Una familia de puesteros radicados desde 1930 en un lote del departamento San Martín denunció en la policía haber sido víctima del accionar de una banda de matones a sueldo.
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Una familia de puesteros radicados desde 1930 en un lote del departamento San Martín denunció en la policía haber sido víctima del accionar de una banda de matones a sueldo.
El grupo violento estaría integrado por jóvenes pertenecientes a distintas etnias de pueblos nativos.
En la denuncia sobre las supuestas agresiones se dejó en claro que los golpes recibidos por al menos dos mujeres se deben a la resistencia de una familia de criollos a ceder sus derechos de posesión frente a intereses foráneos.
La denuncia pública establece además un nexo entre estos intereses y las operaciones de amedrentamiento que sufre la familia denunciante.
Esta práctica, desconocida hasta hace unos años en el departamento San Martín, ya había sido denunciada en su momento en el departamento Anta, donde miles de personas fueron desalojadas de tierras que habitaron por décadas y terminaron sus días en terrenos fiscales o asentamientos sobre los costados de los rieles del ferrocarril, en los pueblos de ese departamento salteño.
Agresiones pautadas
El episodio de violencia se produjo, según una fuente de Fortín Dragones, el viernes 14 de junio, cuando Mónica Burgos, María Burgos y Ana Burgos, habitantes del paraje Puesto La Mina, fueron brutalmente golpeadas por un grupo de matones.
Los agresores actuaron invocando derechos que les asisten como pueblo originario y los derechos humanos. En realidad -según las víctimas- defienden intereses de terratenientes. El conflicto estalló hace un tiempo, cuando por orden de un político de la zona parte de la finca que habita la familia denunciante fue ocupada por pueblos originarios que habían sido desalojados de fincas "privadas".
Así, de la noche a la mañana se creó un conflicto inexistente en la zona y estancó un juicio por posesión.
Los denunciantes conforman una familia numerosa y son los dueños de las tierras desde el año 1930, aseguran los vecinos de Dragones.
"Sufren mucha violencia desde hace años y a la vez denunciaron que actualmente utilizan a un grupo de matones originarios".
Para los campesinos, la situación llegó hasta este límite por el proceder de la fiscal encargada de impartir justicia. Los agresores parecen inmunes al Código Procesal Penal".
Al respecto Mónica Burgos, entrevistada por nuestro medio, señaló que jamás pensó que iban a atentar contra su vida por cuestiones de las tierras donde viven desde hace años.