Las organizaciones y agrupaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió un documento conjunto en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos.
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Las organizaciones y agrupaciones que integran la Mesa de Derechos Humanos de Salta emitió un documento conjunto en el marco del Día Internacional por los Derechos Humanos.
La lectura se realizó en un acto convocado por la Agrupación Lucrecia Barquet que se realizó en las veredas de Tribunales Federales, en Caseros y Deán Funes,
La realidad, la actualidad y los pedidos de las organizaciones en el siguiente documento:
Declaración Universal de los Derechos Humanos 10 de diciembre de 1948
Después de la Segunda Guerra Mundial, donde se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos, muchos países acordaron, el 10 de diciembre de 1948, firmar un documento reconocido como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por el Comité de las Naciones Unidas.
En la Argentina adquirió fuerza constitucional al incorporarse en la reforma de 1994.
Respetar los DDHH es reconocer la dignidad humana que deben tener todas las personas sin discriminación social, política e ideológica, jurídica ni económica. Los pueblos deben tener memoria, porque los que olvidan suelen repetir errores del
pasado.
Por eso insistimos en avanzar con los juicios de lesa humanidad. Durante el macrismo en Salta, hubo muy pocos avances en las causas. Las sentencias de Casación advirtieron sobre la falta de mérito dictada por las dos salas de la Cámara Federal de esta provincia.
Así la Cámara de Casación ratificó la doctrina judicial de que debe llevarse a juicio todos los casos que se investigan.
El ex juez Lona fue indagado sobre los habeas corpus presentados, sobre torturas denunciadas por presos políticos y otras causas que pasaron por sus manos.
En la causa Marcos Levin, la Corte Suprema reconoció a 17 victimas. Por esta fueron indagados Levin, Almiron, Grueso y Cardozo. Además, se procesó a Levin por la causa Juárez Rivero.
En la causa Ragone, piden que se revean la absolución de Zaneto y Soraire. Hay pedido para juicio en trámite de Juan Figueroa Elías y Calixto Salazar. La causa Palomitas 3 está apelada en la Cámara Federal.
Hoy 10 de diciembre nos presentaremos en la causa por la desaparición de Graciela Juárez y la detención de Victoria Juárez.
Necesitamos un archivo de la memoria autónomo integrado por militantes de DDHH.
El Gobierno de Salta reglamentó la Ley 8.024, que crea el Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la adecua al requerimiento internacional, ratificando derechos reconocidos en la Constitución nacional y en la Constitución provincial. El decreto 1139 que reglamenta la ley dictada el año pasado establece la creación de un comité provincial que estará integrado por un representante del Ejecutivo, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos por las ONG- Exigimos se concrete cuanto antes, la designación de los miembros que concursaron para estos cargos. En representación de los organismos de DDHH, fueron elegidos Cristina Cobos y Rodrigo Solá.
El año que termina ha estado signado por la pandemia, que a nivel mundial deja terribles cifras de muertos y contagiados. Pero más allá de los impactos negativos en el área de la salud, ha incrementado la pobreza, la indigencia, el trabajo informal y la precarización laboral deteriorando profundamente las condiciones de vida de la mayoría de nuestro pueblo.
En este marco y a pesar de las dificultades planteadas por el aislamiento y las restricciones impuestas, podemos afirmar que la Mesa de Derechos Humanos se ha consolidado y ha actuado positivamente denunciando las violaciones a los derechos humanos y gestionando y actuando para que sean respetados.
Citaremos algunos algunos ejemplos significativos.
POLÍTICA DE “SEGURIDAD”: la política implementada por el gobierno de Gustavo Sáenz y el ministro del área Juan Manuel Pulleiro, profundizó la represión. Con la excusa de la pandemia, y a través del Decreto 255, otorgaron facultades y potestades extraordinarias a
la policía. La Mesa presentó un recurso de amparo y planteó inmediatamente su derogación. La Corte de Justicia no respondió y el Poder Legislativo no lo trató. Recién cuando se convirtió en ley y por la lucha de las organizaciones sociales y políticas, fue derogada.
VIOLENCIA POLICIAL: se incrementó en el actual gobierno. En los últimos 4 meses hubo 409 denuncias por violencia y 100 policías imputados. Con nuevas formas, disparos a la cara o a las piernas a corta distancia, la policía sigue sumando victimas en los sectores
más vulnerables. Se produjeron represiones a pueblos originarios en el norte de la provincia, a pobladores que reclamaban agua, a asentados, trabajadores y desocupados que protestan, migrantes, vendedores ambulantes, artistas callejeros, a la comunidad
LGTBQI+, etc.
