Miedo. Es lo que siente la sociedad que ve cómo sus agresores pasados, que fueron enjuiciados y condenados, pueden volver a pisar las calles en libertad amparados en condiciones médicas frente a la pandemia.
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Miedo. Es lo que siente la sociedad que ve cómo sus agresores pasados, que fueron enjuiciados y condenados, pueden volver a pisar las calles en libertad amparados en condiciones médicas frente a la pandemia.
Distintas organizaciones que agrupan a víctimas de violencia ya hicieron conocer su rechazo a las libertades que se están otorgando y el conflicto fue escalando hasta pasar por el Congreso, los tribunales y llegar al presidente Alberto Fernández.
El miedo no es zonzo. Miles de mujeres que vieron su integridad vulnerada por maltratadores o sufrieron la humillación de una violación se estremecen de solo imaginar que sus victimarios estarán sueltos. Incluso hay denuncias de mujeres que recibieorn amenazas.
El tema saltó a los medios de comunicación a partir del fin de semana pasado, cuando reclusos del penal de Devoto realizaron un violento motín y luego de enfrentarse con los guardiacárceles destruyeron parcialmente el penal.
Los amotinados tenían un pliego de reivindicaciones y pidieron parlamentar. Sus representantes y negociadores no son ladrones de gallinas. Uno de ellos es un asesino serial, de buenos modales y de familia de clase media.
El primer reclamo: nadie quería ser trasladado de su lugar de detención. La "negociación" terminó con la firma de un acta. Según el documento, las autoridades se comprometieron a conformar "un equipo interdisciplinario a los fines de priorizar la revisión y estado de los trámites administrativos y judiciales vinculados a los subgrupos descriptos en las acordadas judiciales de las Cámaras de Casación Federal y Nacional".
El reclamo se extendió y el lunes alrededor de 100 internos del penal Boulogne Sur Mer de la ciudad de Mendoza subieron a los techos de la cárcel para reclamar beneficios -entre ellos la prisión domiciliaria- frente a la pandemia por coronavirus.
Ni bien comenzaron las primeras liberaciones de presos el tema encendió las alarmas en la política, que en estos momentos tiene la difícil tarea de hacer frente a una pandemia y a una crisis económica formidable.
El primer cruce fuerte salió de boca del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Mazza, quien advirtió sobre la realización de juicios políticos a los jueces que liberen delincuentes sin darle vista, previamente, a las víctimas.
"Aquellos jueces que no den vista a la parte, a la víctima del delito y que procedan a la liberación de delincuentes, van a ser pasibles de inicio de juicio político por parte del cuerpo de abogados de la Oficina de Víctima del Congreso", aseguró Massa en declaraciones públicas.
La polémica no paró allí, el presidente Fernández explicó el lunes que "las cárceles son un lugar de concentración humana muy riesgosa. El contagio y la contaminación pueden darse con muchísima facilidad", detalló con el convencimiento de quien defiende una causa y se mostró a favor de las "libertades restringidas" con dispositivos electrónicos para controlar a los detenidos fuera de las cárceles.
"Intento que podamos controlarlo de manera racional, pero no es un problema solo de la Argentina", dijo Fernández en una entrevista radial y pidió "seriedad" a la oposición para tratar el tema.
Rechazo
Y los opositores no se hicieron esperar. El PRO y la UCR expresaron ayer, por separado, su oposición a la liberación "masiva" de presos "que generen riesgos a la sociedad y a sus víctimas", consideraron que "tienen que cumplir sus condenas" y opinaron que "los que tengan preventiva deben seguir detenidos hasta tanto desaparezcan los peligros procesales que justifican que estén encarcelados".
En tanto ayer el Colegio de Magistrados y funcionarios judiciales de la provincia de Buenos Aires reclamó que la liberación de presos de las cárceles bonaerenses ante la pandemia por el coronavirus sea "prudente", y pidió que no se le otorgue ese beneficio a homicidas, violadores y autores de delitos graves.
A partir de las primeras liberaciones las organizaciones que agrupan a víctimas de hechos de violencia alzaron su voz.
El Observatorio de Víctimas, por ejemplo, mantuvo ayer una reunión con Massa, a quien le trasladó su reclamo de "que estudien caso por caso antes de liberarlos".