Un proyecto de ley busca penalizar solo la demanda de prostitución

En la Cámara de Diputados de Salta hay un proyecto de ley para modificar el Código Contravencional de la Provincia en lo que se refiere a la oferta y demanda de prostitución en la vía pública. La iniciativa busca reemplazar el artículo 114 por uno que penalice solo a los que consumen y no a quienes ejercen. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, en tanto, piden eliminar directamente este punto y vecinos del macrocentro, mantenerlo como está.

Desde diciembre de 2015, el artículo 114 de esta norma estipula que "serán sancionados con arresto de hasta veinte (20) días o multa equivalente las personas que demandaren u ofrecieren servicios de carácter sexual por dinero u otra retribución en la vía pública o espacio público".

Sin embargo, desde la Policía de la Provincia de Salta aseguraron a El Tribuno que solo aplican este artículo a las personas que -suponen- están en situación de prostitución y no a los clientes. Esta práctica se ajusta más a lo que planteaba la redacción antigua del artículo 114: "Serán sancionados con arresto de hasta quince (15) días, conmutables con multa equivalente, las personas que ofrecieren o incitaren en la vía pública a practicar actos sexuales, por dinero o cualquier otra retribución que ofreciere".

El artículo 115, que fue derogado también a fines de 2015, decía: "Serán sancionados con arresto de hasta veinte (20) días o multa equivalente, las personas que en la vía pública ofrecieren o incitaren a las personas a practicar actos sexuales, por dinero o cualquier otra retribución, molestando o provocando escándalo".

Con la reforma de 2015 se eliminó la figura del jefe de Policía como juez contravencional y se les dio competencia contravencional a los jueces de Garantía, que son quienes tienen que intervenir, y la acusación, a los fiscales.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que, por el artículo 114 hay procesos por oferta de prostitución, pero ninguno por demanda. La mayoría de las contravenciones a quienes están en situación de prostitución no se conforman como causas porque, "por lo general, las personas detenidas eligen pagar la multa para no quedar detenidas", explicaron.

Desde el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres (OVcM) consideraron que el artículo 114 debería derogarse por completo y no modificarse, porque la existencia de esta norma "de alguna forma, permite, legitima o perpetúa la persecución a las chicas trans".

Desde la organización Mujeres Trans Autoconvocadas se sumaron a este pedido, ya que manifestaron sentirse hostigadas por la Policía, que las detiene de manera violenta, incluso cuando no están en situación de prostitución.

Ante la demanda por la derogación del 114, un grupo de vecinos del Hogar Escuela, una zona de la ciudad de Salta en la que suele haber prostitución, se manifestaron en contra de la eliminación de este punto del Código Contravencional, aunque expresaron su rechazo al maltrato que sufre la población trans por parte de la Policía.

El diputado por el Partido Justicialista Lucas Godoy fue quien presentó en agosto del año pasado el proyecto de reforma al Código Contravencional, que incluye la modificación del artículo 114, para sostener la sanción solo hacia el cliente. El legislador advirtió, al hablar con El Tribuno, que no se cumple la norma tal como está redactada hoy. "No conozco que existan procedimientos contravencionales contra un cliente. Sí, conozco que se aplican las sanciones contra la oferta", dijo.

Godoy cree que hay una situación de persecución y de abuso policial contra las mujeres trans: "Hay una estigmatización. Una mujer trans va a comprar pan y le inician una acción contravencional". Consideró que "debe haber un trabajo de aplicación de la ley de la Policía, pero no persiguiendo a este sector vulnerable, sino a quien es cliente".

Ante las quejas de vecinos del Hogar Escuela, el diputado evaluó que, "si no hay clientes, porque se sanciona a quien busca el sexo en la vía pública, la oferta no va a estar en ese lugar".

Lo que no se quiere ver

Desde la Policía manifestaron a El Tribuno que, al aplicar el artículo 114 "se reprime únicamente a la persona que ejerce la prostitución, no al que la consume". "Cuando uno hace un procedimiento de prostitución, generalmente la persona que está identificada es la que ejerce la prostitución. ¿Cómo hace para comprobar que la persona que está cerca o que está dialogando es la que reclama un favor sexual?", plantearon.