En el marco de la instalación de un discurso de odio y de la justicia por mano propia por parte de diputados provinciales oficialistas como Orozco, Jarsun, Exeni y varios medios de comunicación, se avanza en la incorporación de armas Taser, que rechazamos rotundamente porque representan un peligro más para la comunidad en manos de estas fuerzas de seguridad.
PUEBLOS ORIGINARIOS: la crisis humanitaria que viven es crónica y evidencia la falta de políticas públicas efectivas. La extrema pobreza, la falta de agua potable, viviendas, trabajo, atención de la salud, tierras, los desmontes y fumigaciones y el no respeto de sus
culturas agravan día a día esa situación. La Marcha Histórica que realizaron recientemente para exigir respuesta a sus reclamos ha obtenido promesas por parte del gobierno provincial. La Mesa acompañó a los hermanos originarios y estará pendiente de su cumplimiento efectivo.
VIVIENDAS: el déficit habitacional que se estima en 70 mil viviendas en la provincia, sumado a la crisis económica y la aplicación de protocolos sanitarios que impidieron las ventas ambulatorias y otros trabajos informales, potenció la ocupación de terrenos por parte de numerosas familias que no cuentan con vivienda propia y no tienen recursos para pagar un alquiler. El gobierno provincial, no ha dado respuestas efectivas ni ha concretado planes para la atención de ese derecho humano que es tener un lugar para vivir.
En Salta Capital el asentamiento de Ampliación Parque La Vega con alrededor de 600 familias y 700 niños y niñas es el ejemplo más contundente. Han sufrido represiones por parte de la policía con numerosos heridos y la prisión de su referente Yuthiel Alderete que
fue detenido en un procedimiento irregular con autos y personal sin identificación, torturado y amenazado además de imputado en varias causas amañadas. Alderete sigue detenido y se le denegó el pedido de libertad y la apelación a la prisión preventiva.
Las familias viven en condiciones infrahumanas, en un lugar que no reúne las mínimas condiciones de habitabilidad, sin recibir atención alimentaria, agua y atención médica, por parte del Estado y sobreviven en condiciones precarias gracias a la solidaridad de
organizaciones sociales. La Mesa acompaña estos reclamos y exige solución al gobierno, como también acompañó a las mujeres víctimas de violencia de género asentadas en Los Pinos que fueron desalojadas brutalmente junto a sus hijos. Y denunció que la tenencia y distribución de las tierras en la provincia muestra claramente que SÍ HAY TIERRAS pero que el poder político hace un uso discrecional de ellas para beneficiar a grupos y sectores amigos, y no a quiénes las necesitan.
Denunciamos el aumento de la violencia contra mujeres y el colectivo LGTBQI+, los embarazos de niñas y adolescentes, las niñas obligadas a maternar, nos hacen reafirmar las consignas de: Educación Sexual Integral para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal seguro y gratuito para no morir.
Denunciamos el negacionismo en los niveles gubernamentales y la descalificación de los organismos de Derecho Humanos y sus referentes. Y el duelo provincial decretado por el gobierno por la muerte del ex gobernador de la dictadura y responsable de desapariciones
Roberto Ulloa. El negacionismo es practicado impunemente por dirigentes del espacio de Gustavo Saénz y replicado por los medios de comunicación aliados al mismo y premiados con jugosas pautas publicitarias.
Repudiamos el bloqueo económico impuesto por EEUU a Cuba y Venezuela, y su injerencia promoviendo golpes de estado en América Latina.
Sostenemos nuestras consignas históricas:
-Avance en los juicios por delitos de lesa humanidad.
-Reapertura del Archivo de la Memoria.
-Efectivización del Comité Contra la Tortura.
-Penalización del negacionismo.
-Libertad a los presos políticos.
-NO a la criminalización de la pobreza y la protesta social que se traduce en violaciones a
los derechos humanos: detenciones arbitrarias, represión, torturas, gatillo fácil, armado de
causas judiciales, pistolas Taser, etc.
-NO a la ley antiterrorista.
-NO al pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta que profundiza la miseria y las
desigualdades sociales y subordina al país a las políticas del Fondo Monetario
Internacional.
- No a la baja de la imputabilidad.
- Tierra para vivir.