En sintonía con la decisión de la Provincia de no volver a abrir las escuelas, desde el gremio Sadop, que nuclea a los educadores privados, se resisten a volver a clases presenciales por “no estar garantizadas las condiciones”.
Sadop representa a 2.500 educadores de los más de 7 mil del sector. “Las condiciones no están dadas para el retorno a clases presenciales”, insistió el secretario general del gremio, Víctor Gómez.
“Hay que tener en cuenta el tema del transporte, que es un medio de contagio”, indicó Gómez, que al mismo tiempo aseguró que tampoco sería posible porque esto demandaría más personal. “En estos momentos no hay la cantidad de personal suficiente para garantizar el servicio de las instituciones, por la limpieza, la cantidad de docentes por cursos. Se van a tener que dividir las aulas en grupos de alumnos”, aseveró. Sin embargo, en las pocas provincias que pudieron regresar a clases presenciales lo hicieron por grupos y de forma voluntaria. Bajo la modalidad sincrónica en el caso de baja matrícula, el mismo grupo de lunes a viernes. Y en el caso de alta matrícula, por semanas.
Por otra parte, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina (Faera) emitió un comunicado en el que solicita el regreso a clases, justo el día en que el Consejo Federal de Educación resolvió el regreso a las aulas en forma progresiva y con uso de tapabocas en aquellas localidades que tengan un nivel bajo de circulación de coronavirus.
Faera se dirigió a “la generación adulta que tiene la responsabilidad de garantizar y promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes argentinos”, e incluye desde los padres hasta los sindicatos, supervisores y autoridades nacionales y provinciales, “para solicitarles que con urgencia entre todos cooperemos para poder acelerar el regreso parcial a la actividad educativa presencial”.
Faera hizo notar la importancia del regreso, ya que “por el aislamiento los alumnos sufren distintos tipos de dolencias que influyen en su normal desarrollo físico, psíquico, intelectual y espiritual”. Basándose en el mismo argumento, en la protección de la salud de los alumnos y docentes, Sadop insistió en su oposición.
Hace meses que el Consejo Provincial de Educación Católica del Arzobispado de Salta, que nuclea a los 91 establecimientos de los 150 privados, advierte que los colegios atraviesan una “penosa situación económica” por un gran atraso en las cuotas. La situación es tal que incluso advirtieron que cobrarían intereses desde el 10 de septiembre, y en caso de que los padres y tutores no regularicen la situación, desde el 1 de octubre no admitirían a los estudiantes para el período lectivo 2021.
Si bien desde Sadop se acompañó el pedido y pidieron que los padres tomaran conciencia, en esta oportunidad no están de acuerdo. “Sabemos que están atravesando una situación sumamente difícil, es una presión extra, pero por encima de eso están la seguridad y salud de toda la comunidad educativa”, aseveró Gómez. El gremialista indicó que no hubo despedidos pero que a muchos les deben sueldos que llegan a mitad de año.
Por su lado, el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, aseguró que intentan ayudar a los colegios para que “ninguno cierre”.
El funcionario, al terminar la reunión virtual con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y otros responsables de carteras educativas de las provincias, aseguró: “Hoy la situación epidemiológica de la provincia no nos permite volver a la presencialidad, pero cuando la realidad local mejore, lo vamos a hacer”. Remarcó, además, que durante el encuentro se hizo hincapié en que “cada provincia tiene una realidad distinta, por lo que se está trabajando en un indicador epidemiológico que sirva para la toma de decisiones en cada jurisdicción”, indicó.
A su vez, el funcionario recordó que en el mes de julio, con un panorama en la provincia totalmente distinto, se tenía previsto poder avanzar en una vuelta a clases para séptimo grado del primario y quinto año del secundario, con cursos reducidos y algunos días por semana, pero “empezaron a escalar los casos de COVID-19 en la provincia, lo que hizo imposible poder avanzar con esto”. Cánepa aseguró que en las decisiones que toma el Ministerio, siempre se privilegia la salud y, en la medida de lo posible, se trata de avanzar con algún grado de presencialidad.
