Luego de que se conociera en Salta que un grupo de funcionarios y concejales, entre los que se destaca uno de los titulares de Anses, habían cobrado o tramitado el ingreso familiar de emergencia (IFE), los casos empezaron a reproducirse en casi toda la provincia.
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Luego de que se conociera en Salta que un grupo de funcionarios y concejales, entre los que se destaca uno de los titulares de Anses, habían cobrado o tramitado el ingreso familiar de emergencia (IFE), los casos empezaron a reproducirse en casi toda la provincia.
Por las irregularidades detectadas en la ayuda que solo debía estar dirigida a familias vulnerables, intervino la Justicia Federal, a partir de que el fiscal federal a cargo del Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, imputara en agosto a 17 concejales y a un empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por cobrar indebidamente la ayuda.
Los funcionarios públicos fueron acusados de los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de sus deberes.
En aquel momento el juez de Garantías Julio Bavio dispuso en primer término formalizar la imputación penal, tal como lo requirió la fiscalía, pues consideró que el caso presentado era "sólido y provisto de numerosa prueba documental", y, en segundo término, dispuso que el plazo de investigación se extienda por noventa días, y fijó un embargo en 60 mil pesos.
Previamente la Justicia provincial se declaró incompetente en la investigación, ya que las sumas de dinero que habrían sido percibidas corresponden a fondos de la Anses.
Los 17 concejales imputados corresponden a 15 localidades de la provincia: Jesús Ernesto Cuellar (Urundel); Luis Carlos Coronel (El Carril); Paola Sandra Cantarella (Pichanal); María Del Valle Torres (Rivadavia banda Norte); Fernando Leandro Gerónimo (Payogasta); Gabriela Elizabeth Cazón (Aguas Blancas); Franco Marcelo Córdoba (San Antonio de los Cobres); Melisa Mónica González (San Lorenzo); Marta Beatriz López (Orán); Ricardo Alberto Díaz (Colonia Santa Rosa); Nicolasa Maraz (Los Toldos); Nancy Valeria Quiroga (Santa Victoria Oeste); Jimena Antonieta Ordóñez (Aguaray); Javier Héctor Chauqui (Angastaco) y Alexandra Ludmila Borujow, Héctor Rogelio Fernández y Ninfa Noemí Rojas (El Quebrachal).
Junto a los ediles también fue imputado Luis Alberto Hosel, empleado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Pero las vergonzosas desviasciones de los fondos destinados a personas carentes de recursos trascendieron las fronteras, ya que se confirmó que una concejal de Bolivia cobró el IFE. Se trata de Romina Villena Rodríguez, una edil del municipio de Padcaya, localidad ubicada la sur de la provincia de Aniceto Arce, en el departamento de Tarija. Pero la situación no se quedó ahi, la concejal boliviana también cobraba la asignación universal por hijo (AUH).
De acuerdo a la información a la que accedió El Tribuno, Villena Rodríguez tenía domicilio declarado en el paraje La Misión, en Los Toldos, aunque nunca vivió en la Argentina.
La situación escaló a tales niveles de indignación social que hasta el gobernador Gustavo Sáenz se expidió al respecto y, tras repudiar la actitud de los implicados, reclamó a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con el peso de la ley.
Más de 50 implicados
El escándalo surgió a partir de una investigación de los medios FM Noticias, Buufo y Salta Entre Líneas, que hicieron un entrecruzamiento entre los datos de los concejales, intendentes y diputados de la provincia y la página de la Anses y encontraran que en total son 52 los políticos que se inscribieron para recibir el subsidio estatal.
No obstante, algunos de los trámites fueron rechazados, como el caso del director de la Anses y referente de La Cámpora en Salta, Marcos Vera.