Después de que desde la Sala I del Tribunal de Impugnación diera a conocer la resolución firmada por el juez Luciano Martini donde resuelve apartar a la fiscal de Derechos Humanos de la provincia, doctora Verónica Simesen de Bielke, de la causa Walter Ezequiel Mamaní, acusado junto a otros cuatro policías de Apolinario Saravia por los delitos de abuso de arma agravado, privación ilegítima de la libertad contra un joven de esa localidad, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicaron un comunicado con cinco consideraciones. Mientras ambas esferas de la Justicia dirimen la verdad, el mismo juez rechazó los recursos de apelación presentados por los defensores de Mamaní, Díaz y Giménez, y seguirán detenidos.
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Después de que desde la Sala I del Tribunal de Impugnación diera a conocer la resolución firmada por el juez Luciano Martini donde resuelve apartar a la fiscal de Derechos Humanos de la provincia, doctora Verónica Simesen de Bielke, de la causa Walter Ezequiel Mamaní, acusado junto a otros cuatro policías de Apolinario Saravia por los delitos de abuso de arma agravado, privación ilegítima de la libertad contra un joven de esa localidad, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicaron un comunicado con cinco consideraciones. Mientras ambas esferas de la Justicia dirimen la verdad, el mismo juez rechazó los recursos de apelación presentados por los defensores de Mamaní, Díaz y Giménez, y seguirán detenidos.
El pronunciamiento efectuado por el magistrado Martini tiene que ver con las acusaciones que la fiscal de DDHH efectuó en contra del auxiliar fiscal de Joaquín V. González, delegación Apolinario Saravia, Sergio Dantur, al estar sospechado de filtrar información al imputado comisario Walter Mamaní. El abogado defensor del auxiliar fiscal, Ricardo Albornoz, presentó un escrito para impugnar dicha acusación fundamentando que el celular que se secuestró y analizó, desde donde surgieran las escuchas entre ambos actores, no es de uso oficial, es decir, no pertenece al Ministerio Público Fiscal, sino que se trata de un teléfono marca Samsung Grand Prime (terminación en 346) que el doctor Dantur tenía para uso personal.
A partir de esto último el magistrado desarrolla una serie de fundamentos con el objetivo de determinar las circunstancias del teléfono celular en cuestión, donde sostiene que de ser "cierta" -que la fiscal de alguna manera mintió en señalar que se trataba de un aparato oficial cuando en realidad era de uso personal- causaría una "injusticia notoria a tenor de los fundamentos del fallo acatado", dicho análisis "es el único y exclusivo objeto del presente".
El juez en su resolución sostiene que los celulares personales, "aún cuando se utilicen para cuestiones laborales", pertenecen y son propiedad de su titular, en consecuencia para "sacarlos del ámbito de custodia e inspeccionarlos" es un requisito "sine qua non" tener una orden judicial. En uno de los puntos el magistrado argulle que la fiscal Simesen ordenó el secuestro del celular con terminación en 346 del auxiliar fiscal sin la orden judicial. Luego, señala, a través de una inspección ocular siguió con la extracción de datos donde surgió el presunto beneficio que el auxiliar fiscal de Anta le otorgó a uno de lo imputados.
Desde el MPF
Frente a lo resuelto por la Sala I del Tribunal de Impugnación que motivó el apartamiento de la causa de la doctora Simesen de Bielke, desde el Ministerio Público Fiscal desarrollaron cinco puntos para "aclarar" la situación. Primero exponen que la fiscal de DDHH nunca solicitó el secuestro del celular en cuestión ni se pidió la extracción de datos. "La medida ordenada por la fiscal consistió en una inspección ocular en los teléfonos de uso oficial por parte del auxiliar fiscal Sergio Dantur y la fiscal penal Yonny Zigarán.
"Fue el propio auxiliar fiscal, Sergio Dantur, quien exhibió como teléfono de uso oficial el celular Samsung Grand Prime terminación 346-, del cual surgieron las conversaciones con el ya imputado Walter Mamaní, por lo que no se trataron de conversaciones que afectaran el ámbito de su "intimidad'", argumentaron desde el MPF.
Desde el ente acusador expresan que el Tribunal nunca solicitó la constancia de legajo de investigación, "de haberlo solicitado, habría arribado a la misma conclusión que la originaria: el teléfono que exhibió el auxiliar fiscal en el momento de la inspección ocular era el único con el que el auxiliar fiscal contaba para llevar a cabo su función". En ese sentido, desde la Fiscalía expresan que el doctor Sergio Dantur en ningún momento de la investigación le dijo al MPF que el teléfono celular era de uso particular.
"Por ello, jamás pudo haber inducido a error la funcionaria del Ministerio Público al Tribunal, al no haber tomado conocimiento sino por la presentación del propio imputado Dantur, que la línea referida era una de carácter particular, pero que la utilizaba en carácter oficial. Tal circunstancia fue conocida con posterioridad e informada al Tribunal, cuando la Dirección de Administración contestó el pedido informando que la línea oficial entregada al auxiliar Dantur era otra y no la que el mismo utilizaba para uso oficial", refiere el punto cuatro.
Por último, el comunicado reza: "De todo lo anteriormente reseñado, puede deducirse fácilmente que existe un claro impedimento a la labor investigativa llevada adelante por la Fiscal, como así también una suerte de amedrentamiento al recto ejercicio de su cargo".
Detenidos
Veinticuatro horas después de haber apartado de la causa a la doctora Simesen de Bielke, el juez de impugnación, Sala I, Luciano Martini, rechazó los recursos de apelación que los defensores de tres de los policías involucrados en la causa habían presentado, en consecuencia Walter Mamaní, Julia Antolina Díaz y Juan Francisco Giménez seguirá con prisión preventiva.
Mamaní y Giménez se desempeñaban como comisario y jefe de dependencia, respectivamente, de la subcomisaría de El Dorado en Apolinario Saravia. En la causa también está imputado el efectivo policial Sergio Luis Carlos Argañaraz.
Mamaní está imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas, en concurso real; Díaz está imputada por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas, en concurso real, y Giménez lo está por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas y coacción, en concurso real.
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