Unos 2.400 policías están afectados a las consignas por casos de violencia de género. Deben cubrir 800 pedido: 750 fijas, es decir, asignadas a un lugar y 50 personales, de seguimiento a la víctima. Los efectivos dividen la cobertura en tres turnos, de ocho horas cada uno.
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Unos 2.400 policías están afectados a las consignas por casos de violencia de género. Deben cubrir 800 pedido: 750 fijas, es decir, asignadas a un lugar y 50 personales, de seguimiento a la víctima. Los efectivos dividen la cobertura en tres turnos, de ocho horas cada uno.
Días atrás cobró fuerza la versión de que se reduciría la cantidad de personal para vigilancia de víctimas de violencia, incluso hubo un planteo de preocupación del Consejo Asesor de Fiscal
El Ministerio de Seguridad, por su parte, asegura que quiere utilizar más dispositivos como pulseras y botones antipánico. No obstante, aún son escasos los recursos. Hay 101 botones antipánico y 55 pulseras de sistema dual activas, monitoreadas desde el Sistema de Emergencias 911, según datos proporcionados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia.
Días atrás, el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro difundió que gestiona la obtención de más dispositivos.
Los dispositivos duales están compuestos por dos rastreadores y una tobillera. Uno de los rastreadores es utilizado por la víctima y el otro, junto a la tobillera (los cuales deben permanecer juntos), por el agresor. Por medio de un software las parejas activas son monitoreadas de manera constante por personal capacitado. El 3 de marzo de 2017 se recibió el primer oficio.
Al ser consultada por el tema, Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM), respondió: "En nuestro informe anual hicimos un análisis de un mapa de la asistencia a personas que atraviesan situaciones de violencia. Indicamos que hay que trabajar de forma articulada e integral en la asistencia, lo que implica que cada situación requiere un análisis particular. No podemos decir que a todo el mundo hay que otorgarles tobilleras o botón antipánico porque hay situaciones que realmente requieren la presencia de un personal especializado en el domicilio".
Y destacó la importancia de que en los casos en que sea necesario, dicho personal no solamente pueda estar parado en la puerta sino que pueda conocer el entorno de la persona y la casa. "Que pueda conocer si es un lugar aislado, si el agresor puede entrar por atrás de la vivienda y que pueda tener control de esa situación. En otros casos con un botón es suficiente pero para eso se necesita conocer las pautas de alarma, tener información y del personal capacitado en las fuerzas de seguridad que es otra de las falencias que nosotras marcamos", sostuvo.
Pulleiro, en un comunicado, consideró que la presencia permanente de consignas "son invasivas" para la víctima y remarcó que se trabajará para ofrecer "medidas rápidas". Planteó que hay un importante porcentaje de efectivos que cumplen servicio de consigna ordenado por la Justicia por tiempo indeterminado. Hizo notar que se trata en muchos casos "de agresores ya detenidos". "Ante esta complejidad que afecta a la seguridad pública".
Declercq recalcó: "No está puesto el acento en si reducimos el personal o lo aumentamos porque eso se limita a una cuestión de números y cuando hablamos de víctimas de violencia de género hablamos de personas y estamos pensando en una atención integral que tiene que estar acompañada obviamente de un presupuesto pero éste no puede estar limitado. Las decisiones políticas respecto a las políticas públicas no pueden tomarse en cuenta a la limitación del presupuesto sino en función de decisiones pensadas".
"Si se crea el Observatorio, si hacemos informes anuales, si en los mismos justamente hablamos de las consignas policiales y del abordaje integral, sería muy útil para cuando se toman este tipo de decisiones que el Gobierno anuncie que ha sido asesorado por el OVcM porque somos el organismo que puede dar ese apoyo técnico. Somos especializadas en eso", hizo hincapié.
Hace unos días el OVcM mantuvo dos reuniones con autoridades provinciales: una vinculada a datos estadísticos y otra de coordinación con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Seguridad.
"En ambas se mencionó las dificultades para cubrir con personal policial las consignas y se mencionaron algunas ideas alternativas", detalló Declercq.
Ante un caso de violencia de género, según la ley, deben intervenir las áreas de Derechos Humanos, Seguridad y Justicia.
“Si esos tres organismos trabajasen articuladamente que es una de las deficiencias que nosotros detectamos y remarcamos en el informe, se podría tener un diagnóstico más certero y se podría decir si esa persona realmente necesita consigna en la casa o si con un botón alcanza. Tengo entendido que hay deficiencia en la cantidad de botones y pulseras”, manifestó Declercq.
