La oportuna intervención del gobernador Gustavo Sáenz facilitaría llegar a un acuerdo en el proceso judicial de ejecución contra la Asociación de Jubilados de Rosario de Lerma, debido al juicio perdido hace tres años por falta de pago de los honorarios a una enfermera que reclamó una indemnización 800 mil pesos.
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La oportuna intervención del gobernador Gustavo Sáenz facilitaría llegar a un acuerdo en el proceso judicial de ejecución contra la Asociación de Jubilados de Rosario de Lerma, debido al juicio perdido hace tres años por falta de pago de los honorarios a una enfermera que reclamó una indemnización 800 mil pesos.
La sentencia con fecha de mayo del 2018 se actualizó con estos valores, pero los referentes de esta institución jamás se anoticiaron de semejante problema. Tras una serie de gestiones encaradas por el abogado Juan Gutiérrez, se obtuvo el apoyo del gobernador Sáenz en persona para destrabar la ejecución que amenazaba con el remate del inmueble de la Asociación de Jubilados de 10.000 metros cuadrados y ubicada en pleno centro en la calle 9 de Julio de esta ciudad.
"Tenemos la palabra del gobernador Sáenz de su pronta intervención para salvar la institución. Nuestro abogado intervino tanto en el aspecto judicial como también en su acercamiento al Gobierno. Por un lado se pagará la deuda en un porcentaje importante, mediante un acuerdo alcanzado con el abogado de la otra parte, es decir la enfermera que ganó el juicio", contó Carlos Báez, presidente de esta institución.
Precisamente a partir de la publicación en El Tribuno de este caso, en mayo de 2019, se ventilaron los pormenores del juicio, la insólita rebeldía de un expresidente de la sede de los jubilados que derivó en un juicio del que nadie estaba enterado, y cómo en estos meses algunos funcionarios locales se aprovecharon de las circunstancias para usar políticamente a la institución.
"Lamentablemente a partir del conocimiento público de nuestro juicio perdido y las consecuencias que traería, no hubo quién no se aproveche de nuestra situación. Dijeron que nos donarían sus sueldos, entre el ejecutivo y los concejales, también organizaron corsos a favor de nuestra institución, pero la verdad es que, a esta sede y a su cuenta, nunca nadie depositó nada. Ni un peso, solo promesas", dijo molesto Báez.
Juntar de a pesito
Apenas los abuelos pudieron juntar algo de dinero con rifas y otras actividades. La cifra a pagar por la sentencia es de aproximadamente un millón de pesos, y los abuelos apenas recaudaron 20 mil pesos.
La sede fue fundada en 1985 de esta ciudad. Sus instalaciones, amplias y confortables para los jubilados, siempre fueron catalogadas como un ejemplo de asociación para los adultos mayores. En su comedor diario almuerzan 120 abuelos. Realizan actividades recreativas y organizan eventos. Participan de talleres y tienen hasta hospedaje en el actual edificio. También reciben una canasta de mercadería.
Acuerdo entre las partes
El abogado Juan Gutiérrez, en diálogo con El Tribuno, explicó en su oportunidad que asume "la representación previa asamblea donde queda en claro que el entonces presidente Mario Barrionuevo formaliza consulta dos meses después del plazo vencido para la Asociación".
"Esto significó que ya estaba la institución en rebeldía declarada, el final era obvio, iban a hacer lugar a la demanda a favor de la enfermera Guitián (Aidé). No quedaba otra alternativa que buscar dilatar el proceso hasta que los jubilados pudieron recaudar fondos para cancelar el crédito reclamado en juicio".
Luego de tres años, finalmente recae la sentencia en contra de la institución, al no haber posibilidad de revertir la situación y conscientes de que una apelación implicaría aumentar las costas y honorarios, la Asociación de Jubilados notifica de la necesidad de recaudar fondos.
"No logran el objetivo, y la actora inicia un proceso de ejecución en donde también solicitamos suspensión de remate, no de falta de procedencia de la ejecución, pues al ser de orden público el crédito obtenido por la actora, se pretendía que garanticen de otra forma el crédito y no con el inmueble, sin embargo el juzgado resolvió continuar con el proceso".
En estos meses el abogado Gutiérrez, por su acercamiento al gobernador Gustavo Sáenz, consigue acercar toda la historia de la institución en este caso. El mandatario salteño encomendó una comisión de seguimiento de este proceso judicial para finalmente decidir hacerse cargo la Provincia del 80 por ciento del acuerdo alcanzado entre la demandante y la asociación de jubilados.
"Personalmente el gobernador Sáenz dio instrucciones de que la Provincia absorba un porcentaje importante de la deuda devenida de la sentencia judicial. Ya se acordó con la otra parte, y se aceptó. Ahora la institución estará abocada a buscar lo que falta de dinero y así evitar el remate que amenazaba con hacer desaparecer la institución", finalizó el letrado.
Sacar tajada de todo, hasta de los viejos
Luego de ventilarse que el expresidente de la institución, Mario Barrionuevo, nunca hiciera caso a los llamados judiciales que luego originaron la sentencia en contra, renunció como integrante de la asociación de jubilados.
“Desde que se conoció nuestro drama, no hubo quién no se aproveche de la situación. Dijeron que nos donarían sus sueldos, entre el ejecutivo y los concejales, también organizaron corsos a favor de nuestra institución, pero la verdad es que a esta sede y a su cuenta no llegó un peso”,dijo Báez.