En su paso por Salta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, concedió unos minutos a El Tribuno para hablar, entre otros temas, de la sobrepoblación carcelaria y el reclamo provincial al respecto.
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En su paso por Salta, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, concedió unos minutos a El Tribuno para hablar, entre otros temas, de la sobrepoblación carcelaria y el reclamo provincial al respecto.
Con el nuevo Código Procesal Penal se aceleran las investigaciones y las condenas. Esto si bien es una buena noticia pone a los jueces en una encrucijada porque no tienen dónde enviar a los condenados por la superpoblación que existe en las cárceles...
No es así, porque nosotros desde el primer minuto aseguramos una cosa que son los cupos, que es una cantidad de plazas que se reservan en las penitenciarías para este sistema. Y la cárcel Federal de Güemes tiene un cupo de detenidos para la jurisdicción que es la prioridad. Entonces, está garantizado que los detenidos van a tener un lugar en la cárcel de Güemes. Después hablamos del problema de la superpoblación, que es otra historia, que muchas veces es un problema que generan los propios jueces con amparos y medidas que disponen y demás. Por ejemplo, en muchas de las cárceles federales se pasó de una a dos camas por celda, cuando son celdas que dan los espacios y el cubaje conforme a las Naciones Unidas, pero algunos jueces dicen que es un retroceso de derechos que haya dos plazas en una celda. Es como que un hijo se queje y diga que es un retroceso que un hermanito vaya a dormir en la misma pieza, cosas que solo a algunos jueces argentinos se les puede ocurrir. Son cosas distintas y tienen soluciones distintas. Respecto a la solución de Salta y Jujuy, las plazas están garantizadas. Espero que no lo usen como excusa para dejar en libertad alguien, que es lo que yo me temo que algunos quieren hacer.
Igual existen alternativas para alivianar las cárceles, como el uso de pulseras electrónicas y arrestos domiciliarios...
Todos tienen a disposición pulseras electrónicas y el Código prevé las pulseras electrónicas, el arresto domiciliario y demás como alternativas a la prisión. Eso lo pueden disponer sin duda cuando quieran, lo que pasa es que ellos tienen que evaluar si un caso es para detener al condenado en la cárcel o es un caso en el que pueden utilizar estas otras herramientas alternativas, que están vigentes y todas a disposición. De hecho pensemos que cuando yo llegué al Ministerio de Justicia había, más o menos, unos 20 de esos dispositivos electrónicos solo a nivel federal y que lo tenían 20 empresarios acomodados, amigos de no sé quién. Hoy hay en todo el país alrededor de 4.000 dispositivos electrónicos funcionando. De esos, 2.400 fueron cedidos a las provincias, entre ellas Salta, y otros están en la órbita federal. Con lo cual los dispositivos electrónicos para los casos que ellos consideren están a disposición. Hay dos tipos de dispositivos: uno es el del arresto domiciliario, que está asociado a un teléfono y un domicilio, y hay un segundo dispositivo, que es para monitoreo con GPS las 24 horas, que es el que tiene Lagomarsino (el exayudante del fiscal Nisman), por ejemplo.
Lo que pasa es que en Salta se da una situación particular. Hay muchos presos que son extranjeros, de Bolivia sobre todo, y esos dispositivos no se pueden aplicar...
Ahí lo que hubo fue una solución muy interesante que se dio en uno de los juicios donde se condenó a una persona y se la expulsó del país. Es un modelo que hay que seguir. En una de las condenas que hubo el juez lo que hizo fue condenarlo a tres años en suspenso y expulsarlo del país en ese mismo momento con una prohibición de reingreso.
¿Esa sería la solución?
Es el camino que la Justicia tiene que empezar a construir en términos jurisprudenciales.
En cuanto a la sobrepoblación carcelaria, esa situación no solo se da en las cárceles federales, sino también en las provinciales. En el caso de Salta se agrava por que se está haciendo cargo de causas que antes eran federales...
Eso es incorrecto. La Justicia de Salta se hace cargo de las causas que le corresponden. La Provincia de Salta tomó un decisión con respecto al microtráfico sabiendo las consecuencias a las que se atenían y cuáles eran las reglas, porque la Provincia de Buenos Aires lo había hecho hace 10 años atrás, lo había hecho Chaco, lo habían hecho un montón de provincias y ellos tomaron esa decisión sabiendo cuáles eran las condiciones, que si ellos ponían un sistema de Justicia eran ellos los que tenían que financiar ese sistema y se tenían que hacer cargo de las personas privadas de libertad. Eso es además un latiguillo político. Yo no la veo a la gobernadora bonaerense, que tiene cinco mil detenidos por microtráfico, que salga a decir algo por el estilo.
¿Es decir que no corresponde el reclamo de 550 millones de pesos que Salta le hace a Nación por hacerse cargo del microtráfico?