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En sintonía con la decisión de la Provincia de no volver a abrir las escuelas, desde el gremio Sadop, que nuclea a los educadores privados, se resisten a volver a clases presenciales por “no estar garantizadas las condiciones”.
Sadop representa a 2.500 educadores de los más de 7 mil del sector. “Las condiciones no están dadas para el retorno a clases presenciales”, insistió el secretario general del gremio, Víctor Gómez.
“Hay que tener en cuenta el tema del transporte, que es un medio de contagio”, indicó Gómez, que al mismo tiempo aseguró que tampoco sería posible porque esto demandaría más personal. “En estos momentos no hay la cantidad de personal suficiente para garantizar el servicio de las instituciones, por la limpieza, la cantidad de docentes por cursos. Se van a tener que dividir las aulas en grupos de alumnos”, aseveró. Sin embargo, en las pocas provincias que pudieron regresar a clases presenciales lo hicieron por grupos y de forma voluntaria. Bajo la modalidad sincrónica en el caso de baja matrícula, el mismo grupo de lunes a viernes. Y en el caso de alta matrícula, por semanas.
Por otra parte, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de Argentina (Faera) emitió un comunicado en el que solicita el regreso a clases, justo el día en que el Consejo Federal de Educación resolvió el regreso a las aulas en forma progresiva y con uso de tapabocas en aquellas localidades que tengan un nivel bajo de circulación de coronavirus.
Faera se dirigió a “la generación adulta que tiene la responsabilidad de garantizar y promover los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes argentinos”, e incluye desde los padres hasta los sindicatos, supervisores y autoridades nacionales y provinciales, “para solicitarles que con urgencia entre todos cooperemos para poder acelerar el regreso parcial a la actividad educativa presencial”.
Faera hizo notar la importancia del regreso, ya que “por el aislamiento los alumnos sufren distintos tipos de dolencias que influyen en su normal desarrollo físico, psíquico, intelectual y espiritual”. Basándose en el mismo argumento, en la protección de la salud de los alumnos y docentes, Sadop insistió en su oposición.
Hace meses que el Consejo Provincial de Educación Católica del Arzobispado de Salta, que nuclea a los 91 establecimientos de los 150 privados, advierte que los colegios atraviesan una “penosa situación económica” por un gran atraso en las cuotas. La situación es tal que incluso advirtieron que cobrarían intereses desde el 10 de septiembre, y en caso de que los padres y tutores no regularicen la situación, desde el 1 de octubre no admitirían a los estudiantes para el período lectivo 2021.
Si bien desde Sadop se acompañó el pedido y pidieron que los padres tomaran conciencia, en esta oportunidad no están de acuerdo. “Sabemos que están atravesando una situación sumamente difícil, es una presión extra, pero por encima de eso están la seguridad y salud de toda la comunidad educativa”, aseveró Gómez. El gremialista indicó que no hubo despedidos pero que a muchos les deben sueldos que llegan a mitad de año.
Por su lado, el ministro de Educación de Salta, Matías Cánepa, aseguró que intentan ayudar a los colegios para que “ninguno cierre”.
El funcionario, al terminar la reunión virtual con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y otros responsables de carteras educativas de las provincias, aseguró: “Hoy la situación epidemiológica de la provincia no nos permite volver a la presencialidad, pero cuando la realidad local mejore, lo vamos a hacer”. Remarcó, además, que durante el encuentro se hizo hincapié en que “cada provincia tiene una realidad distinta, por lo que se está trabajando en un indicador epidemiológico que sirva para la toma de decisiones en cada jurisdicción”, indicó.
A su vez, el funcionario recordó que en el mes de julio, con un panorama en la provincia totalmente distinto, se tenía previsto poder avanzar en una vuelta a clases para séptimo grado del primario y quinto año del secundario, con cursos reducidos y algunos días por semana, pero “empezaron a escalar los casos de COVID-19 en la provincia, lo que hizo imposible poder avanzar con esto”. Cánepa aseguró que en las decisiones que toma el Ministerio, siempre se privilegia la salud y, en la medida de lo posible, se trata de avanzar con algún grado de presencialidad.
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