Víctimas de abuso eclesiástico presentaron ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar el Concordato Papal que rige desde 1966 entre la Argentina y el Vaticano. Denunciaron que “es utilizado por funcionarios de la Iglesia para retener documentos y pruebas”.
inicia sesión o regístrate.
Víctimas de abuso eclesiástico presentaron ayer en el Congreso de la Nación un proyecto para modificar el Concordato Papal que rige desde 1966 entre la Argentina y el Vaticano. Denunciaron que “es utilizado por funcionarios de la Iglesia para retener documentos y pruebas”.
La modificación solicitada fue considerada como “muy importante, porque generalmente la Iglesia se ampara en ese Concordato, que tiene 53 años, para no brindarnos información ni dejarnos acceder a nuestros expedientes”, dijo Julieta Añazco, víctima y fundadora de la ONG Iglesia Sin Abusos (ISA), que apoya la iniciativa.
La propuesta de modificación de esa norma fue encomendada por miembros de las organizaciones estadounidenses “Bishop Accountability” y “Ending clergy abuse”, al abogado argentino Juan Pablo Gallego, quien encabezó la acusación al cura Julio César Grassi por abusos a menores.
Ambas organizaciones cuestionaron en los últimos días al arzobispo de Salta, Mario Cargnello, y a otros religiosos del país por ocultar información en casos de sacerdotes denunciados por abusos sexuales.
“Es una reforma imprescindible para que los abusos sexuales en el clero sean juzgados sin interferencias y las víctimas gocen de las garantías judiciales necesarias”, señaló ayer Gallego, también asesor del Senado de la Nación.
El proyecto propone que se agregue al artículo 1 del Concordato, suscripto el 10 de octubre de 1966 y aprobado por Ley 17.032 del 23 de noviembre de 1966, el siguiente párrafo: “El ejercicio de su jurisdicción por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el ámbito de su competencia se interpretará en armonía con los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional de la República Argentina y los tratados internacionales a ella incorporados”.
El texto se completa con un segundo párrafo que indica: “En los casos en que dicho ejercicio colisione con el orden público se vincule con hechos o actos penados por las normas jurídicas de la República Argentina o afecte de cualquier modo la garantía del debido proceso, existirá deber de comunicación a la autoridad judicial competente y se garantizará la participación y el derecho de acceso a la información a las partes o personas afectadas”.
Los fundamentos del proyecto señalan que “a partir de la década del 2000 los abusos sexuales por parte de miembros del clero católico en la Argentina tomaron fuerte estado público ante una verdadera oleada de casos, entre los más notorios, el del condenado sacerdote Grassi, que imponen la protección primordial de las víctimas”.
Los referentes de las organizaciones también plantearon que “la propia modificación de criterio invocada por el Vaticano a partir del pontificado del papa emérito Benedicto XVI muestra la inequívoca necesidad de regular y delimitar el fuero real allí otorgado, sometiéndolo al principio de supremacía constitucional y dejando establecido que el mismo no consagra una exención de jurisdicción estatal”.
Consultado sobre las expectativas de que se apruebe la modificación, Gallego reconoció que el proceso “no será sencillo”.
“Es probable que en la Argentina algunos sectores de la Iglesia pujen por mantener el actual estatus, que les garantiza un fuero de excepción por fuera de la jurisdicción estatal”, dijo el letrado.
La iniciativa también cuenta con el apoyo de la ONG “Adultxs por los Derechos de la Infancia”, fundada por Sebastián Cuattromo, víctima de abuso.