No existe. Eso es una discusión que yo le indiqué al ministro López Arias (ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de Salta) que tiene que pedirle al gobernador que se reúna con el ministro (del Interior) Frigerio y los otros gobernadores de todo el país y vean qué fondos asignan a esto para compensar en todo caso a todas las provincias que han adherido a la ley de microtráfico. Pero es una discusión que deben dar entre todos los gobernadores en conjunto por el Congreso nacional por una ley específica, porque hay provincias que no han adherido a microtráfico y podrían reclamar por el uso de esos fondos. Pensemos que si fuera cierta la deuda que dice Salta, la mayor deuda, que sería ya superior a los 10 mil millones de pesos, sería con la provincia de Buenos Aires, que es la que lleva más de 10 años con el microtráfico y es la que además tiene en este momento más de 5 mil detenidos por ese tipo de causas.
Se habló de cárceles modulares en un momento, ¿cómo avanza ese proyecto?
Se está trabajando. El sistema federal está trabajando en varios planos: en los dispositivos electrónicos y se está avanzando en la construcción de cárceles como nunca. La única cárcel que se había construido en los 12 años de la gestión anterior fue la de Güemes, que es una cárcel chica. Nosotros ya estamos terminado la cárcel federal de Cuyo, que ya tiene más de 480 detenidos y esperamos terminar el año con casi mil. Se está avanzando en la cárcel de Agote, en Mercedes (provincia de Buenos Aires), en la cárcel de Coronda. En Marcos Paz se está construyendo para reemplazo de la cárcel de Devoto. Se están haciendo cárceles como nunca se hizo en nuestra historia, además de la ampliación de los dispositivos electrónicos y la ampliación de las cárceles comunes, como Güemes, Ezeiza y demás. Se va avanzando progresivamente. Es un proceso después de más de 10 años de desinversión y a ningún gobierno le interesó ni construir cárceles ni que los delincuentes estuvieran presos. Es razonable que una vez que un gobierno hace cumplir la Justicia y que las personas que cometan delitos cumplan sanciones se necesiten más cárceles y eso lleva un tiempo. Pensemos igual que el sistema federal en Argentina tiene una sobrepoblación realmente muy menor comparada con el resto de los países de la región.
En Salta existe una polémica porque la Iglesia Católica retaceó información en causas que involucran a curas investigados por pederastia, todo amparándose en un concordato, ¿Cuál es su postura ante ese tipo de casos, rigen otras leyes para la Iglesia?
Son procesos judiciales que corresponden a la Justicia. Nadie tiene en Argentina ninguna inmunidad para que no se pueda realizar un procedimiento o un allanamiento, salvo las sedes diplomáticas. Con lo cual, son temas que debe resolver la Justicia. El Gobierno nacional ha tenido un combate contra los abusos sexuales, con campañas nacionales realizadas con las Naciones Unidas, con el trabajo que se viene haciendo junto a otros países de la región. Después cada juez y cada fiscal en cada expediente son responsables de las investigaciones que realizan y no existe en principio ninguna razón para que alguien dificulte o impida el trabajo de un juez o un fiscal.
Sobre el mismo tema, hay un juez local (Adolfo Figueroa) que exoneró a un cura (José Carlos Aguilera) que es investigado por abuso sexual con el argumento de que su delito prescribió....
Son decisiones judiciales que tienen que ser revisadas por los órganos superiores de la Justicia y si el juez actuó mal debe ser sometido a jury, pero son cosas que hay que ver caso por caso. No opino de casos concretos y decisiones en el aire porque hay que ver el expediente y analizar la situación. No es mi tarea ni mi función, la tarea es de las cámaras y los tribunales superiores o las cortes revisar en definitiva esos fallos y las autoridades de los consejos de las magistraturas o de las cortes disponer las medidas disciplinarias que correspondan según el caso.
Sobre las próximas elecciones presidenciales, ¿en la polarización que existe están en juego también dos sistemas de Justicia diferentes?
Definitivamente. En realidad teníamos un país donde reinaba la impunidad, no se avanzaba en cárceles porque no interesaba. Donde en los casos de narcotráfico, corrupción o en delito común, realmente era muy poco lo que se hacía para investigarlos, se minimizaban los problemas o se ocultaban y lo que ha planteado el presidente Mauricio Macri es por un lado combatir el narcotráfico y todos los delitos, por otro lado poner a la víctima en un lugar central, acompañarla, cosa que venimos haciendo con leyes, con los centros nacionales de asistencia a la víctima y con el observatorio para que sea una parte del proceso y generar un cambio cultural de que en Argentina es necesario que se cumpla la ley y que aquellos que la violan tengan consecuencias, si no, no hay forma de progresar como país. Especialmente aquellos que la violan en hechos tan graves como pueden ser los casos de narcotráfico y de corrupción, extendida y generalizada. Me parece que es importante mantener un gobierno y seguir avanzando en este proceso de una Justicia más independiente, más efectiva, como marca el nuevo Código Procesal Penal y no volver atrás, al pasado, con esquemas de impunidad y con una Justicia que intentaba ser sometida por parte del poder político.