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</OPINION-FIRMA>Francisco Sotelo
El Tribuno
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El ataque criminal contra la AMIA fue un hecho de guerra. Hace 25 años, la Argentina resultó víctima de un atentado solo explicable por el terrorismo étnico. Más allá del duelo y la indignación, sobresale la persistencia de fenómenos como el racismo, la xenofobia y el riesgo -permanente en esta época- de conflictos en la periferia.
Fue el segundo atentado. Dos años antes un coche bomba había destruido la embajada de Israel en Buenos Aires. En 1992, el objetivo fue una representación oficial de Israel. En 1994, la mutual de una colectividad que forma parte del pueblo argentino. Los gobiernos que se sucedieron desde entonces atribuyeron la autoría de ambos casos a la organización Hezbollah, controlada por los gobiernos de Irán y Siria.
Del ataque a la Embajada, la Justicia reconstruyó poco y nada. Incluso nunca identificaron a siete muertos, cuyos restos fueron retirados y sacados del país por agentes israelíes que vinieron ese día.
El atentado contra la AMIA, en cambio, deja menos espacios para la duda. El conductor suicida fue identificado, los relevamientos confirmaron la intervención de Irán a través de Hezbollah y la Argentina solicitó la extradición de varios funcionarios del régimen de los ayatollah implicados en el crimen.
Siria e Irán son gobernados hoy por los mismos regímenes de 1992 y 1994. El Gobierno de Damasco está en manos del partido laico Baaz, donde Bashar al Assad sucedió a su padre Háfez al Assad. En Teherán, en cambio, gobierna el ayatolla Hasan Rohani, quien sucedió al radicalizado Mahmud Ahmadineyad.
Es un régimen teocrático de orientación chiita. Ambos son aliados contra Israel.
Nuestro país siempre señaló a Irán, y no a Siria, porque todos los indicios de la investigación así lo indicaron.
En todo el mundo es complejo esclarecer totalmente el entramado de un hecho terrorista, pero estas tragedias, que sumaron 114 muertos y centenares de heridos, tuvieron además una secuela de hechos vergonzosos que desnudaron la fragilidad de nuestras instituciones y la escasa formación de nuestros políticos.
Por los atentados están presos el juez Juan Galeano y los dos fiscales, Eamon Mullen y José Barbaccia, quienes paradójicamente fueron los que identificaron a los autores y desentrañaron la trama del ataque a la AMIA. Los policías y ladrones sindicados por aquellos como miembros de la “conexión local” se vieron beneficiados por el pago irregular del juez Galeano a uno de ellos para acusar al policía Ribelli.
La intervención de los servicios de inteligencia argentinos en todo este juicio fue bochornosa y demostró la ausencia de profesionalidad de sus agentes.
El fracaso del país en sus legítimos reclamos por juzgar a los funcionarios iraníes acusados por el atentado contra la AMIA es un manchón más en esta historia sombría.
El acuerdo de impunidad para esos funcionarios, pergeñado a partir de la muerte de Néstor Kirchner por el gobierno de su mujer, Cristina Kirchner, secundada por el canciller Héctor Timerman y dirigentes proiraníes, fue el viraje más grotesco.
El kirchnerismo logró la aprobación en el Congreso de un pacto que resignaba la soberanía argentina al permitir que jueces de la potencia extranjera sindicada como terrorista interfirieran en el juicio. El acuerdo fue declarado inconstitucional por la Justicia argentina.
El fiscal Alberto Nisman denunció en 2015 a la entonces presidenta por corrupción en relación con ese pacto y a los pocos días apareció muerto. Para la Justicia fue asesinado.
Para el balance queda la muestra más lacerante de la vulnerabilidad argentina: ese acuerdo aparece como una subordinación de los valores a intereses nunca explicitados y, probablemente, como una concesión al mandato proiraní y antisemita del líder venezolano Hugo Chávez, que aún vivía e influía en la Argentina al comenzar el entramado del pacto.
Hay hechos que signan la historia de un país: los atentados antisemitas de Buenos Aires pusieron al nuestro en el corazón de una era que se inició al terminar la guerra fría, cuando Occidente se ilusionaba, ingenuamente, con el éxito definitivo de la democracia y el capitalismo, con el que se ponía punto final a la dialéctica de la historia.