En un intento por restringir la salida anticipada de presos de las cárceles como consecuencia de la pandemia del coronavirus, una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, presentaron un proyecto de ley que prohíbe el otorgamiento de estos beneficios a los detenidos que hayan cometido delitos graves.
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En un intento por restringir la salida anticipada de presos de las cárceles como consecuencia de la pandemia del coronavirus, una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Luis Petri, presentaron un proyecto de ley que prohíbe el otorgamiento de estos beneficios a los detenidos que hayan cometido delitos graves.
La iniciativa modifica la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad en diversos tramos. Así, en su artículo 56 bis propone que los condenados por delitos graves, como homicidios agravados, abuso sexual, privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte y financiamiento del terrorismo, entre otros ilícitos, no podrán obtener los beneficios de la prisión discontinua o semidetención, ni el de la libertad asistida.
Respecto del resto de los internos condenados, el proyecto prohíbe el otorgamiento de salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria; prisión discontinua o semidetención, libertad asistida fundado en situaciones de emergencia, fuerza mayor, superpoblación o razones sanitarias, de forma masiva o generalizada. En todos los casos será necesario la notificación a la víctima y su opinión bajo pena de nulidad de lo actuado, se añade en la iniciativa.
"Se considerará generalizado o masivo el otorgamiento de alguno de los beneficios a tres o más internos de manera individual o colectiva, compartiendo los mismos fundamentos y/o por las mismas causales, en un mismo periodo de tiempo y complejo penitenciario", precisa el texto, en el que se advierte que el incumplimiento de esta norma, de ser aprobada, "será considerado como falta grave y causal de destitución, respecto de los magistrados intervinientes". En la misma línea, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) presentó un proyecto de ley que modifica una serie de artículos del Código Procesal Penal, el Código Penal y la Ley de Ejecución Penal. En la iniciativa establece que la detención domiciliaria no podrá concederse, "en ningún caso", para aquellas personas condenadas por delitos contra la vida; delitos cometidos con motivo de violencia de género; delitos contra la integridad sexual; robo agravado; secuestro extorsivo, y asociación ilícita, entre otros casos. "Bajo ningún punto de vista debemos permitir dar paso, en este momento tan delicado, a los oportunistas que aprovechan esta coyuntura para avanzar con medidas que en otro momento no lograrían", señala la diputada. En razón de ello, propone sistematizar y adoptar una serie de medidas tendiente a prohibir determinadas acciones.
Juicio político
El juez Claudio Orlando Blum, titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial, quedó al borde del juicio político luego de que se abriera una investigación por la liberación de presos peligrosos en el marco de la pandemia por coronavirus.
La denuncia fue presentada formalmente por la abogada María Agustina Petersen ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a Néstor Luis Ibars, condenado en 2015 por el abuso sexual agravado con acceso carnal de una menor con retraso madurativo.
El delincuente recibió una pena de prisión de 7 años y aún le restan para su cumplimiento 2 años y 7 meses.
Además, el magistrado está siendo investigado por la liberación de otros 12 presos con delitos graves que van desde el abuso sexual agravado, homicidio y robo agravado por uso de armas de fuego.