Elizabeth Cristina Ferrer es médica especialista en Salud Pública, se desempeñó en hospitales del interior de la provincia, fue instructora de residentes y desde hace 18 años es docente en la Universidad Nacional de Salta. En el año 2018 lideró un trabajo de investigación que se focalizó en el área operativa VIII, correspondiente al hospital de la localidad de Santa Victoria Este, con influencia en toda esa zona del departamento Rivadavia Banda Norte.
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Elizabeth Cristina Ferrer es médica especialista en Salud Pública, se desempeñó en hospitales del interior de la provincia, fue instructora de residentes y desde hace 18 años es docente en la Universidad Nacional de Salta. En el año 2018 lideró un trabajo de investigación que se focalizó en el área operativa VIII, correspondiente al hospital de la localidad de Santa Victoria Este, con influencia en toda esa zona del departamento Rivadavia Banda Norte.
Mediante una beca que obtuvo junto a un grupo de profesionales, durante 13 meses realizaron un trabajo en los casi 26.000 kilómetros cuadrados del departamento más extenso y más pobre de la provincia de Salta para conocer la situación sanitaria, epidemiológica, social y medio ambiental de las familias tanto criollas como aborígenes que residen en esa región del norte de la provincia de Salta. Las referencias, los datos que maneja esta profesional que reside en Salta desde 1986 dan cuenta del conocimiento cabal que tiene de la extensa zona del norte de la provincia, pero a pesar de eso jamás fue consultada por autoridades del gobierno anterior ni del actual .
¿Cómo surgió la iniciativa de hacer una investigación referida a la situación sociosanitaria y nutricional de los niños del Chaco salteño?
Nosotros postulamos para la beca “Salud investiga Dr. Abraham Sonis” del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Elegimos aplicar el proyecto en Santa Victoria Este porque se trata de una zona difícil, con una población que mayoritaria corresponde a pueblos originarios de diferentes etnias. Trabajamos en terreno por el término de 13 meses y una vez concluído elevamos el trabajo al Ministerio de Salud Pública de la Nación. Como los resultados eran verdaderamente alarmantes le enviamos una copia completa de la investigación al Dr. Roque Mascarello, ministro de Salud Pública de la Provincia, y a la Sra. Edith Cruz, que era ministra de Asuntos Indígenas. Esperábamos que pudieran convocarnos para ampliar la información allí consignada, analizar las causas y posibles soluciones. Pero nunca tuvimos de estos exfuncionarios ni una sola inquietud.
¿Ud. cree que la situación era desconocida a nivel ministerial?
No, de ninguna manera, porque a través del programa de APS (atención primaria de la salud) se presenta un censo actualizado de las condiciones en las que se encuentran los integrantes de cada familia. En esos trece meses que trabajamos en la zona tuvimos la oportunidad de estar presentes en algunas entregas de bolsones con alimentos que se hacían cada cuatro meses y que por lógica a las familias no les alcanzaba para nada, porque la familia extendida como son las de los originarios (abuelos, padres, hijos, nietos) consumía esos alimentos en 3 o 4 días. Había amplias zonas descubiertas del agente sanitario, como toda el área de Santa María, Misión Anglicana, Pozo La Yegua, lugares donde hacía dos años no iba un agente sanitario. Además de que lo comentaba la misma gente, el dato se desprendió del hecho que los niños hasta los 2 años no tenían carné de vacunación ni control de peso y talla ni ningún otro dato. Al averiguar en el hospital de Santa Victoria se nos explicó que había muchos agentes sanitarios que estaban con carpeta médica por largo tratamiento y que otros eran punteros políticos y no iban a trabajar, pero nada se podía hacer al respecto.
¿Por qué existe esa desatención por parte de salud pública en zonas de tanta vulnerabilidad social?
Esto sucede porque a medida que el sistema se aleja de Salta capital la presencia del Estado se va diluyendo. Estos lugares alejados, de frontera, tienen una población que no reclama o que se cansó de reclamar, nunca fueron escuchados y sufre en silencio. Si hacen una protesta no afecta a nadie porque ni los colectivos van con frecuencia. No es lo mismo reclamar en la ruta provincial 54 que en la nacional 34, donde al momento los funcionarios están avisados porque la afectación que una medida de protesta produce es mucho mayor. Otra de las razones es que el Estado provincial no ha hecho inversiones y el municipio recibe escasos recursos económicos. Por otro lado, las autoridades legislativas de la zona, que están hace años ocupando un cargo, no han logrado modificar la dura realidad de esas comunidades. El exgobernador Urtubey manifestó hace una semana que se invirtieron 250 millones de dólares en esa zona, pero en la realidad eso no se vé. Se ven caminos intransitables que en realidad son huellas, lo que se vé es que la gente cuenta como mucho con una moto por comunidad y allí muchas veces tienen que trasladar a sus familiares enfermos hasta el hospital de Santa Victoria, que en ocasiones mueren en el trayecto.
¿Cómo debería funcionar el sistema de salud en estas áreas?
Cuando las poblaciones están tan dispersas como sucede en el departamento Rivadavia un grupo de médicos debe permanecer en el hospital de cabecera para atender la demanda espontánea y los pacientes internados; pero tiene que contar también con un equipo itinerante con visitas planificadas, de manera que los pobladores que están dispersos ya sepan qué día va quien hace controles prenatales, cuando toca que llegue el nutricionista a hacer el control de los niños que están en riesgo nutricional, cuando llega la leche o las vacunas, qué día va el odontólogo con un equipo electrógeno. La organización debe ser distinta a la de capital o de una ciudad.
¿Alguna vez se trabajó de esa manera en la provincia de Salta?
Yo ingresé a trabajar en salud pública en esta provincia en 1985, cuando era ministro el Dr. Enrique Tanoni. Trabajé 7 años en Rivadavia Banda Sur y a pesar de ser personal único salíamos con la enfermera y los agentes sanitarios en visitas programadas, porque hay personas que no van al hospital, por lo tanto el personal de salud tiene que llegar a ellas. Así se trabajaba en esos años pero lamentablemente la salud pública se vino deteriorando con todos los gobiernos posteriores. En Santa Victoria Este he visto que los agentes sanitarios no tenían cómo pesar a los chiquitos, cuando la balanza es un instrumento esencial en la visi ta.
¿Cómo influyó el avance de la frontera agrícola en la pauperización de los pueblos ancestrales?
La extensión de la frontera agrícola ha sido muy grande en todo el norte. Las comunidades originarias han sido expulsadas de los lugares que ocupaban, ya que se transformaron en grandes campos sojeros y para la cría de ganado mayor, como sucede a lo largo de la ruta nacional 81. En Ballivián la familia Peña Brown tomó los campos de las fincas Cuchuy y Corralito, y las comunidades han terminado hacinadas en un predio de 92 hectáreas al costado de la ruta 34. Con recursos del Fondo de Reparación histórica le pusieron un solo tanque para cada comunidad, pero actualmente las mangueras están rotas y el agua que les llega está contaminada. No pueden recorrer el monte porque está todo cercado y los guardias los amedentran con escopetas. Su fuente de agua y de alimento no existe más.
¿Qué resultados tiene el trabajo de fundaciones y organizaciones?
Yo diría que habría que apoyar el pedido de la legisladora por el departamento San Martín la Dra. Gladys Paredes, que pidió que se investigue y se informe respecto de los fondos que se giran a organizaciones y fundaciones, porque el accionar de las mismas tiene muy poco impacto positivo en esas poblaciones vulnerables.