Desde la fuerza explicaron que quienes ofrecen sexo "son los únicos que están a la vista". "En principio, la persona que ejerce la prostitución está en actitud evidente de que lo está haciendo: es la que se acerca, la que ofrece servicio sexual, la que se acerca a los vehículos", sostuvieron.

Argumentaron que la norma hace alusión a "la vía pública o espacio público" y señalaron que "el ofrecimiento se hace en espacios públicos y la demanda, generalmente, no".

Sobre la no detención de los clientes, expresaron que "nunca se puede constatar quién es la persona que está pidiendo ese favor sexual, salvo que haya una acusación de la persona que está siendo detenida".

"Es imposible que detengan a los clientes, porque las personas que reclaman la prostitución seguramente van a subir a un vehículo, se van a retirar del lugar, una cuestión que la Policía es imposible que detecte, salvo que haya una denuncia de quien está ofreciendo el comercio carnal", cerraron.

Sobre la no detención de prostituyentes por parte de la Policía de la Provincia, la presidenta del OVcM, María Laura Postiglione, declaró, al hablar con El Tribuno: “El que busca, encuentra. O sea, si detienen a las chicas, saben qué autos frenan y todo, no es tan complejo. Es una falta de decisión policial, en todo caso. Así como se decide la persecución a las chicas, yo creo que no está tan fuerte la decisión de la persecución al cliente, como está la norma hoy”.

Postiglione consideró que el artículo 114 debe derogarse y que, además, deben capacitarse los agentes policiales: “Yo creo que, si se penaliza la demanda, vamos a seguir criminalizando a las mujeres que están en situación de prostitución. Eso es lo que hay que tener presente. En todo caso, es importante que se trabaje mucho con la Policía, para erradicar estas visiones discriminatorias estigmatizadas con respecto a la diversidad sexual y, sobre todo, a las chicas trans y travestis, para erradicar esta persecución, con 114 o sin 114”.

La funcionaria observó que hay chicas trans detenidas, golpeadas y maltratadas en otras circunstancias, que no son de ofrecimiento de sexo en la vía pública, y que en esto influyen factores como la discriminación, la transfobia y la falta de formación de los efectivos.

“Históricamente, antes de la sanción del nuevo Código, la Policía era la que instruía el sumario cuando había alguna contravención. Quedó un poco la idea de que el agente es el que tiene que poner orden. A la Policía, en general, le falta mucho camino por recorrer en la protección de los derechos humanos”, opinó.

Postiglione consideró que desde el Estado se debe desalentar el consumo de prostitución a través de campañas: “Yo creo que sosteniendo el esquema meramente sancionatorio con respecto a esto, la verdad es que no sé si se logran los resultados esperados y es probable que lamentablemente terminen volviendo a caer las chicas trans y no el cliente”.

La presidenta del OVCM consideró que se necesitan medidas superadoras, que permitan salir de la prostitución a las mujeres que así lo decidan. Se refirió a la expectativa de vida bajísima y al nivel de estudios, en general, bajo, que tiene la población trans, a la que definió como “el colectivo más vulnerado”.

“Me parece que las cámaras legislativas, en lugar de centrarse en un debate de zona roja, sí o no, o derogación de 114, sí o no, en el fondo deberían buscar medidas de protección y de promoción para las personas de la diversidad sexual, en particular para las chicas travestis y trans, que son las que, en definitiva, pagan con sus cuerpos un problema que es social”.

La especialista mencionó el proyecto del cupo laboral trans, que nunca se aprobó, y plantea que en las reparticiones públicas se contrate a un porcentaje mínimo de chicas trans. “Se sobreentiende que para las chicas trans su ‘natural salida’ es esa (la prostitución), y no es así”, cuestionó. 
Postiglione opinó, a título personal y sin representar la postura del OVCM, que la prostitución “no es un trabajo más”. “Yo respeto y entiendo a las mujeres que deciden trabajar ejerciendo la prostitución, pero para mí no es un trabajo más. Para mí el Estado debería desalentar el consumo de los cuerpos de las mujeres. Hay prostitución en tanto y en cuanto hay varones que pagan y consumen”.

