero al reglamentar la norma emitió dos decretos, los 3473/07 y 3478/07, y omitió incorporar a los arquitectos como competentes para las revisiones eléctricas.
Esos decretos "contrariaban la esencia de las leyes, que se aprobaron teniendo en cuenta las incumbencias y las competencias de los arquitectos, que si incluían esta facultad", según indicó el abogado Melo.
Ante la solicitud de los arquitectos, el Ejecutivo emitió un nuevo decreto, el 4155/10 que subsanó el error y contempló así lo dictado por la ley 7.469 de instalaciones eléctricas e incluyó "al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Salta como Colegio Profesional competente, para verificar el cumplimiento, en los proyectos y/o documentación técnica, de las condiciones de seguridad y electricidad de obras públicas y privadas, con idénticos alcances, facultades y obligaciones a los ya establecidos con relación al Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesionales Afines", dictó la norma.
El nuevo decreto no fue suficiente para zanjar el conflicto de intereses entre los profesionales. A los meses, el Copaipa (Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines) emitió una norma interna en la que establecía que los arquitectos no podían firmar planos eléctricos y dejó la labor en manos exclusivamente de ingenieros electricistas.
"Hasta que se sancionó el nuevo decreto para las verificaciones eléctricas, el Copaipa ya había monopolizado 2 años la facultad de las revisiones eléctricas", advirtió el asesor legal de los arquitectos.
La disputa se judicializó y el colegio que nuclea a los ingenieros y afines pidió una acción declarativa de certeza para que se determinen los alcances del último decreto. Paralelamente interpuso una medida cautelar para impedir que los arquitectos firmaran los planos eléctricos "hasta que se resolviera la cuestión de fondo".
"Esto nos coartaba la libertad de trabajo y tuvimos 2 o 3 meses sin que Edesa recibiera los planos firmados por los arquitectos. El Copaipa tampoco recibía. Como eran los únicos revisores que había en la provincia, no recibían planos eléctricos firmados por arquitectos", indicó Pablo Romero.
En el 2017 el Juzgado en lo Civil y Comercial de 7ª nominación rechazó el reclamo de los ingenieros, lo que fue apelado y recientemente ratificado por la Cámara de Apelaciones de Salta, que interpretó que ya era "cosa juzgada".
Durante el largo proceso judicial pasaron cuatro consejos directivos por la gestión del CAS, en las que se mantuvo firme el reclamo. Melo opinó que hubo "una mirada muy acotada" de parte del Copaipa.
"A veces las personas insisten en posiciones que no tienen en cuenta que las instituciones han sido creadas para darle a la sociedad un aporte en materia de seguridad pública, y los arquitectos están preparados para eso", aseveró el abogado que actuó en representación de los arquitectos.