El fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, pidió distintos informes a las autoridades sanitarias para avanzar en la investigación sobre comercialización de plasma para pacientes con COVID-19. La causa podría pasar a la Justicia Federal. En paralelo, un periodista denunció que recibió amenazas de la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, tras preguntarle si tiene un centro privado de medicina transfusional, lo que podría considerarse como incompatible con su función pública.
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El fiscal interino de Delitos Económicos Complejos, Ramiro Ramos Ossorio, pidió distintos informes a las autoridades sanitarias para avanzar en la investigación sobre comercialización de plasma para pacientes con COVID-19. La causa podría pasar a la Justicia Federal. En paralelo, un periodista denunció que recibió amenazas de la directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, tras preguntarle si tiene un centro privado de medicina transfusional, lo que podría considerarse como incompatible con su función pública.
La polémica comenzó el fin de semana, cuando se difundió que la empresa HemoSalta había tratado de cobrar $30 mil por el tratamiento de plasma a un paciente. Luego de que se difundiera la imagen de una factura por este monto, el ministro de Salud, Juan José Esteban, salió a aclarar que el cobro no corresponde.
La noticia generó malestar de pacientes recuperados de COVID-19 que donaron plasma y consideraron que hay lucro detrás de las campañas para ayudar a personas internadas por la enfermedad.
Ramos Ossorio inició una investigación de oficio y requirió informes a Salud Pública de la Provincia y de la Nación, a clínicas y sanatorios privados, al Instituto Provincial de Salud de Salta, al centro privado HemoSalta SRL y al Ministerio de Economía.
El fiscal busca determinar si se cometieron delitos contra leyes provinciales, como el de negociaciones incompatibles con la función pública o si hay una violación a la ley nacional 25990, que prohíbe la comercialización de la sangre y sus derivados. Si se encuentran elementos que indiquen que hubo venta, la investigación debería pasar a la Justicia Federal, por tratarse de un ilícito encuadrado en legislación nacional.
Esta ley establece que "será reprimido con prisión de seis (6) meses a cinco (5) años y con multa de diez mil pesos argentinos ($a 10.000) a quinientos mil pesos argentinos ($a 500.000) el que intermediare comercialmente y/o lucrare en la obtención, donación, clasificación, preparación, fraccionamiento, producción, almacenamiento, conservación, distribución, suministro, transporte, actos transfusionales, importación y exportación y toda forma de aprovechamiento de la sangre humana, sus componentes y derivados". El sábado se conoció en las redes sociales que la empresa HemoSalta SRL informó en una nota a sanatorios y clínicas que la transfusión de plasma se facturará al paciente para su reintegro en la obra social.
“Improcedente”
Tras la difusión del intento de cobrar por el tratamiento de plasma a un paciente, el ministro de Salud Pública de la Provincia, Juan José Esteban, afirmó que la colocación es gratuita en todos los centros privados y clínicas y cuestionó al centro privado HemoSalta. “Cuando tomé conocimiento de esta situación me pareció totalmente improcedente porque él (el titular de HemoSalta, Martín de la Arena), no puede cobrar el plasma cuando no le cobramos los hemoderivados que se usan para fabricar el plasma”, dijo.