Repudio a la violencia

Vecinos del Hogar Escuela expresaron en un comunicado su “preocupación por la eliminación del artículo 114 del Código Contravecional”. En el escrito, repudiaron la violencia policial que existe hacia el colectivo trans. “Esto no es una cuestión de discriminación hacia las trabajadoras sexuales, pero no podemos permitir que la zona roja esté en las puertas de nuestras casas”, sostuvieron.

El grupo señaló que desde hace años sufren “el flagelo de la prostitución” en sus barrios, y que a diario son “víctimas de la exposición en la vía pública de prácticas de sexo y de disturbios”: “Nos preguntamos si acaso nuestros derechos no son importantes. Tuvimos reuniones con concejales, Ministerio de Seguridad. Tenemos un expediente muy grande de notas y reuniones y jamás fuimos escuchados ni recibimos ninguna solución”.

Exigieron soluciones para ellos y para las personas en situación de prostitución: “Nosotros no discriminamos y repudiamos la violencia hacia el colectivo trans, pero no queremos la zona roja en donde vivimos”.

Pidieron leyes para lograr la inclusión del colectivo trans 

El Observatorio de Violencia presentó notas a legisladores provinciales.

El viernes pasado, desde el Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVCM), se presentaron notas a los titulares de ambas cámaras legislativas para pedir que se implementen las recomendaciones que les hicieron en junio de 2017, en relación con los derechos de las personas trans.

Exigieron derogar el artículo 114 del Código Contravencional de la Policía. Consideraron que, bajo esta figura, en realidad se esconde la persecución de las mujeres trans, incluso cuando no están en situación de prostitución. 

Informaron que las mujeres trans agredidas son violentadas y maltratadas a raíz de su identidad de género autopercibida, lo que atenta contra la ley nacional de identidad de género (26.743). 

Plantearon que esto iría también contra una medida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estableció que “ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, puede disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su identidad de género y/o su expresión de género”.

Desde el OVCM, exigieron además a los legisladores sancionar el proyecto de ley de cupo laboral trans, que está en la Cámara de Diputados a la espera de tratamiento. 

Insistieron en que se elabore y sancione un proyecto de ley que contemple otorgar pensiones para reparar a las personas trans adultas mayores de 35 años que hayan sido víctimas de alguna forma de violencia institucional. 

Demandaron a las cámaras provinciales que instaran a los legisladores nacionales a tratar y aprobar el proyecto de ley “Régimen reparatorio para víctimas de violencia institucional por motivo de identidad de género”, que data de 2016. 

Solicitaron, además, que se creen comisiones legislativas de diversidad sexual en ambas cámaras y pidieron que se elabore y sancione una ley provincial de antidiscriminación.

Apuntan al diálogo para resolver conflictos

Godoy reseñó puntos clave de la propuesta que impulsa en Diputados.

Hace nueve meses, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar el Código Contravencional. El autor, Lucas Godoy, explicó: “Lo que busca este proyecto y lo que nosotros creemos que debe pasar es que siempre debe haber una instancia de diálogo necesaria para resolver los conflictos. No puede ser pura y exclusivamente con una sanción de arresto o de multa, sino con un método alternativo”. 

Señaló que la propuesta pretende que el Código sea una “norma de convivencia”.

“Planteamos cambiar el famoso paradigma de las contravenciones, como una ley de edictos policiales, para lograr una ley que busque una convivencia pacífica, porque siempre tiene que intervenir el Estado. No se puede dejar librado a la ley del más fuerte cualquier conflicto”, dijo.

El legislador señaló que se busca eliminar la sanción del arresto y dejar vigentes solo las multas y las medidas alternativas de solución, como mediación, conciliación, reparación del daño o algún trabajo social, según lo estipule el juez de Garantías.

“Planteamos que el principio general de las contravenciones sea el de instancia privada, es decir que haya un afectado que promueva la acción, si hay una actividad que le ocasiona la molestia, y ahí se inicia la acción contravencional”, detalló, y aclaró que en algunos casos, como ante un desmonte, el Estado sería el encargado de iniciar la acción.

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