El presunto cobro o inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de más de 50 funcionarios, la mayoría concejales, llegó a la escena nacional. La repercusión no solo fue mediática, también resonó institucionalmente. Además, comenzaron a asomarse las primeras consecuencias políticas en el plano nacional.
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El presunto cobro o inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por parte de más de 50 funcionarios, la mayoría concejales, llegó a la escena nacional. La repercusión no solo fue mediática, también resonó institucionalmente. Además, comenzaron a asomarse las primeras consecuencias políticas en el plano nacional.
Luego de que la Anses se presentara el viernes ante la Justicia Federal como denunciante mediante Susana Aramayo (directora de la delegación norte), se dispusieron medidas internas. Si bien desde la filial de Salta ya se entrecruzan datos para confirmar o desmentir los nombres de la lista de acusado que se dio a conocer públicamente, se ordenó además una auditoría interna. "Hay indicios claros de una posible estafa al Estado", advirtieron desde la central de la Anses.
Consultados sobre las posibles fallas del sistema informático de la seguridad social, y que a partir de este escándalo podrían quedar en evidencia; desde la Anses pusieron el foco en la responsabilidad y honestidad de quien aspira a un beneficio social: "Cuando se hizo la inscripción para ser beneficiario del IFE, el país estaba en cuarentena total. Y es por eso que se hizo todo el proceso online. Es evidente que hay una falsedad en las declaraciones juradas que presentaron algunas de estas personas", indicaron.
Desde el organismo se señaló que no todas las personas que componen la lista pidieron el IFE, en referencia a algunos casos en los que habría robo de identidad.
"Conversé con funcionarios nacionales e irán hasta las últimas consecuencias", aseguró el vicegobernador Antonio Marocco, cercano al presidente Alberto Fernández.
Práctica común
En cuanto a la versión de que Marcos Vera, delegado de la Anses Sur que asumió recientemente, intentó también acceder al IFE, desde el organismo aseguraron que aparece en el listado porque pudo haber ingresado sus datos al sistema por el cual se solicita el beneficio para "pruebas".
"Es común que los jefes de las Udai hagan tutoriales para capacitar al personal o explicarle a alguna persona en particular cómo ir rellenando las solicitudes. Para hacerlo, ponen su propio CUIL, sabiendo que el sistema los rechaza", indicaron. Al mismo tiempo señalaron que se investiga de todas formas para "descartar un mal manejo del funcionario".
A este mismo argumento recurrió Vera. Indicó que realizó un tutorial con sus datos para demostrar que "por ser trabajador en relación de dependencia jamás podría acceder al beneficio". Por otro lado, comparó las fechas en las que se lanzó el subsidio y el momento en que asumió frente al organismo: "Fui designado a fines de mayo y la implementación del IFE comenzó a realizarse dos meses antes, en marzo".
Por su lado, Marocco calificó el caso de "escandaloso" y pidió que "caiga todo el peso de la ley sobre los que aprovechan circunstancias posicionales para quedarse con cosas que le pertenecen a los que están mal".
En caso de que la Justicia confirme el cobro, la imputación que le puede caber a los funcionarios es de defraudación al Estado.
Hasta ahora los funcionarios argumentaron que pidieron el beneficio para "comprar bolsones", que lo gestionaron para terceros y hasta que se inscribieron por "inocencia".
En la misma sintonía que el gobernador Gustavo Sáenz, para Marocco los ediles deberían renunciar. "Deberían decir: me equivoqué, soy responsable de lo que hice y me voy. Pido disculpas. No deberían seguir atornillados", advirtió el vicegobernador.
Apuntan a buscar la falla en el sistema
El entrecruzamiento de datos para subsidios quedó en la mira.
Más allá de las responsabilidades legales, morales y políticas, el caso del presunto cobro del Ingreso Familiar de Emergencia por parte de funcionarios desnuda una falencia en el sistema de entrecruzamiento de datos que deberá analizarse.
Susana Aramayo, delegada de la Anses Norte, explicó a El Tribuno que la administración provincial por un lado, y el Tribunal Electoral por el otro, deben informar sobre los nuevos funcionarios para que el sistema de seguridad social les otorgue el alta. La funcionaria evitó endilgar responsabilidades y aseguró que será la Justicia la que deberá investigar.
“Debería reverse el sistema porque califican personas que no deberían”, manifestó el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien además repudió la actitud de “los funcionarios que han sido elegidos para otra cosa”.
Relevamiento nacional
Antonio Marocco, vicegobernador, indicó que se debería hacer un contraste de datos a nivel nacional de funcionarios y cobro del Ingreso Familiar de Emergencia, “y que demuestren los funcionarios que no tienen nada que ver con esto”.
Diferentes referentes se mostraron preocupados por lo que el caso provoca en la imagen política. “Perjudica al ámbito político porque en el común denominador de la gente la idea es negativa”, aseveró Madile.