En Salta se ha vuelto un calvario ser sospechoso de tener COVID-19 y ser señalados solo por ser (mal llamados) repatriados internos cuando se regresa al hogar después de mucha gestión y de mucho ruego. Algunos sin tener este virus y solo por venir de otra provincia son discriminados. Otros aún aislados están sin ver a sus familias hace varios meses.
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En Salta se ha vuelto un calvario ser sospechoso de tener COVID-19 y ser señalados solo por ser (mal llamados) repatriados internos cuando se regresa al hogar después de mucha gestión y de mucho ruego. Algunos sin tener este virus y solo por venir de otra provincia son discriminados. Otros aún aislados están sin ver a sus familias hace varios meses.
La paranoia colectiva surte efecto negativo en todas estas personas, que esconden sus rostros, ausentándose de la realidad porque es peligroso para su integridad y la de sus familias.
Los casos de Débora, una joven estudiante de Chicoana, y del enfermero Pablo Ríos, de El Carril, son tremendos. Muestran la crueldad de la sociedad, sin empatía y con falta de criterio.
"Desde enero no puedo ver a mi familia, no tengo trabajo, pasé por tres aislamientos y mi estado emocional es crítico. Nadie nos ayuda, estamos desamparados, y todavía mi familia debe sufrir discriminación solo porque estoy en cuarentena", así cuenta su padecer el enfermero Pablo Mauricio Ríos de El Carril.
Se fue en enero pasado a San Cruz porque le habían ofrecido un trabajo en un equipo de salud de una empresa de exploración petrolera. Por colaborar para atender a gente con coronavirus, fue aislado en Las Horquetas, un paraje situado en la ruta 5, de allí pasó a Río Gallegos y otra vez fue aislado por venir de un lugar de circulación del virus.
Lo mandaron a Laguna Azul, y cuando todo parecía que podía volver con su familia a El Carril, apenas llegó a Aunor a la zona cero de los controles en Salta, fue derivado por tercera vez a un aislamiento.
"Ya no lo soporto. Mi mujer debió venirse a Salta capital con mis dos hijas para poder cocinarme algo caliente. Todo porque la Municipalidad nos envía la comida recorriendo 35 kilómetros. Es insólito. Nuestras familias tienen tiempo hasta las 11 de la mañana para dejar la vianda en la Municipalidad y de ahí en una camioneta traen a todos los aislados la comida. Es inconcebible, tuve que pedir un psicólogo por un programa de radio, porque nos tienen desprotegidos", alertó el enfermero.
Por el amor de su mujer ahora puede comer algo caliente todos los días. Pero el dinero escasea. No tiene trabajo y no sabe cuándo termina su aislamiento. "No tengo síntomas, estoy con un montón de gente de El Carril en este aislamiento lejano de nuestras casas, porque un grupo de vecinos se opuso a la llegada a nuestro pueblo de los repatriados".
Ríos se quiebra mientas habla con El Tribuno, "estoy emocionalmente mal, hace dos días me mandaron un psicólogo. Estoy aislado, mi familia está mal porque estamos seguros que cuando retorne a mi casa, además de no encontrar trabajo nos van a discriminar, solo por ser repatriado, ni siquiera tengo el virus. Yo me manifiesto porque soy enfermero y mi profesión, la cual desempeño con mucho amor y pasión, me obliga a hacerlo, para que otra persona no pase lo mismo que estoy pasando yo".
Certificado sin sello
El caso de la joven de 23 años que llegó de Tucumán a Chicoana y que debió soportar la discriminación y mal trato en las redes sociales y con comunicadores de radios locales, también es la muestra de la intolerancia social que reina por estos días. "Cumplí con el aislamiento obligatorio desde el 17 de abril al 1 de mayo. Recibí el alta del hospital, a raíz del hisopado que dio negativo. Hoy cumplo la cuarentena como cualquier ciudadano común, pero salgo a hacer compras, y sigo siendo discriminada. Hay gente que me ve y se cruza de vereda. Otros que se apartan cuando llego a un lugar". La joven estudiante sentencia "no solo es la gente, es el sistema de salud, a mí me dieron un certificado de alta médica hecho con una lapicera. No tiene sello del hospital, de hecho me lo dio el médico de la guardia. Cuando fui a retirarlo estaba el epidemiólogo y me dijo que tenía que pedirle a la gerenta que me den un certificado formal, que me llamarían, pero nunca lo hicieron".
Después del caso de la joven con coronavirus de Rosario de Lerma que fue atacada y maltratada en un claro retroceso de la civilización, la mayoría de los aislados no quiere hablar ni dar datos de sus familias. Tienen temor a posibles represalias sociales, sin sentido y cargados de intolerancia.
¿Y el ciudadano oriental que llegó a Tartagal?
Cuando dijo que era chino se le fueron todos “al humo” y activaron el protocolo.
En horas de la tarde del miércoles un sector céntrico de la ciudad se vio alarmado cuando alrededor de las 17 horas personal policial, ambulancias y personal de salud pública literalmente rodearon un supermercado chino ubicado sobre la avenida 24 de Septiembre, entre calles Alberdi y Warnes.
Algunos clientes que llegaron hasta el local comercial llamaron a la Agencia Tartagal de El Tribuno para advertir que el supermercado El Oriental había sido cerrado y que uno de los propietarios o encargados era llevado en una ambulancia en medio de un gran operativo.
Pero momentos más tarde los empleados del local mostraron su bronca con el proceder de quienes tienen a su cargo activar el protocolo de COVID-19 en Tartagal.
Un joven que permanecía en las puertas del local cerrado y que pidió no identificarse “por temor a que me lleven a mí tambien”, manifestó su versión de los hechos.
“No sé qué irá a decir la Policía o el hospital, pero lo que sucedió fue lo siguiente: uno de los dueños del súper llegó de viaje desde Salta, donde estuvo todo este tiempo en casa de unos familiares; pero cuando regresó a Tartagal y prácticamente después de pasar la provincia de Jujuy nadie lo revisó, le tomó la temperatura ni le preguntó de dónde venía. Él mismo, como una persona responsable, llamó al 911 y avisó que acaba de llegar, para no tener problemas después”.
Agregó: “Cuando dijo que era chino se le vinieron todos al negocio y se lo llevaron para que haga el aislamiento obligatorio. Cerraron el súper y ahora nadie puede trabajar”.
El Tribuno consultó en la Policía por la veracidad o no del hecho según el relato del empleado pero no obtuvo ninguna respuesta. Lo preocupante en todo caso es que el hecho dejó en evidencia que la gente sigue llegando a Tartagal sin que nadie registre o advierta, tal como sucedió con ese bonaerense que estaba en la usurpación de la familia Muñoz y que nadie sabe cómo ni cuándo arribó a Tartagal.