La pandemia COVID-19 ha alterado la vida de todos, está muy lejos de ser superada y exige a los gobiernos actuar con sensatez, escuchando a los científicos, a la sociología, la psicología, a los educadores y a las familias.
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La pandemia COVID-19 ha alterado la vida de todos, está muy lejos de ser superada y exige a los gobiernos actuar con sensatez, escuchando a los científicos, a la sociología, la psicología, a los educadores y a las familias.
La vida de las personas, en sus afectos, en su economía doméstica y en los vínculos sociales ha sufrido un enorme impacto y esto se refleja en daños psicológicos, descuido de los controles médicos y en la pérdida, aún no reconocida, del año escolar.
El Gobierno argentino estableció la cuarentena más prolongada del mundo. Esta decisión generó una debacle económica cuyas consecuencias globales se verán en los próximos meses, pero que por lo pronto se manifiestan en niveles de pobreza y desempleo superiores a los de 2001/2002, disimulados con una emisión récord de dinero.
El aislamiento obligatorio evitó el colapso del servicio sanitario, como sí ocurrió en Italia, España y EEUU; sin embargo, a esta altura de la cuarentena, la cantidad de muertos por millón de habitantes en la Argentina es superior a la de esos países.
El balance de estos meses obliga a una mirada crítica sobre todo lo actuado en cada jurisdicción, nacional, provincial y municipal. Especialmente, después de que el presidente Alberto Fernández dejó abierta una expectativa de pronta solución gracias a la vacuna promocionada por el presidente ruso Vladimir Putin. Las vacunas no son obra de los políticos ni de un país, sino de las comunidades científicas, y solo pueden ser aplicadas una vez que se han observados todos los protocolos, una condición que ninguna de las vacunas que se desarrollan en el mundo todavía reúne.
En nuestro país faltó, y falta, una estrategia nacional coherente. Cada gobernador y cada intendente dispusieron restricciones discrecionales y crearon un clima generalizado de autoritarismo que se extendió en las administraciones. Asimismo, la prolongación sin criterio de la cuarentena llevó a que la gente terminara haciendo lo que le parecía.
Hay mucho por hacer. En primer lugar, el sistema educativo debe asumir que 2020 es un año lectivo que se perdió. La escuela virtual satisface las necesidades emocionales y cercena el contenido social de la educación y el rol docente. En la pandemia, la brecha digital se hizo sentir como nunca, pero también quedaron claras las carencias de un recurso en el cual es imposible presentar pedagógicamente el conocimiento, responder a preguntas, incentivar investigaciones y crear hábitos con el mismo nivel formativo que brinda el educador en el aula. La educación virtual es un paliativo. Los padres no pueden suplir al docente, justamente porque son los padres y porque tienen sus propias actividades.
La educación es una prioridad y un derecho fundamental. Es imprescindible una evaluación minuciosa y estricta del nivel de conocimientos. Por tratarse de una actividad esencial, es necesario tener una información precisa de las carencias e inequidades generadas por la cuarentena y reprogramar la currícula de los próximos años.
Los gobernantes deberán hacerse cargo, además, de las secuelas psicológicas y sanitarias de la cuarentena. La emergencia de la COVID-19 hizo descuidar enfermedades endémicas, como la tuberculosis, que cada año se cobra la vida de 1.500.000 personas en el mundo; postergó la atención de cardiopatías, riesgo oncológico, deterioro neuronal y otras patologías que se harán sentir en los próximos meses. Es imprescindible asumir las consecuencias del miedo y la incertidumbre. El neurólogo Facundo Manes advirtió hace poco que "ocho de cada diez jóvenes tienen síntomas de depresión". La depresión puede ser tanto o más nociva que el coronavirus.
Debemos aprender a convivir con el nuevo virus. Una vez más: es imprescindible que nuestro país y nuestra provincia asuman que la medicina sanitaria y preventiva es la prioridad para preservar la salud pública. Esto implica una decisión democrática, desideologizada y con fundamento científico.
Es una cuestión de supervivencia social: las decisiones que hacen falta deben contemplar la educación, el equilibrio emocional, las expectativas personales, la construcción de afectos y el derecho a disfrutar de la vida, a pesar del virus.