Con apoyo de EEUU, aceitan los cambios en la Justicia Federal

Salta y Jujuy serán a partir del 10 de junio el banco de prueba del reformado Código Procesal Penal de la Nación, con el que se pondrá en marcha el sistema acusatorio en la Justicia Federal, primero en estas dos provincias y luego, de manera gradual, en el resto del país.

Ayer se realizó un seminario sobre el tema en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta, que fue una suerte de presentación oficial de la puesta en funcionamiento del nuevo Código. Quizás el hecho más relevante de la capacitación -que llevó el nombre de "Desafíos de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en Salta y Jujuy", y estuvo encabezada por el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano- fue que se formalizó el apoyo explícito de Estados Unidos a la reforma judicial argentina. De hecho, una de las partes convocantes al evento fue la Embajada del país norteamericano, cuyo titular, Edward Prado, también participó en la actividad.

La organización del seminario quedó a cargo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), desde donde explicaron que a través de la dependencia estadounidense INL (siglas en inglés de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley) promocionaron la capacitación, en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas y la Corrupción (Unodc).

"CEJA y Unodc han desarrollado talleres en Salta y Jujuy para desarrollar teoría y destrezas de investigación criminal para la Fiscalía, destrezas de litigación estratégica en audiencias previas y en juicio oral para Fiscalía y Defensa, y destrezas de conducción de audiencias previas y de juicio para juezas y jueces de primera instancia penal federal", consigna un comunicado de CEJA, que tiene sede central en Chile y depende de la OEA (Organización de Estados Americanos).

En el primer panel de disertaciones que se brindó ayer estuvo Garavano, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal; el senador nacional por Salta, Rodolfo Urtubey, quien es presidente de la comisión bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Daniel Petrone, y Clarisa Galán, defensora ante los Tribunales Orales Federales de Salta.

En qué consiste

El sistema acusatorio no es una novedad para Salta y Jujuy, donde sus poderes judiciales provinciales ya lo aplican desde hace años. Reemplaza al sistema inquisitorio, con el que la figura del juez era la parte central de la implementación de Justicia, porque instruía las investigaciones y juzgaba las causas.

Con el otro principio jurídico, que ahora se instrumentará con el nuevo Código Procesal de la Nación, son los fiscales quienes adoptan el rol protagónico. Los agentes del Ministerio Público deben promover las investigaciones y efectuarlas y los jueces, finalmente, son los que juzgan.

"Es un proceso de cambio muy profundo en el sistema de Justicia Federal", dijo ayer el ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Nuestro actual sistema de Justicia no está preparado para hacer frente a los altos niveles de conflictividad de la sociedad", agregó el funcionario.

Por su parte, el procurador general interino, Eduardo Casal, dijo que el nuevo Código "ha otorgado al artículo 120 de la Constitución su verdadera dimensión, cuando establece que corresponde al Ministerio Público precisamente promover la actuación de la Justicia".

Adelantó, además, que se prepara un acuerdo con la Procuración General de Salta para conformar equipos de investigación junto a la Nación para combatir delitos como el narcotráfico.

Ese trabajo en conjunto ya se viene dando en cierta medida tras las desfederalización de los casos de microtráfico que quedaron a cargo de la Justicia provincial.

Esa es una de las razones por la que se eligió a Salta y Jujuy para la implementación del nuevo Código, según explicó a El Tribuno el subsecretario de Justicia de la Nación, Juan José Benítez, quien fue uno de los redactores de la flamante normativa judicial. "La idea es poner a prueba aquí el funcionamiento del nuevo Código y ver qué ajuste son necesarios", dijo el funcionario.

 

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