Marcelo López Arias es ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta. Asumió en el cargo en noviembre de 2017. Es abogado y tiene una amplia trayectoria en la Justicia. En diálogo con El Tribuno habló sobre las problemáticas del servicio penitenciario, la deuda millonaria que mantiene la Nación con la provincia y la necesidad de obras.
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Marcelo López Arias es ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia de Salta. Asumió en el cargo en noviembre de 2017. Es abogado y tiene una amplia trayectoria en la Justicia. En diálogo con El Tribuno habló sobre las problemáticas del servicio penitenciario, la deuda millonaria que mantiene la Nación con la provincia y la necesidad de obras.
Los familiares de los presos de Villa Las Rosas aseguran que ellos reciben comida en mal estado y poca carne.
Hemos recibido del Ministerio de Hacienda un reclamo por el exceso de gasto, que según ellos, tenemos en la comida de los presos y también entre otras cosas el exceso de carne que se le estaría dando. Nosotros obviamente hemos defendido el consumo de acuerdo a lo que nos dicen nuestros nutricionistas. El consumo es el adecuado. No hay ningún exceso y hemos solicitado para que no haya ningún tipo de problema, y en este momento está funcionando una unidad de control fiscal que la puso la Sindicatura de la Provincia. Está analizando consumos, gastos, compras y todo lo que se hace. Se controla que realmente todo lo que se compra se utilice dentro de la cárcel para la alimentación. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para que no nos bajen el presupuesto. La buena alimentación de los presos para nosotros es un tema central. El informe que tenemos hasta es razonable y obviamente no hay lujo en la cárcel, pero sí hay una alimentación que según los informes técnicos corresponde a un balance nutricional correcto.
El hacinamiento también genera gran parte de las quejas...
Admitimos que es así. Es un tema que realmente nos desespera. Hoy tenemos aproximadamente 3.500 presos en todo el sistema y estamos excedidos casi con 1.000 personas de lo que es la capacidad real que tenemos. En la Unidad 1 en Villa Las Rosas tenemos capacidad para unos 850 presos y hoy tenemos 1.383 internos. En la Unidad 4 de mujeres tenemos capacidad para 80 y hay 117 en este momento. En Orán tenemos capacidad para 425 y tenemos 526. En Tartagal tenemos 254 de capacidad pero hay 313. Tanto en Orán como en Tartagal con recursos propios estamos haciendo ampliaciones para mejorar la situación. Estamos trabajando con Obras Públicas para convertir el viejo hospital de Embarcación en un establecimiento. En Villa Las Rosas estamos terminando un nuevo pabellón que nos va a aliviar un poco porque nos va a dar capacidad para unas 200 personas más. De la Nación, a pesar de los convenios firmados que ellos tenían que hacerse cargo de los presos por microtráfico, hasta ahora nunca hemos recibido un peso. En Alcaidía tenemos el problema más serio porque hay capacidad para 350 personas y ayer teníamos 744, el doble y ahí si hay lugares donde hay 12 o 14 personas en una ambiente que no es un calabozo, ni mucho menos, son celdas mas amplias pero estamos excedidos.
Las mujeres que concurren a las visitas sostienen que sus esposos duermen en el piso y que los baños se rebasan...
Tratamos de que todos tengan colchones adecuados. Yo mismo hice una inspección hace un par de semanas y ordené cambiar los colchones que se veía que ya no estaban en buen estado y hay gente que duerme en el piso. Lo real es que los sistemas, servicios sanitarios, cuando hay exceso de presos también nos queda chico.
¿La revisión de causas para la posible libertad condicional o prisión domiciliaria de presos antiguos puede contribuir a descomprimir?
Eso lo estamos relevando, pero la libertad condicional y lo que están pidiendo las mujeres no depende de nosotros sino del Poder Judicial. Cuando nosotros detectamos casos que están demorados o gente que podría estar en situaciones de poder salir lo que hacemos es tomarle declaraciones a ellos, se las llevamos al defensor que corresponda sea oficial o privado y se lo hacemos llegar a la justicia que tiene la última palabra. Hay muchos casos de gente que está por desobediencia judicial. Son casi 50 los detectados. Es muy difícil que los jueces les otorguen la libertad porque esa desobediencia es de gente que tiene causa por violencia de género y que fueron puestos en libertad y violaron la prohibición de acercamiento o alguna de las restricciones que les habían puesto. Entonces estas personas aunque tengan en teoría el tiempo de cumplimiento de la pena para salir en libertad condicional, los jueces toman restricciones y tienen la preocupación porque si son casos en los que tienen temor de que si ya cometieron una desobediencia lo vuelvan a hacer y pueda terminar en un hecho mayor.
