Hoy se cumple una semana de la explosión que significó la detención del empresario Matías Huergo, en la causa que investiga la Justicia Federal y la AFIP por la utilización de facturas apócrifas. El tema es que la lapidaria resolución que salió del fuero federal hizo retumbar las estructuras de la Municipalidad de Salta, Aguas del Norte y la Provincia, porque hace alusión a la posible connivencia que hubo de funcionarios para el otorgamiento de obras y, por ende, la posible defraudación al Estado.

A partir de hoy continuarán desfilando por los pasillos del edificio ubicado en Deán Funes y España distintos actores. Ya la semana pasada se dieron declaraciones prolongada. Para hoy y estos días se espera la declaración de Camila Muñoz, quien compartía el directorio de la empresa Secsa, con Gerardo Rubén Romero, quien figura en otras empresas como socio de Matías Huergo. Aunque cuando fue a declarar la semana pasada el hombre de 74 años señalara que él era "un simple cadete".

El tema es que Romero figura como socio en varias empresa que, de la mano de Huergo, obtenían distintas obras.

También deberá presentarse Sebastián Héctor Silva, quien figuraba hace unos años como socio de la empresa Berkana SA, donde Huergo fue director suplente. Ambos no tienen participación en esa firma desde 2014.

Otras dos personas que deben comparecer ante el juez son Francisco Antonio Guzmán Garrido y Oscar Matías Esliman. Los domicilios de ambos fueron allanados en la causa.

Habrá que ver qué efecto tiene en la causa la declaración de estas personas.

También esta semana será clave, porque como le adelantó a este medio Sebastián Espeche, abogado de Huergo, espera que el juez Julio Bavio resuelva el pedido de excarcelación de su defendido. El empresario y principal implicado en esta causa está detenido desde el lunes pasado.

Por otro lado también está pendiente la resolución de la apelación que presentó el fiscal federal 1, Ricardo Toranzos, con relación a la declaración de incompetencia parcial planteada por el juez Bavio. En su resolución, el magistrado pasó la investigación de la defraudación al Estado al Ministerio Público de la Provincia, que debería empezar una investigación.

Toranzos sostiene que "los hechos investigados no podrían juzgarse en forma independiente y/o aislada bajo riesgo de "atomizar' el presente proceso penal".

Además de Huergo y Romero también declararon la semana pasada el contador Arturo Mimessi, quien se limitó a señalar que su estudio solo trabajaba en base a los papeles que le enviaban, por lo que deslindó responsabilidades. Igual actitud tuvo Aníbal Anaquín, quien es asesor jurídico de Matías Huergo. Anaquín hace ruido porque es el actual apoderado del Partido Justicialista y asesor de la Vicegobernación.

 

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