Luego de publicado el decreto del Gobierno que prohibió despidos y suspensiones por 60 días, desde el sector empresario cuestionaron la extensión de la medida y también la falta de otras alternativas de apoyo desde el Estado que les permitan sostener el pago de salarios de sus empleados frente a la falta de actividad.
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Luego de publicado el decreto del Gobierno que prohibió despidos y suspensiones por 60 días, desde el sector empresario cuestionaron la extensión de la medida y también la falta de otras alternativas de apoyo desde el Estado que les permitan sostener el pago de salarios de sus empleados frente a la falta de actividad.
"La medida de suspender los despidos se justifica en situación de catástrofe. Filosóficamente, no comparto la suspensión de los despidos. La entiendo por la situación, pero no entiendo por qué es por 60 días y no hasta que termine la cuarentena", señaló Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) en declaraciones a radio Rivadavia.
Los dueños de pequeños comercios consideraron que, en la práctica, el decreto no va a tener ningún efecto. "Ningún empresario despide porque se le antoja, siempre hay una causa justificada. Pero por más decreto o leyes que haya, el comercio que está en esta situación de crisis después de tantos días cerrados, sin flujo de caja, puede haber una quiebra y los despidos van a ser automáticos. El asalariado va a tener que ir a la Justicia a reclamar porque el empleador no va a tener los fondos", explicó un empresario del sector comercial. Por eso, desde las pequeñas empresas vinculadas al comercio solicitaron al Gobierno la oferta de créditos a tasa cero para poder pagar salarios.
El presidente Alberto Fernández había cuestionado públicamente a los empresarios que decidieron despedir a trabajadores en medio de la pandemia de coronavirus y el parate económico producto del aislamiento social obligatorio.
Desde el sector de aerocomercial y de turismo -uno de los más golpeados y paralizados por los efectos de la pandemia- señalaron que siguen a la expectativa, en el caso de que el proyecto de baja de aportes pueda resultar de ayuda para esa industria y les permita contener los ingresos de los empleados y resistir por lo menos seis meses, hasta que haya un repunte de actividad.
Según explicó Julián de Diego, especialista en derecho laboral, la intención del Gobierno es que las empresas apliquen el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo -incorporado en 1996-, un mecanismo que les permite, en la crisis más profundas, pagar una parte del salario como no remunerativo y no producir despidos. La empresa tiene que negociar el porcentaje del salario bruto que va a pagar a sus trabajadores como no remunerativo (no se contabiliza para aportes, aguinaldo, entre otros ítems), puede ser 50% o 60%.
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