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Jubilados: la eterna variable del ajuste

Miércoles, 19 de febrero de 2020 00:09

En nuestro país, todos los regímenes previsionales se iniciaron bajo el sistema de capitalización. Y fueron exitosos. Un 20 de septiembre de 1904, mediante la ley 4349, se reconoció por primera vez el beneficio previsional para los empleados públicos de la Nación y se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones (por esa razón en esa fecha se celebra el Día del Jubilado). 
Hacia 1940 existía una amplia cobertura también en el sector privado y las Cajas de Jubilaciones, administradas por los interesados, habían logrado gran solidez económica y financiera.
Por iniciativa del Coronel Juan Domingo Perón, el sistema previsional comenzó a ser totalmente estatizado, culminando con la sanción de la ley 14.370, en 1954.
La norma produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen, al asumir la lógica de reparto como principio estructurante. 
De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como forma de financiamiento.
Esto quiere decir, básicamente, que los trabajadores activos deben sostener a aquellos que se retiran del mercado de trabajo por vejez, invalidez o muerte.
Decíamos que el sistema de capitalización había sido exitoso, pero ello hasta que aparecieron, hacia la década del 50, dos temibles vampiros en escena.
El primero de ellos fue la inflación y el segundo, la voracidad de los gobiernos nacionales. 
Desde Perón hasta hoy la inflación no dejó de crecer (licuando los fondos capitalizados) y la angurria de los gobiernos por los fondos previsionales, tampoco se detuvo.

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En nuestro país, todos los regímenes previsionales se iniciaron bajo el sistema de capitalización. Y fueron exitosos. Un 20 de septiembre de 1904, mediante la ley 4349, se reconoció por primera vez el beneficio previsional para los empleados públicos de la Nación y se creó la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones (por esa razón en esa fecha se celebra el Día del Jubilado). 
Hacia 1940 existía una amplia cobertura también en el sector privado y las Cajas de Jubilaciones, administradas por los interesados, habían logrado gran solidez económica y financiera.
Por iniciativa del Coronel Juan Domingo Perón, el sistema previsional comenzó a ser totalmente estatizado, culminando con la sanción de la ley 14.370, en 1954.
La norma produjo un cambio sustancial en la naturaleza del régimen, al asumir la lógica de reparto como principio estructurante. 
De esta forma, el régimen pasó a basarse en la solidaridad intergeneracional como forma de financiamiento.
Esto quiere decir, básicamente, que los trabajadores activos deben sostener a aquellos que se retiran del mercado de trabajo por vejez, invalidez o muerte.
Decíamos que el sistema de capitalización había sido exitoso, pero ello hasta que aparecieron, hacia la década del 50, dos temibles vampiros en escena.
El primero de ellos fue la inflación y el segundo, la voracidad de los gobiernos nacionales. 
Desde Perón hasta hoy la inflación no dejó de crecer (licuando los fondos capitalizados) y la angurria de los gobiernos por los fondos previsionales, tampoco se detuvo.

Botín de todos los gobiernos

Perón, ya en el año 1974, decía que la jubilación en manos del Estado era un robo. Pero no lo decía para favorecer el nefasto sistema de capitalización que años más tarde implementaría Domingo Cavallo, sino para que volvieran a manos de los propios interesados. 
El mismo Perón durante la crisis económica de 1952, tímidamente, recurrió a financiar el Estado con fondos de las Cajas de Jubilación.
Pero fue la llamada Revolución Libertadora la que inició, en 1956, el saqueo sistemático de los fondos previsionales. Siguió Frondizi (1958) quien, junto a su ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, lanzó el empréstito de recuperación nacional, (bonos patrióticos 9 de Julio; conocidos en la jerga cordobesa como “vó no vais a cobrar”)
Alzogaray consolaba a los jubilados con su famosa frase “Hay que pasar el invierno”. Todos los gobiernos sin excepción, se apropiaron de fondos previsionales para destinarlos a otros fines. 
El gobierno de Cristina Kirchner no solo se apoderó de los fondos acumulados por las AFJP (unos cien mil millones de pesos de esa época, año 2008) sino que en forma absolutamente irresponsable duplicó la nómina de jubilados con 3.577.896 personas (muchos que no habían hecho aportes, podían no haber trabajado en su vida y quizá gozaban de un holgado patrimonio). Ello agravó en forma descomunal el ya desequilibrado sistema.
Mauricio Macri y Alberto Fernández, cual ballet sincronizado, dieron idénticos pasos y realizaron similares contorsiones para hacerle creer a la sociedad que sus medidas favorecían a los jubilados (siendo que les birlaban 100 mil y 60 mil millones de pesos, respectivamente).

Cumplir la Constitución

Los argentinos estamos enfermos de anomia; una variedad de la anemia que nos debilita sin permitirnos advertir que tenemos normas sanas y vigorosas que nos sacarían de nuestra postración. 
Es notable que todas las voces de protesta contra la medida del gobierno de AF, ninguna ha recordado la contundente disposición de la Constitución Nacional (artículo 14 bis) que ordena que los organismos de la seguridad social estén “administradas por los interesados con participación del Estado”. 
Si el sistema lo administraran los propios interesados (jubilados trabajadores y empresarios) bien se cuidarían de que se desviaran fondos, se otorgaran jubilaciones de privilegio o se concedieran prestaciones por montos exorbitantes.
Por otra parte, si los gobiernos (también sindicatos y empresas) se preocuparan por una definitiva erradicación del trabajo clandestino sencillamente duplicarían los ingresos al sistema previsional y de las obras sociales.
 

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