El acceso a la justicia es un derecho humano que, como tal, debe ser respetado y protegido, encontrándose estrechamente relacionado con la inclusión social, uno de los objetivos fundamentales de cualquier política socioeconómica que desarrolle el Estado.
inicia sesión o regístrate.
El acceso a la justicia es un derecho humano que, como tal, debe ser respetado y protegido, encontrándose estrechamente relacionado con la inclusión social, uno de los objetivos fundamentales de cualquier política socioeconómica que desarrolle el Estado.
Facilitar el acceso a la justicia implica que toda la población pueda encontrar mecanismos idóneos para la defensa de sus derechos dentro del marco institucional brindado por la Constitución Nacional. Cualquier traba a este derecho humano fundamental deriva en un modo de excluir y de impedir el ejercicio de los derechos de sus habitantes. En efecto, es en el campo de la administración de justicia donde se define la vigencia de los derechos fundamentales en las sociedades contemporáneas, donde se prueba si las libertades y garantías enunciadas en la Constitución y los diferentes instrumentos de derecho internacional tienen o no aplicación real. La compleja situación económica y social que trajo aparejado el reconocimiento normativo de los derechos sociales como justiciables, sumada a la crisis de los canales tradicionales de la democracia representativa, derivaron en un aumento exponencial de los reclamos judiciales vinculados a la satisfacción de estos derechos por parte de las personas con escasos recursos económicos.
"Derechos de papel"
Es que se trata de uno de los temas de mayor trascendencia jurídica, política y social del constitucionalismo moderno: la posibilidad de que, en expresión del jurista italiano Riccardo Guastini, los derechos sociales dejen de ser "derechos de papel". Esta necesidad resulta cada vez más urgente atento al incremento exponencial e intolerable de las desigualdades sociales. En efecto, aunque muchos derechos económicos, sociales y culturales se encuentren consagrados en instrumentos internacionales, su reconocimiento efectivo no se alcanzará sino con su adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar ante los tribunales el cumplimiento de las obligaciones que constituyen el objeto del derecho.
El incremento de la litigiosidad y, consecuentemente, la búsqueda de patrocinio y asesoramiento legal para el reclamo y defensa de los derechos trajo aparejado un incremento de la demanda del servicio de justicia.
Debe plantearse un plan estratégico que garantice el efectivo acceso a la justicia de las personas que requieran el servicio, en defensa de sus derechos. Desde esta perspectiva, las defensorías públicas y las asesorías tutelares se convierten en actores centrales, con capacidad para promover nuevas formas de intervención judicial y administrativa que mejoren las posibilidades de cualquier requerimiento.
Distancia y desconfianza
El mentado plan estratégico debe trabajar sobre un necesario relevamiento del estado de situación y el grado de satisfacción de los Ciudadanos respecto del servicio de justicia. Es público que la confianza en el sistema se ha erosionado de un modo exponencial en los últimos tiempos, lo que trajo aparejado la opción de no ingresar a sistema. Al desgaste institucional apuntado se suman otros problemas no menores, vgr. los relacionados con la defensa procesal de los derechos tales como las resoluciones arbitrarias y discriminatorias, el desconocimiento de la normativa internacional y nacional, la falta de recursos estatales, dispersión de esfuerzos, la falta de coordinación con las distintas áreas del gobierno, ausencia de planificación estratégica para optimizar los recursos, entre otros. En contraste se observan acciones aisladas de unos pocos funcionarios, iniciativas de organizaciones de la sociedad civil (Colegios Profesionales), universidades o defensorías del pueblo que muestran la necesidad de abordar esta problemática desde una perspectiva innovadora y más efectiva. El acceso a la justicia como obligación estatal positiva encuentra serios inconvenientes. Mientras se avanzó en el reconocimiento normativo de ciertos derechos, los grupos socialmente vulnerables ven reducido el efectivo goce de sus derechos sociales.
Esta realidad se plasmó en las "Reglas de Brasilia" en cuya exposición de motivos se reconoce que "El sistema judicial se debe configurar, y se está configurando, como un instrumento para la defensa efectiva de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Si bien la dificultad de garantizar la eficacia de los derechos afecta con carácter general a todos los ámbitos de la política pública, es aún mayor cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad dado que estas encuentran obstáculos mayores para su ejercicio. Por ello, se deberá llevar a cabo una actuación más intensa para vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones. De esta manera, el propio sistema de justicia puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social."
Los vulnerables
Por tal motivo, deben formalizarse estrategias políticas claras y viables que aseguren el reconocimiento de los derechos Sociales y Humanos de los sectores excluidos y vulnerables de la sociedad. Las personas en situación de vulnerabilidad deben ser merecedoras de un apoyo institucional y social más intenso, para cuya meta, en general, es menester reconocer la necesidad de efectuar ciertos ajustes a las pautas de convivencias sociales a través de reformas y adaptaciones normativas que mitiguen la discriminación y garanticen, en igualdad de condiciones con los demás, el ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales. Es por esta situación que debe trabajarse en la construcción de un sistema de justicia ágil e igualitario, y que además brinde respuestas eficaces y útiles a reclamos de la comunidad. Para ello, deben profundizarse los canales de acceso a la justicia, sin que los recursos públicos se dispersen o mal utilicen, siendo fundamental que los organismos existentes avancen sobre los cambios organizacionales y las estrategias de intervención que les posibilitarán una mayor capacidad de impacto. En definitiva, más allá de las numerosas debilidades y fortalezas del sistema, es preciso reconocer que se ha avanzado a nivel legislativo y judicial en el reconocimiento de los Derechos Humanos y Sociales. No alcanza con que los derechos estén reconocidos normativamente si no se los puede reclamar en la práctica.
El desafío es abrir un debate sincero y fundacional con todos los actores del servicio de justicia, buscando estrategias que maximicen los recursos y garanticen el efectivo acceso a todos los ciudadanos, con mecanismos ágiles y de consenso que reflejen transparencia y celeridad.