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Investigan manejo irregular de chequeras y problemas con viviendas

Integrantes del Ippis no habrían pagado a contratistas pese a haber recibido fondos.
Jueves, 28 de febrero de 2019 02:35

Falta de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras y movimientos sospechosos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se investigan en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis)

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Falta de documentación en el área contable, falencias en el control interno, certificaciones de obras no efectuadas, incompatibilidad para la adjudicación y contratación de obras y movimientos sospechosos de cuentas bancarias son algunas de las irregularidades que se investigan en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (Ippis)

Sin embargo, la falta más grave estaría relacionada con el desmanejo de chequeras. La auditoría efectuada por la Sindicatura detectó a partir del año 2017 la emisión de cheques no registrados en sus respectivas chequeras ni en el área contable del Ippis, con el agravante de que algunos dichos títulos fueron presentados para su cobro y debitados de la respectiva cuenta bancaria de la entidad.

"Todo eso se ha ido controlando y manejando, pero no nos olvidemos que la auditoría anterior había sido hasta septiembre del 2017 y desde septiembre del 2017 a julio del 2018 hay un desfasaje importante", afirmó Edith Cruz, ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la Provincia.

La funcionaria agregó: "Se trató de llegar a un acuerdo con ellos para regularizar la situación, teniendo en cuenta que muchas veces la inexperiencia de algunos vocales podía haber derivado en que no hayan actuado administrativamente. Se abordó el tema con un equipo de contadores y abogados desde principios de agosto hasta el 24 de enero".

Viviendas, otro tema

Edith Cruz, que comentó que antes de empezar a plantear la intervención se comenzó a trabajar con referentes del instituto para ordenar todas las cuentas que provenían del IPV (Instituto Provincial de Vivienda), punto en el que la Sindicatura también señaló importante fallas.

El organismo de control denuncia que, pese a haber recibido las transferencias de fondos por parte del IPV por certificaciones de obra, las autoridades del Ippis no habrían efectuado, en algunos casos, el correspondiente pago a los contratistas.

"No nos olvidemos de que ellos tienen convenio de ejecución de viviendas con el IPV, convenios que se van a realizar. Se va a ver por qué han sido las demoras y las falencias en la construcción de muchas viviendas", dijo a este medio la ministra de Asuntos Indígenas.

Edith Cruz explicó que no solamente se revisarán documentos relacionados con 150 viviendas que empezaron a construirse en último periodo, sino también sobre 260 correspondiente a 2009-2010, cuando también se hizo un convenio. Son viviendas que aún no se han terminado de construir y entregar a los beneficiarios.

"En todas estas situaciones, seguramente la auditoría va a trabajar para ver las falencias y las irregularidades, y qué es lo que fue sucediendo para poder también dar por terminada esta ejecución de viviendas que tanto importa, ya que la necesitan muchos de los hermanos originarios", remarcó la funcionaria provincial.

Intervención

Desde el Gobierno apuntan a que la intervención sea corta y que rápidamente se devuelva la funcionalidad a las autoridades que han sido electas por cada una de las comunidades para que sus vocales vuelvan integral el directorio del Ippis.

"Somos respetuosos de la voluntad de las comunidades en relación a la elección de sus vocales, pero también queremos que el Ippis sea un organismo que dé soluciones, acompañe y brinde un apoyo a las comunidades y no que sea solamente un lugar de desmanejos. Con esta intervención creemos que se va regularizar y normalizar la situación para devolver el manejo en tres meses de un ente ya ordenado", remarcó Edith Cruz.

Desde el Ejecutivo provincial aclararon que se va a respetar la elección de cada uno de los vocales, ya que esta intervención es administrativa y no una intervención dentro del directorio.

"Ellos van a poder seguir reuniéndose y trabajar con la comisión interventora para atender las situaciones de las demandas que se han ido presentando", afirmó la funcionaria provincial.

La ministra señaló que las actuaciones que tienen que llevar adelante desde la comisión interventora tienen el objetivo de que el directorio tenga la posibilidad de seguir trabajando, pero con todas sus cuentas ordenadas y con los sistemas administrativos funcionando.

 

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