El apoderado del Centro Policial Sargento Suárez, Carlos Saravia, llegó hasta El Tribuno, junto al presidente y al vicepresidente de esta institución para cuestionar los reclamos del tesorero, Raúl Armando Rojas, quien el jueves último hizo una denuncia judicial por "administración fraudulenta" contra autoridades de la comisión directiva.
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El apoderado del Centro Policial Sargento Suárez, Carlos Saravia, llegó hasta El Tribuno, junto al presidente y al vicepresidente de esta institución para cuestionar los reclamos del tesorero, Raúl Armando Rojas, quien el jueves último hizo una denuncia judicial por "administración fraudulenta" contra autoridades de la comisión directiva.
Los dirigentes aseguraron que todos los documentos oficiales cuentan con la firma del tesorero y analizaron que podría haber una intención electoral detrás de la acusación. Por una decisión "ad referendum", removieron al hombre de su cargo y esperan que la asamblea convocada para el 28 de junio lo ratifique.
El domingo último se publicó en este medio una nota sobre la denuncia contra Jorge Manzaraz, presidente del Centro Policial; Oscar César Tolaba, vicepresidente, y Carlos Sevillano, del órgano de fiscalización.
Después de la asamblea que hubo el viernes 17 de mayo, Rojas pidió el micrófono para hablar sobre irregularidades de las que aseguró tener pruebas. En la denuncia judicial, cuestionó los pagos adelantados que se habrían realizado a través de cheques a un coseguro, por más de 700 mil pesos mensuales hasta enero de 2020. Advirtió que los insumos que se compraron para hacer uniformes "desaparecieron" y que estos nunca se hicieron.
Mencionó que hay "beneficios injustos", ya que algunos socios piden dinero y se lo cobran con intereses, mientras miembros de la comisión directiva toman dinero y lo devuelven en cuotas sin interés. Planteó que, a fines del año pasado, en Embarcación, se compraron 100 bolsones, cuando había la mitad de socios, y señaló que allí "hay muchas anormalidades".
Cuestionamientos
Saravia dijo que, en la asamblea del viernes 17, el tesorero aprobó los balances y la memoria y que todo lo que denuncia tiene su propio aval: "No habría manera de firmar un cheque ni una orden de pago, si no firmara el tesorero". Opinó que Rojas actúa con el apoyo de la gestión anterior del Centro Policial: "Esto es como una elección anticipada. Está haciendo campaña".
Consideró que los reclamos que hizo Rojas son falsos e irresponsables: "Esto afecta no solo el prestigio institucional, sino también la honorabilidad de los miembros de la comisión directiva. Lo que no logramos entender es por qué la malicia. Esto se aclarará en la sede judicial. Por lo pronto, el está fuera de la institución".
Según contó, el miércoles último Rojas citó a un grupo de gente y a la prensa frente al Centro Policial. Dijo que el viernes recibieron notas de los empleados administrativos contables planteando que les dan contraórdenes y que esto afecta su trabajo. Mencionó que desde la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), el gremio que los agrupa, plantearon preocupación porque los empleados se ven involucrados en situaciones irregulares.
"Esta situación habla de fricción, de incompatibilidad y de falta de armonía", analizó el apoderado. Según dijo, ayer por la mañana, Rojas ejerció coacción contra un empleado y se presentó a trabajar sin notificarse ni entregar las llaves, como le habían pedido: "Nosotros también haremos un descargo. Iremos a la fiscalía para explicar la situación y evitar que esto se expanda".
El presidente y el vicepresidente de la institución se mostraron tranquilos frente a las acusaciones: "Estamos a disposición de quienes quieran sacarse las dudas sobre lo que pasa. Esto no es para alarmarse, porque no tenemos nada que ocultar. Dentro de todo, hacemos las cosas bien. La Justicia, a su debido tiempo, tomará la decisión".
Críticas, una por una
“No hay irregularidades, mucho menos con el coseguro”, manifestó Saravia, quien dijo que los dos contratos con las empresas rigen desde 2001 e implican unos 2 millones de pesos. “Se ha planteado la necesidad de avalar con cheques un porcentaje, que nunca excede el 30 por ciento del total de lo que se factura. Esto no es ningún delito, acá no falta ningún peso”.
Sobre los uniformes, dijo que se compró la tela e insumos, que se los depositó en el Centro Policial, se los sacó en presencia del tesorero y se los entregó a una señora, que hace confecciones. Ahora, se los quiere devolver a medio hacer para evitar problemas.
Sobre los pagos de compensaciones a miembros de la comisión directiva, manifestó que esto está previsto por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes): “No es un sueldo, sino una compensación periódica por tareas realizadas”.
Sobre los bolsones en Embarcación, dijo: “No hay perjuicio, porque nunca se pagó ningún bolsón de esa delegación y no hay ningún papel que permita establecer cuál es el tenor de la contratación”.