El lunes 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la Ley nacional N§ 27.506, de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2020, en reemplazo de la anterior Ley de Promoción de la Industria del Software, del año 2004.
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El lunes 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial la Ley nacional N§ 27.506, de Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, cuya entrada en vigor está fijada para el 1 de enero de 2020, en reemplazo de la anterior Ley de Promoción de la Industria del Software, del año 2004.
Bajo determinadas condiciones y previa inscripción de las empresas aspirantes en un registro especial, la nueva ley establece una serie de beneficios fiscales y contributivos para las industrias tecnológicas, también llamadas 4.0.
Estas ventajas incluyen un régimen de estabilidad fiscal en la carga tributaria total nacional desde el momento de adhesión al régimen de la ley, una alícuota reducida del 15% en el pago del Impuesto a las Ganancias, detracciones en las contribuciones patronales, con la posibilidad, además, de desgravar una parte de las mismas, y la condición de sujeto no pasible de retenciones y percepciones de IVA.
Como es sabido, la revolución digital está en marcha y en plena aceleración. A la espera de la consolidación de la computación cuántica, que amenaza con transformar todo nuevamente, la amplia mayoría de los sectores económicos se encuentra en vías de disrupción, tendencia que afecta incluso a roles tradicionalmente reservados al Estado, como la acuñación y soberanía monetaria (Facebook acaba de anunciar el próximo lanzamiento de su propia criptomoneda, que se unirá al icónico Bitcoin y a las más de 2.000 -leyó bien- actualmente disponibles; estas monedas virtuales están basadas principalmente en la tecnología de nodos distribuidos de blockchain (cuyo alcance recién empezamos a conocer).
Los Estados, cuya propia autoridad se ve cuestionada por el avance digital (el abierto desafío a las leyes de varias naciones llevado a cabo por Uber es paradigmático), buscan al mismo tiempo posicionarse en un sector que, se sabe, está llamado a redefinir el mapa geopolítico de un futuro que ya asoma a la vuelta de la esquina: por ejemplo, una parte importante de la guerra comercial en ciernes entre Estados Unidos y China se centra en las patentes tecnológicas y en la telefonía 5G, que permitirá la explosión definitiva del llamado "Internet de las cosas" (la delantera la lleva Huawei, lo cual explica en gran medida los ataques que le han dirigido tanto Trump como Silicon Valley).
Argentina, por supuesto, no es ajena al huracán de las TIC: según el estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante la crisis de 2018, la facturación del comercio electrónico creció un 47%, alcanzando los 230 mil millones de pesos. En ese mismo año la industria del software realizó exportaciones por valor de US$ 1.701 millones e incrementó su tasa de empleo un 5,6%, contando en la actualidad con más de 20.000 trabajadores registrados (fuente: encuesta anual del OPSSI). Mercado Libre, una plataforma de e-commerce, es la mayor empresa del país por capitalización bursátil, superando ampliamente a tradicionales brick & mortar, como YPF o el grupo Techint. Y otros negocios digitales, como el FinTech, se encuentran en plena ebullición (Nubank, el mayor "unicornio" brasileño, ha confirmado su desembarco en Argentina para competir en este ascendente mercado, que ya está generando fricciones con la banca tradicional).
En un contexto como el hasta aquí descrito, es una buena noticia que Argentina renueve su apuesta por las nuevas tecnologías como un indudable vector de crecimiento y de desarrollo genuino. Y, además, lo hace con la conciencia de tratarse de una política de Estado: la legislación anterior, sancionada en 2004 bajo un signo político opuesto, ha sido renovada y ampliada por el actual gobierno con el apoyo de todo el arco político (la nueva ley fue sancionada por unanimidad en el Senado y con solo 2 votos negativos en Diputados). Este consenso alrededor de normas estables y de largo alcance, ciertamente infrecuente en nuestra cultura democrática, es digno de aplauso e imitación; por una vez, nuestros congresistas han logrado contener sus instintos predatorios, han apostado a los huevos y no a comerse la gallina.
Por último, en un artículo publicado en este mismo diario hace un tiempo (ver El Tribuno, edición del 20/4/17, "Dios atiende en todas partes, si llega internet"), afirmaba que la nueva economía digital favorecía el empoderamiento de provincias y regiones que hasta ahora habían ocupado una posición de dependencia dentro de nuestro modelo económico centralizado. Internet es federal; los mercados de las empresas del interior ya no están limitados a una ciudad o a una provincia; con conexión de wifi pueden abarcar el país e, incluso, el mundo.
Algunos ya lo han visto; los polos o "clusters" tecnológicos han ido apareciendo en lugares a veces insólitos (Sunchales, provincia de Santa Fe, 25.000 habitantes, tiene uno reconocido). Jujuy, que cuenta ya con algunas startups exitosas a nivel nacional, se ha lanzado de manera decidida a liderar el cambio tecnológico en la región; acaba de terminar su semana emprendedora, acogiendo el evento Endeavor NOA y el Big Data Summit 2019, y tiene ambiciosos planes de desarrollo en esta área, incluyendo un centro tecnológico alimentado con renovables en La Quiaca. Otros deberán seguir el ejemplo para no quedar relegados frente a esta oportunidad histórica. Como afirma una canción del argentino-alaskeño Kevin Johansen, "timing is the answer to success" (el éxito es la respuesta de hacer las cosas a tiempo).
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