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“Si ajuste es poner en orden las cuentas públicas, entonces estamos haciendo un ajuste”, sentenciaba el presidente Alberto Fernández en una entrevista en TN, contradiciendo lo que su ministro de Economía había afirmado en conferencia de prensa apenas asumió. Si bien resta definir los principales pilares del programa económico, con las medidas de estas últimas semanas podríamos concluir que el financiamiento vendría por un aumento de impuestos como bienes personales, retenciones agrícolas, impuesto a las compras en moneda extranjera, y posiblemente veamos algunos más durante el 2020. Por el momento, la emisión de dinero se mantendría constante (es decir, el Gobierno emitirá dinero con cautela o la inflación podría dispararse), y el acceso al financiamiento externo podría demorar en llegar (además podría demorar en disminuir el riesgo país, lo que encarece el crédito para Argentina). Otras medidas que probablemente podría contener son:
1) Un acuerdo de precios y salarios (con sindicatos, cámaras y demás sectores que ya firmaron una especie de “pacto social” como puntapié inicial)
2) Modificación en la fórmula jubilatoria (si bien quedó suspendida la anterior y se congelaron los haberes, el Congreso se comprometió a formar una comisión para crear una nueva)
3) Renegociación de la deuda pública en el corto plazo (ya empezaron las conversaciones con el FMI y se abrió una cuenta de mail para recibir sugerencias de los acreedores)
4) El aumento de retenciones móviles aún se encuentra en negociaciones y no sería suficiente si el campo no tiene una buena campaña. (y que ya generó movilizaciones y “tractorazos” por parte del sector en todo el país)
5) Congelamiento de tarifas: por el momento el Gobierno indicó que no habrá aumentos en los servicios de colectivos y trenes que están bajo jurisdicción nacional por 180 días (el Estado financia el 60% del boleto de colectivo y el 90% de la tarifa de los trenes).
La incógnita: ¿y después?
Sin embargo, aún es una incógnita qué medidas se tomarán con el resto de los servicios, aunque podrían sufrir también un congelamiento y/o pesificación. Es decir, los fondos para “volcar” a la calle, al consumo, a la producción, que tanto se anunciaron, los pondrán los contribuyentes y el sector productivo con más impuestos; también acreedores (inversores que compraron deuda argentina en su momento) que resignarán parte de los pesos o dólares que les corresponde cobrar. Y lamentablemente también, los jubilados que no recibirán el aumento en tiempo y forma.
La deuda
Capítulo aparte para la deuda pública. Se creó una comisión de expertos que negociará con los bonistas e inversores que tienen en su poder bonos de deuda argentina. Esta negociación no debería llevar mucho tiempo y tampoco ser muy agresiva, ya que podría demorar aún más el ingreso del país nuevamente a los mercados de crédito internacional. Es decir, debería darse en el marco de que el país no está dispuesto a pagar la totalidad del capital y/o los intereses en el plazo indicado. El ministro de economía ya adelantó que su intención es que las negociaciones concluyan en el mes de marzo o abril. En mi opinión, es fundamental reestructurarla lo antes posible. Hoy la deuda a reestructurar es de 266.738 millones de dólares (excluidas las obligaciones con organismos como el FMI o el BID) y, de ese monto, 124.724 millones de dólares están en manos de organismos del sector público como la Anses o el Banco Central, el resto en manos privadas.
Una reestructuración de la deuda pública implica modificar los términos originales de los bonos emitidos por el Gobierno, por nuevos términos que incluyen modificaciones en las fechas de pago, disminución en la tasa de interés o una quita en el capital adeudado. Esta reestructuración debería ser lo suficientemente satisfactoria para que el gobierno no tuviera que pedir financiamiento para pagarles, y que los bonistas no acudan a los tribunales internacionales, replicando lo que fue el acuerdo con los “holdouts” o fondos buitre (algo que podría tener un costo importante para la Argentina).
La urgencia
Pero, ¿por qué es importante renegociar la deuda este año?. Hoy nuestro país no tiene acceso al crédito, por ende debe utilizar los recursos propios o reservas del Banco Central para afrontar los pagos de intereses o de capital a los inversores, además de tener que financiar el déficit fiscal. En cualquiera de estos escenarios Argentina no tiene recursos suficientes para financiarse, por tanto, si no reestructura la deuda podría entrar en un default. Caer en default tendría consecuencias complicadas para toda la economía, ya que casi ningún actor del entramado (empresas, bancos, gobiernos provinciales, municipales, etc) podría conseguir financiamiento y la actividad económica empeoraría aún más. Si llegada esta situación, el gobierno decidiera financiarse con emisión de dinero excesiva podríamos encaminarnos a una hiperinflación. Por el contrario, si la reestructuración de la deuda fuera exitosa, nuestro país podría volver al mercado de crédito y así aliviar la carga fiscal. Con estas dos condiciones la economía estaría en mejores condiciones para crecer.
El rol del Fondo Monetario Internacional (FMI) es fundamental en la próxima renegociación de la deuda, ya que la mayoría de los acreedores por lo general conversa en primera instancia con el organismo antes de cerrar un acuerdo -como el que Argentina está dispuesto a proponer- para evaluar la sustentabilidad del mismo. Es así que, a pesar de que hoy el gobierno no muestra interés por el último desembolso del FMI -que quedó pendiente-; sí le interesa que el organismo dé su visto bueno en las acciones de deuda y tenga seguridad de que se cumplirá con los compromisos no solo con los bonistas, sino también con los 43.500 millones de dólares adeudados al organismo.
El equilibrio
La reestructuración debería estar acompañada de una propuesta de mejora fiscal para disminuir la incertidumbre y que el plan integral tenga consistencia. Si no hubiera una propuesta fiscal como contraste, entonces la negociación de la deuda debería ser un poco más agresiva, y la quita de capital o intereses mucho mayor, lo que podría generar rispideces con los bonistas. Si por el contrario, el gobierno propusiera un esfuerzo fiscal mayor al estipulado (como por ejemplo un exceso en el aumento de impuestos), podría dificultar la recuperación de la economía. Como todos los gobiernos argentinos desde la segunda guerra mundial en adelante, el gobierno entrante tiene un escenario complejo en el plano político y económico. Por el bien de todos nosotros, esperemos que las decisiones sean poco dogmáticas y bastante pragmáticas.