En vistas al juicio contra el sacerdote Emilio Lamas por abuso sexual, la querella se opuso al pedido del fiscal y solicitó que se llame a declarar personalmente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Salta, Mario Cargnello. Advirtieron, además, que si continúa con la negativa de entregar las actas del juicio eclesiástico se insistirá con el allanamiento a la sede del Arzobispado.
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En vistas al juicio contra el sacerdote Emilio Lamas por abuso sexual, la querella se opuso al pedido del fiscal y solicitó que se llame a declarar personalmente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica de Salta, Mario Cargnello. Advirtieron, además, que si continúa con la negativa de entregar las actas del juicio eclesiástico se insistirá con el allanamiento a la sede del Arzobispado.
El caso explotó en septiembre del año pasado cuando Juan Carlos García llevó su caso a la escena pública, molesto porque su denuncia penal promovida contra el sacerdote por una presunta violación no avanzaba. A la denuncia de García se le sumó luego la de Carla Morales Ríos, quién también acusó a Lamas por el mismo delito.
Luego de las denuncias, la Iglesia dictó sentencia del juicio eclesiástico abierto contra Lamas y lo expulsó del sacerdocio, decisión que fue apelada por el cura. Unos días después, Lamas fue detenido, aunque actualmente goza de prisión domiciliaria mientras espera el juicio que se prevé para este año. El caso alcanzó ribetes impensados cuando el fiscal Federico Obeid pidió el allanamiento del Arzobispado. Su pedido se fundamentó en la negación de la Iglesia local de remitir la documentación de aquel proceso. Si se pudo obtener, en cambio, una testimonial por escrito de parte de Cargnello. El interés del fiscal sobre las actas del juicio radica en que durante el proceso eclesiástico, hay testimonios, víctimas que no denunciaron penalmente a Lamas, además de la confesión escrita de parte del propio sacerdote.
El amparo
El Arzobispado derivó el pedido a Roma, más precisamente a la Congregación de la Doctrina para la Fe y se amparó en el Concordato de 1966, firmado entre el Vaticano y el Estado argentino. Aunque se afirma que el concordato no abarca delitos penales, la jueza Claudia Puertas rechazó el pedido avalando ese protocolo. Luis Segovia, abogado de las víctimas, aseguró estar de acuerdo con las pruebas ofrecidas por el fiscal Obeid, los testigos y lo recolectado durante la investigación. Sin embargo, Segovia se opone a la modalidad que quiere el fiscal respecto al testimonio de Cargnello. Obeid pretende que se incorpore por lectura su escrito. "Es decir, sin que nadie pueda controlar o repreguntar sobre sus respuestas", manifestó el letrado.
Cargnello remitió su testimonio en esos términos haciendo uso del artículo 327 del Código Procesal Penal que "lo releva de la obligación de comparecer". A juicio de Segovia, ese artículo no contempla el cargo de arzobispo, se refiere solo a los más altos cargos, a los nuncios que nombra el Papa y los primados de la Iglesia". Indicó que hay antecedentes de arzobispos que declararon personalmente ante la Justicia, como en el caso del papa Francisco. "Bergoglio, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tuvo que declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad", ejemplificó.
Según el representante de los denunciantes del cura Emilio Lamas, el derecho a la verdad de las víctimas, que "debe ser protegido por la Justicia", estaría siendo violado. Además, el abogado indicó, que al no llamar a la máxima autoridad de la Iglesia local a declarar, se sentaría "un precedente grave" en los casos de abusos eclesiásticos. "Después van a venir otros, y si la Justicia no los llama a declarar en persona van a asentar que el arzobispo tiene tratos de diplomático extranjero", advirtió.
Bajo la lupa del concordato
La querella insiste con las actas del juicio eclesiástico.
El concordato es el acuerdo en el que la iglesia se ampara para juzgar a los sacerdotes acusados de abuso bajo secreto pontificio, y para derivar los pedidos de documentación sobre esos procesos a Roma. Como lo hizo en este caso y en el del sacerdote José Carlos Aguilera, también denunciado por abuso gravemente ultrajante. El abogado de la querella le solicitó al Tribunal de Juicio que pida las actas y si se vuelven a negar que ordene el allanamiento del Arzobispado para secuestrar los documentos que a su entender son de suma utilidad para la causa.
“No queremos que no haya mediaciones internacionales. El fiscal quiere ahora que hagan el trámite a través del Ministerio de Relaciones Exterior y Culto, a través de un oficio, lo que entiendo no tiene ningún asidero”, señaló el abogado Segovia.
La discusión del concordato llegó a Diputados. El Partido Obrero presentó para ser debatido en la sesión de ayer un proyecto de repudio en contra de la negativa del Arzobispado en remitir las actas del juicio canónico abierto contra el sacerdote José Carlos Aguilera amparándose en tal acuerdo.
El poder de la Iglesia
La fiscal Luján Sodero Calvet, al frente de otras dos causas de abusos eclesiástico, se opuso a la prisión domiciliaria del sacerdote Aguilera. Advirtió sobre la “ascendencia” del acusado por su “condición de cura”. En ese mismo sentido, se pronunció el querellante Segovia, quien indicó que “la jueza Puertas fundamenta que no se tiene que pedir nada porque el fiscal debe hacer su investigación aparte. Ella ahí desconoce o niega que la Iglesia tiene el poder suficiente como para tomar testimonios y hacer callar a las víctimas bajo secreto pontificio y bajo el poder espiritual que tiene la Iglesia, que le dice a la gente que declara bajo esa modalidad que van a cometer un pecado gravísimo si revelan lo que declararon”, sentenció el abogado.