El acceso al agua segura no es un tema menor para los sectores vulnerables.
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El acceso al agua segura no es un tema menor para los sectores vulnerables.
La situación del agua potable, o agua segura para consumo de los seres humanos, en nuestro país, es un tema que debe tener prioridad, pues hace a la calidad de vida, a la salud y a la dignidad de las personas. La importancia de que los poderes ejecutivos tanto nacional como provinciales y los municipios le atribuyen a las inversiones para proveer agua segura a la población, se demostrará en los presupuestos que los diferentes ejecutivos presentaron a la cámaras y concejos para la gestión 2018 y 2019.
En nuestro país aproximadamente siete millones de personas no acceden al agua potable y cerca de veinte millones no tienen servicio cloacal.
En la zona del Chaco salteño y el Gran Chaco, la población dispersa, que es un 50% de toda la población de la zona, no tiene agua potable, toman agua de los mismos lugares insalubres donde beben los animales.
Esta no es la Salta La Linda, ni la sustentable, ni la que queremos los salteños bien intencionados y que trabajamos por ella.
Por eso algunas organizaciones de la sociedad civil están trabajando fuertemente para darle agua segura a los habitantes del chaco salteño.
Esto se torna crucial en nuestra provincia con un alto índice de pobreza, sobre todo en la zona del chaco semiárido, y en el altiplano donde el agua, además de escasa, la que se extrae de los pozos está contaminada naturalmente con arsénico, siendo de gusto salobre, intomable, además de provocar diversas enfermedades estomacales. Sin contar la desnutrición infantil y la situación de desamparo de las comunidades indígenas
A esta situación se añade la contaminación de los ríos con los agroquímicos, y por los basurales a la vera de los mismos, como con los desechos industriales y cloacales, que van directamente al río, sin ningún control. Como son los casos de los ríos del norte de la provincia y el Arenales en Salta capital.
Es responsabilidad del Estado el control ambiental y, dentro de éste, evitar, prevenir y sancionar cuando se verifican situaciones como las detalladas. Además no se puede permitir, fomentar y realizar obras de pozos para extraer agua subterránea en lugares donde, se sabe a ciencia cierta, el agua no es apta para el consumo humano. Son acciones que violentan las convenciones de derechos humanos, ya que en noviembre de 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la observación general 15 sobre el derecho al agua, que en su primer artículo establece que el acceso al agua es un derecho humano, porque se trata de un bien indispensable para una vida digna; y recuerda la obligación de los estados de definir las acciones que podrían ser consideradas violatorias de este derecho.
Es de destacar que en julio de 2010 la Asamblea General de las UN reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento, señalando que debe existir disponibilidad, calidad, aceptabilidad, accesibilidad y asequibilidad.
Esta es la calidad y las condiciones en que el Estado debe garantizar para el agua que consume la gente.
Menciono estas resoluciones de las Naciones Unidas en razón de que al ser considerado el acceso al agua como un derecho humano, y al estar estos derechos incorporados a nuestra Constitución nacional mediante el artículo 75 inc. 22 . que asegura que los derechos constitucionales sean aplicables y exigibles por todos los habitantes del país.
De allí la preocupación, porque dependerá de la asignación de fondos públicos para realizar obras que posibiliten el acceso de todos los habitantes, de las ciudades, de zonas rurales, criollos e indígenas de nuestro país, al agua segura, potable y además que sea accesible a todos. Así mediremos la preocupación de los gobiernos por la salud y la dignidad de los habitantes de Salta.
Es de destacar que el agua es esencial para la vida humana, y el saneamiento es indispensable para la salud, y ambos, fundamentales para la dignidad de las personas.
“Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y la disparidad de las relaciones de poder , y se ven agravadas por los retos sociales y ambientales, como la utilización cada vez más rápida, el cambio climático, y la creciente contaminación y merma de los recursos hídricos”, según el informe de las Naciones Unidas.
Este tema es vital y no debería reducirse a promesa electoralista, mezquina, interesada. Tiene que ser un compromiso con la comunidad; una obligación asumida, como país, y que deben concretar los gobernantes.
Esto es política pública, con respaldo en el art. 31 de la Constitución Nacional.