La otra apelación que debía definir la Cámara Federal de Apelaciones era la detención de Matías Huergo. El órgano judicial finalmente decidió negarle la excarcelación al único detenido que tiene la causa, el empresario dueño de Secsa, Arcadio y otras contratistas que están bajo la lupa.
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La otra apelación que debía definir la Cámara Federal de Apelaciones era la detención de Matías Huergo. El órgano judicial finalmente decidió negarle la excarcelación al único detenido que tiene la causa, el empresario dueño de Secsa, Arcadio y otras contratistas que están bajo la lupa.
Con todas las pruebas presentadas el fallo expresa que es posible "presumir fundadamente" que en caso de que Matías Huergo obtenga su libertad "podría entorpecer la investigación", porque posee la "experticia y osadía" para así hacerlo.
El Tribuno se comunicó con Sebastián Espeche, abogado defensor de Huergo, quien expresó su malestar por la decisión de la Cámara. "Con respecto a la negación de la excarcelación, no comparto el fallo, que no se ajusta a derecho, porque no hay medidas de investigación pendientes, porque ya están todas terminadas. Es por eso que vamos a apelar a la Cámara Nacional de Casación Penal y esperaremos justicia en esta instancia", expresó el abogado defensor.
Matías Luis Huergo se encuentra detenido desde el 13 de mayo a causa de una investigación que se inició en noviembre de 2017, en la que se analizó la actividad económica y tributaria de los denunciados por parte de la División Investigaciones de la DGI de la AFIP, intervenciones telefónicas, observaciones de campo, allanamientos.
Esto condujo a que el juez ordene su detención para realizarle declaración indagatoria, lo que ocurrió el 14 de mayo de 2019. En esa oportunidad se le atribuyó haber organizado desde el año 2016 "una asociación ilícita fiscal, de carácter estable, cuyo objeto es la comisión de delitos fiscales, para lo cual utilizaban facturas apócrifas, lo que conllevó a la presentación de declaraciones juradas falsas".
"A Huergo se le atribuyó emplear empresas, ya sea de papel sin capacidad económica cuyos socios son meros testaferros, como acontece con la firma Secsa, o bien usar empresas con actividad real, pero integradas con personas insolventes que figuraran como pantallas para ocultar a los verdaderos responsables y que utilizó aquellas personas sin capacidad económica, pero con plena conciencia del rol que asumían para la creación de sociedades", expresa el fallo de la Cámara.
El órgano judicial consideró que "hasta tanto no se concluya con los análisis preliminares de las pruebas colectadas", la decisión de la liberación "resulta prematura" porque a medida que avance la pesquisa se "podrán adoptar eventualmente las medidas cautelares que se consideren pertinentes".
"Esta sala considera que en este tipo de causas, en las que se investigan hechos que por su pena resultan de gravedad y en las que aún no fue resuelta la situación procesal del encarcelado, corresponde asignarle, al menos en la etapa inicial de la pesquisa, una entidad de relevancia al indicador de entorpecimiento de la investigación que surge de las características del hecho, de la seriedad de la imputación y de la severidad de la pena, sin perjuicio de la valoración de las restantes características del hecho atribuido", expresa el fallo de la Cámara.
El Tribunal también señala que la liberación de Huergo importa para el correcto desarrollo de las declaraciones y testimonios que aún puedan producirse, además advirtió que la capacidad técnica y operativa del empresario para "eventualmente entorpecer la investigación" en caso de recobrar su libertad.
El fallo de la Cámara Federal de Salta, Sala I, conformada por Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá Espeche y Guillermo Elías, será apelado por la defensa de Huergo.
Incompetencia
Ante la consulta de este medio, el abogado defensor del empresario se mostró a favor de la declaración de incompetencia de la Justicia Federal.
"Comparto el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones en relación a la declaración de incompetencia. Me parece que lo apropiado de la Justicia Federal es que se deberían haber declarado incompetentes hace un año y medio cuando la AFIP decidió investigar los supuestos delitos al fisco municipal y provincial, eso hubiese sido lo lógico", finalizó Sebastián Espeche, abogado de Matías Huergo.