El 10 de diciembre, cuando se renueven la presidencia del país y la gobernación de Salta, se cumplirán 36 años desde la restauración de la democracia. Y dentro de pocos días, el 14 de mayo, habrán pasado 30 años desde que Carlos Menem derrotó a Eduardo Angeloz, en medio de una conmoción cuyos rasgos centrales fueron la efervescencia carapintada, el asalto a La Tablada y la hiperinflación.
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El 10 de diciembre, cuando se renueven la presidencia del país y la gobernación de Salta, se cumplirán 36 años desde la restauración de la democracia. Y dentro de pocos días, el 14 de mayo, habrán pasado 30 años desde que Carlos Menem derrotó a Eduardo Angeloz, en medio de una conmoción cuyos rasgos centrales fueron la efervescencia carapintada, el asalto a La Tablada y la hiperinflación.
En 1983, los peronistas interpretaron que “Alfonsín ganó porque habló como Perón, Luder habló como Balbín”. Después, imaginaron una Argentina gobernada por el peruano Alan García y, finalmente, avanzaron hacia la alianza con Alvaro Alsogaray.
La crisis de identidad del peronismo es muy explícita: durante 26 años gobernó con Menem, Rodríguez Saa, Duhalde y los Kirchner, con los mismos legisladores. Y eso, sin tomar en cuenta la alianza del peronista disidente Chacho Alvarez.
En el mismo período, la izquierda criolla mutó desde Mao, Guevara y Lenin hacia el feminismo, el medio ambiente, el indigenismo, los derechos humanos y, últimamente, el pobrismo.
La única constante es la ambición de poder, y punto. Esto no es un pronóstico, sino una constatación.
El único sentido profundo de la política es que la gente viva bien. Y el balance de este período muestra una sociedad fracturada, irritada y decepcionada. No solo se debe a factores endógenos. Pasa en el mundo.
Jair Bolsonaro, un reaccionario, sucedió en el poder al liderazgo más extraordinario de Latinoamérica en décadas, el de Lula. Casi en el mismo tiempo, España pasó de la Edad Media al Primer Mundo, pero las elecciones de este año muestran al Partido Popular y al PSOE sin rumbo ni espíritu y a nuevas formaciones, con avances espasmódicos, pero carentes de horizonte y proyecto. Pero es bueno ver cómo andamos por casa. Y andamos mal.
No es que haya problemas, sino que esos problemas no merecen la atención de ningún candidato, nacional ni provincial.
En base a informes oficiales de la Nación y la Provincia, el problema social es muy serio, a pesar de que el gasto social fue la mayor asignación del Estado, y creciente, con Alfonsín (52%), Menem (64%),el kircherismo (68%) y Mauricio Macri (70%).
Hoy unas 7.200.000 personas reciben planes sociales nacionales, de una gama de 60 opciones, con unos $7000 pesos promedio. A esa cifra deben añadirse planes provinciales y municipales.
Unos 21 millones de personas (en un país de 44 millones de habitantes) viven del Estado. El empleo público dejó de ser una función para convertirse en un parche a la incapacidad de la economía para generar trabajo.
Según datos de 2016 de la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, el gobierno nacional, las provincias y los municipios pagan sueldos a 3,6 millones de empleados. La Anses liquida jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales a 15 millones de personas. Y las provincias pagan a otros 1,5 millones de personas.
De esos 3,6 millones de empleo público total, el 20% corresponde al Estado nacional, el 64% a las provincias y el 16% a los municipios. Entre 2012 y 2015, el empleo estatal creció un 23%, cerca de 600.000 trabajadores.
Es evidente, y de eso deberían hacerse cargo los candidatos, que el presupuesto del Estado no solo da para más, sino que la prioridad debería ser generar una economía eficiente que permita generar empleo y desahogar a las finanzas públicas.
La consigna de que “a la crisis la paguen los capitalistas”, que sintetiza las soluciones de la izquierda clásica, suena a puerilidad. A nivel nacional también queda claro: los candidatos son Macri y Cristina, cuyas soluciones están a la vista.
La provincia del desempleo
En Salta, el escenario no es mejor. Tampoco aquí funcionan los partidos políticos, no se perciben proyectos y la política no marca rumbos, sino que se conforma con el poder.
En cuanto a la realidad social, al no disponer de cifras seguras y actualizadas, es bueno observar los datos del último censo.
En 2010, el Indec registró una población activa de 464.205 personas (sobre 1.215.000 habitantes) distribuidos de la siguiente forma: 102.846 empleados públicos. De estos, 67.000 eran empleados provinciales y unos 20.000 municipales; el resto, de la administración central. Han pasado nueve años y se deduce que la cifra aumentó sustancialmente.
El empleo privado en Salta daba trabajo a 208.217 personas, de las cuales solo estaban registradas 105.899 y en negro, 100.261. Los patrones eran según el censo 19.667 personas, había 111.409 cuentapropistas y 22.066 decían vivir de una economía familiar. Los laboralistas salteños deberían evaluar esta realidad, para saber cómo han evolucionado estos datos y para explicar si esta estructura social es compatible con el actual modelo jurídico.
Y también, hay que revisar los criterios políticos. Existen elementos de sobra para percibir la degradación del empleo en la provincia.
Informalidad
A simple vista, es evidente que, entre los cargos inventados en el Estado, las personas que ni trabajan ni buscan trabajo, las economías de subsistencia y los trabajadores no registrados, la informalidad o el desempleo son un problema perentorio para la provincia.
Aunque ningún candidato lo dice, una de las medidas más urgentes sería la de diseñar una radiografía social desarrollada con criterios técnicos.
La realidad social no da tregua. Salta es una provincia deficitaria: percibe casi el 4% de la coparticipación federal, tiene el 3% de la población nacional y aporta el 1,5% del Producto Bruto Interno de la provincia.
No queda otra que pensar en el trabajo y en la educación para el trabajo. Sin esto, lo demás es cotillón.