¿Se temen posibles revueltas de presos?
Nosotros hemos tratado de procurar una buena alimentación porque sabemos que la mala alimentación suele ser punto de conflicto y cuando hay hacinamiento el conflicto siempre es una posibilidad. Hace un par de días festejamos el aniversario de la creación del servicio penitenciario y felicité al personal del servicio porque en medio de semejante situación, en gran parte es mérito de ellos el haber mantenido un clima de paz y convivencia en medio de semejante amontonamiento. Esto podría haber sido explosivo y sin embargo se mantuvo en niveles razonables de convivencia. Con respecto a las colas de los familiares por las visitas, le aclaro que hemos mejorando muchísimo. Hace años era complicada la situación. No queremos que se repitan hechos de violencia que han ocurrido ya con los visitantes o tráficos indebidos. Hemos agilizado el sistema porque lo hemos ido automatizando poniendo la más alta tecnología para agilizar el control de quien va, como va, los antecedentes.
Usted se reunirá con el ministro de Justicia Germán Garavano. ¿Cree que Nación enviará los fondos que le debe a la provincia?
Tomando cifras no actualizadas del 2016 para computar el gasto por preso, ya estamos arriba de los 200 millones de pesos que nos deben. Actualizado, según los cálculos nuestros, sin intereses, estamos cerca de los 500 millones de deuda. Yo lo hablé con el ministro de Justicia. El reconoce la existencia de la deuda e inclusive el año pasado nos habían ofrecido pagarnos en parte con cárceles modulares que son una especie de cárceles prefabricadas por las que queríamos construir una Alcaidía nueva en la zona sur para evitar este traslado que tienen que hacer los fiscales a Ciudad Judicial ida y vuelta con los presos que es todo un desgaste pero con la devaluación del año pasado, después el ministro se comunicó conmigo y nos dijo que los precios de las cárceles modulares se estarían disparado totalmente y por lo tanto habían descartado el plan de las cárceles modulares. Ahora estamos discutiendo que nos ayuden realmente por lo menos a construir una ampliación de la Alcaidía actual que no es una solución definitiva, pero que va a ser un alivio. Ya hay un proyecto aprobado. Hemos trabajado con Obras Públicas. Lo vio Nación, los arquitectos, están de acuerdo, pero la plata no aparece. Ahora nos ofrecían una financiación, no sabemos en que consiste pero lo vamos a charlar con el ministro Garavano y veremos.
¿Cree que hasta fin de este año, cuando termine esta gestión habrá alguna solución con las obras?
Como están las cosas ahora, una construcción común lleva tiempo, lleva un año aproximadamente pero por lo menos queremos dejar encauzadas las cosas. También le hemos pedido al ministro Garavano que nos amplíe las tobilleras duales y las pulseras para libertades vigiladas. Tenemos actualmente 140 de las cuales están en uso prácticamente todas. Estamos pidiendo más porque también es una forma de aliviar parcialmente la situación si utilizamos este tipo de elementos electrónicos. El centro de monitoreo y control que tenemos es una maravilla. Nos permite saber exactamente que esta haciendo cada persona como si estuviéramos al lado. Estamos en un periodo de finalización de mandato y haciendo todas las inversiones que podemos tratando de aliviar la situación. Es prácticamente imposible pensar que la podamos tener totalmente resuelta, pero las obras que estamos haciendo en Orán, Tartagal, Metán, en la Unidad 1, en el hospital viejo de Embarcación nos van a permitir aliviar la situación, no resolverla porque es demasiado grave como para resolverla pero esperamos poner en marcha la ampliación de Alcaidía y podamos dejar una obra en ejecución.
Hay familiares que aseguran que hay maltrato y castigo hacia algunos internos...
En lo que llevo en este cargo, con respecto a supuestos casos de maltrato, inmediatamente siempre se hizo la investigación y la única denuncia de tortura que teníamos, demostramos que era absolutamente falsa, que no hubo tortura, ni chancho, ni nada por el estilo y en general, dentro de los problemas de hacinamiento que tenemos estoy convencido de que estamos teniendo el mejor trato posible.