Con la irregularidad de la norma ejecutada por el exintendente Marcelo Lara Gros, la Municipalidad al mando del nuevo jefe comunal, Pablo González, debe enfrentar la devolución del cobro a los contribuyentes por la aplicación de la ordenanza declarada inconstitucional en sendos fallos que Lara no acató en su momento.
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Con la irregularidad de la norma ejecutada por el exintendente Marcelo Lara Gros, la Municipalidad al mando del nuevo jefe comunal, Pablo González, debe enfrentar la devolución del cobro a los contribuyentes por la aplicación de la ordenanza declarada inconstitucional en sendos fallos que Lara no acató en su momento.
La Corte de Justicia de Salta dejó firme el fallo de inconstitucionalidad de la ordenanza tarifaria al rechazar, el pasado 10 de febrero, el recurso extraordinario federal presentado por el exintendente.
Recordemos que en 2017 el exintendente Lara Gros, en connivencia con el entonces presidente del Concejo Deliberante, Rubén Caravajal, junto a los concejales que lo acompañaron, instauraron una nueva tarifar aprobada en medio de un escándalo institucional jamás visto en la ciudad.
Tras las tremendas irregularidades en el proceso de aprobación de la ordenanza, fue denunciado ante la Justicia en una acción popular de inconstitucionalidad presentada por el doctor Domingo Sabag.
Sabag obtuvo una victoria en la Justicia que benefició a todo el pueblo de Orán -por la acción popular- y que Lara debió acatar ante el fallo de primera instancia de junio de 2019.
Sin embargo, el exintendente siguió cobrando hasta que se fue las tarifas ya declaradas inconstitucionales, cuando claramente sus apelaciones "no suspenden efectos de la sentencia", con lo cual debió no solo idear la devolución de los montos percibidos de forma ilegal, sino volver las tarifas a los precios establecidos en la grilla tarifaria anterior.
Lara Gros debió haber acatado el fallo de primera instancia de junio del año pasado. Aun así, el exintendente siguió cobrando las tarifas hasta que terminó su mandato y deberá resolver ahora, ese dinero, la actual gestión.
Aquella ordenanza fue fuertemente cuestionada al momento de su presentación, ya que significó un verdadero tarifazo con un exorbitante incremento de sus valores, a la vez que le otorgó al Ejecutivo la facultad de modificar esos valores cuando la Carta Orgánica reserva ese acto exclusivamente para el Concejo Deliberante.
Por otro lado, la ordenanza fue aprobada mediante evidentes vicios en su proceso de sanción, motivo por el cual Sabag inició también una demanda penal contra Caravajal.