Con relación a las vías de solución de la problemática en cuestión, la directora del OVcM, respondió que: “Por un lado es fundamental que se articule la asistencia, es decir, que realmente sea integral para las personas que sufren violencia, que cuando la Justicia tome una determinación enseguida esté en comunicación con Derechos Humanos y Seguridad”.
Por otro lado, señaló la importancia de que “se haga público el presupuesto destinado a violencia porque nosotros tenemos una Ley de Emergencia y ésta implica un plan y un presupuesto. No tenemos ni plan, ni presupuesto. La emergencia por violencia de genero lleva más de cuatro años entonces necesitamos hacer visible que presupuesto esta destinado para la misma, cómo se va a trabajar, qué políticas públicas se van a destinar. No se puede hacer políticas públicas sin presupuesto”, finalizó.
Pulleiro solicitó avanzar en protocolos de evaluación de riesgo, ante denuncias por violencia de género a fin de que la medida adoptada al caso sea la correspondiente a cada circunstancia planteada, entendiendo que no en todos los casos la respuesta debe ser consigna policial.
Consigna para acusado de violencia
La jueza de Violencia Familiar y de Género 2 puso custodia para un hombre.
La vivienda donde ocurrió el femicidio, pese a la consigna.
Por primera vez, la Justicia estableció custodia policial para un victimario. La jueza de Violencia Familiar y de Género 2, Noemí Valdéz, resolvió, días atrás, una cautelar y ordenó una consigna fija por el plazo de 20 días para un hombre que ejercía violencia de género contra su expareja y que había violado una perimetral y medidas como la prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia.
El pedido de custodia para el hombre violento había sido efectuado por Patricia Aguirre, abogada de la víctima. El juzgado hizo lugar a su fundamento.
Previamente, en la resolución consta que “se efectuó comunicación al Sistema de Emergencias 911 a fin de requerir botón de pánico o dispositivo similar de protección, informándose que no cuentan a la fecha con disponibilidad habiendo espera de otros casos”.
En consecuencia, se ordena “intimar al Sistema de Emergencias 911 para que con carácter de muy urgente haga entrega de botón de pánico a la señora”.
Finalmente se ordena implantar la consigna fija en el domicilio del acusado.
Luz roja
El femicidio de Liliana del Valle Flores (25) a manos de Hedgar Exequiel Almirón (31), su exesposo y agente policial, que se quitó la vida, ocurrido el 24 de diciembre de 2018, alrededor de las 7, en el barrio Los Paraísos de Cerrillos, pese a que a ella se le había asignado una consigna policial, encendió una luz roja sobre la responsabilidad del Estado y puso la problemática de la consignas policiales bajo la lupa.
Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres marcaron gran preocupación por el caso. “Nos preguntamos cómo ocurre que un agente de la Policía, con su arma y pese a una custodia, comete el femicidio de la expareja”, había expresado en aquel entonces Ines Bocanera, vicepresidenta del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM).
“La preocupación surge también por la responsabilidad de un Estado que había designado una consigna, que a la vez tiene la responsabilidad de retirar el arma a un agente que estaba denunciado por violencia ya que esa misma noche se hizo una denuncia sobre amenazas. Considero que lo que más nos aqueja es que este femicidio era evitable y sin embargo pasó. Estaban todas las herramientas dadas para que esto no se diera pero ocurrió igual, por eso la responsabilidad”, había hecho hincapié.
Comisión de Enlace Institucional
El procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso la creación de una Comisión de Enlace Institucional entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad de la Provincia con el objetivo de mejorar la comunicación y articular acciones.
La comisión dependerá de la coordinadora general de la Procuración, Ana Carraro, y estará integrada por la directora del CIF, María Luján Sodero Calvet; el director del Departamento de Investigaciones del CIF, Omar Dávila; la fiscal penal 1 de Violencia de Género, Claudia Geria, y el fiscal penal de Unicroh, Pablo Rivero.
Las funciones de la comisión fue uno de los temas abordados ayer, en un encuentro con la jefa de Policía de la Provincia, comisaria general Norma Morales.
Durante el encuentro, el procurador destacó la necesidad de articular las políticas de actuación entre el Ministerio Público Fiscal con otros organismos, lo que permitirá generar canales de comunicación más eficientes para la defensa de los intereses de la sociedad.
Cornejo afirmó que la existencia de las comisiones de enlace entre los organismos propiciará el contexto de colaboración institucional, indispensable en la investigación criminal y la protección de víctimas de violencia familiar y de género, entre otras.