Se están por cumplir los 180 días de la declaración de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, tras la muerte de seis niños wichi en menos de un mes -luego murieron muchos más-, y en el Gobierno aún no saben si habrá una prórroga de esta iniciativa que buscaba solucionar las problemáticas más urgentes de las comunidades originarias del norte salteño.
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Se están por cumplir los 180 días de la declaración de emergencia sociosanitaria en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán, tras la muerte de seis niños wichi en menos de un mes -luego murieron muchos más-, y en el Gobierno aún no saben si habrá una prórroga de esta iniciativa que buscaba solucionar las problemáticas más urgentes de las comunidades originarias del norte salteño.
La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, aseguró que todavía no se sabe si se prorrogará la declaración, pero manifestó que desde su cartera seguirán trabajando para resolver las vulneraciones de las familias aborígenes.
"Estamos por llegar a los 180 días, es decir, al cumplimiento de la declaración de emergencia, pero la emergencia continúa y más con esta situación de pandemia. Desde Primera Infancia y Desarrollo Social no vamos a dejar de intervenir de la misma manera, con la misma urgencia y responsabilidad", expresó.
Objetivo
Figueroa consideró que la declaración de emergencia que hubo en enero buscó concientizar a la comunidad sobre lo que ocurría y poner "muchísimas áreas de Gobierno a trabajar en función de eso de una manera ordenada y planificada".
"Se buscó dar respuestas con urgencia y premura porque había en riesgo vidas de muchas personas, pero con la mirada puesta en cómo se va a resolver esto en los próximos cuatro años", aseguró.
"Pensamos en todo lo que tenemos que trabajar para que el verano no nos encuentre desprevenidos ni relajados. Hay que sostener este trabajo por los próximos seis meses y tres años para decir que tenemos un impacto en la zona", remarcó.
La ministra planteó que "resolver tantas problemáticas de tantos años" demandará, como mínimo, toda la gestión. "Es nuestra voluntad y nuestra decisión política poner todos los recursos necesarios para trabajar en territorio de manera sostenida y sistemática", agregó la funcionaria.
Alimentos y agua
Figueroa aseguró que la entrega de alimentos y de agua por medio del Ejército se sostiene durante la pandemia y que seguirá mientras sea necesaria. Planteó que estas medidas son paliativos y que seguirán "hasta que la cuestión se haya resuelto definitivamente". Este mes se va a renovar el convenio con Nación para continuar la entrega de módulos alimentarios en julio.
"Es una respuesta de emergencia y se va a sostener, pero se trabaja para que las mismas comunidades tengan el agua", explicó.
"Tenemos la mirada de diseñar políticas de manera permanente para ver cómo se resuelve esta situación. Por eso, iniciamos las obras de pozos y cosechas de agua, que se siguieron construyendo a pesar de la pandemia", cerró.
Piden abordaje integral para las comunidades indígenas
Los pobladores aseguran que todavía no hay agua ni obras en la zona de la ruta 86.
Chicos, durante una inundación, en ruta 86. Javier Corbalán
Seila Pérez, quien trabaja como educadora sanitaria en las comunidades indígenas de Tartagal, consideró que sería importante que se prorrogue la emergencia sociosanitaria, pero evaluó que tendría que venir acompañada de un programa más integral y planificado, en el que se articule con todos los actores sociales para intervenir en territorio.
La mujer manifestó que al menos en la zona de la ruta 86 no se vieron muchos resultados de la declaración de emergencia: “No sabemos qué pasó con los recursos que supuestamente llegaron al municipio para asistencia, porque los reclamos de los caciques son de todos los días”.
Explicó que el módulo focalizado se entrega a familias con niños de 1 a 6 años de edad que tienen bajo peso o riesgo nutricional, pero advirtió que esos datos no están actualizados por el sistema de salud.
“No sé si hablamos de políticas públicas porque no están pensadas para pueblos indígenas vulnerables”, evaluó.
Consideró que el programa que mejor llegó fue la tarjeta Alimentar, que lanzó a principios de año el Gobierno nacional y cubrió parte de las necesidades de las familias.
Reveló que hay madres adolescentes de 15 o 16 años de edad que no tienen acceso a la AUH ni a la tarjeta Alimentar porque son menores de edad.
Entre los requisitos para acceder a estos subsidios están los de ser mayor de 18 años de edad o ser menor de edad y tener un tutor. Estas niñas y adolescentes muchas veces no cuentan con tutores y por eso ni ellas ni sus hijos acceden a los programas de protección.
Pérez comentó que aún no se hicieron obras ni cosechas de agua en la zona donde están las comunidades de la ruta 86, donde murieron varios niños meses atrás. Tampoco llegó la ayuda del Ejército. “En verano el agua escasea semanas enteras”, aseguró. Manifestó que el agua de la zona está contaminada.
Buscan fortalecer la crianza de chicos en zonas rurales
Se lanzó un programa estratégico que llevarán adelante la Provincia y Unicef.
Esta semana se lanzó la Estrategia Provincial de Primera Infancia, que busca fortalecer la crianza de niños en situación de vulnerabilidad.
El primer año se trabajará en los departamentos Rivadavia, San Martín y Orán, donde se declaró la emergencia sociosanitaria a principios de este año a raíz de la muerte de seis niños wichi. Luego se buscará replicarlo en comunidades originarias de otras regiones de la provincia.
El programa lo llevarán adelante el Gobierno de Salta, Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) Argentina, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) y la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
Salta es la única provincia del NOA y del NEA donde se aplicará esta iniciativa. Las otras son Mendoza, Entre Ríos y Buenos Aires.
El proyecto, que se desarrollará durante este año y el próximo, busca acompañar la reducción de las brechas de desigualdad en niños de 0 a 6 años, con especial énfasis en quienes nacen en familias de ingresos bajos, que tienen orígenes indígenas y discapacidades. Se adaptarán programas que ya funcionan en áreas urbanas. Para el primer año los fondos serán de 2.366.000 pesos, que se destinarán a las personas que trabajen en el diseño de estas propuestas y en territorio.
“Esperamos que esta política pública de trabajo quede instalada y se pueda sostener por mucho tiempo. Estamos convencidos de que es la manera en que vamos a mejorar la realidad de todos los niños y de todas las familias que viven en situación de tan gran vulnerabilidad”, expresó la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa.
Muchas expectativas
La subsecretaria de Primera Infancia, Marcela Alarcón, adelantó que se conformará una mesa intersectorial interdisciplinaria con organismos gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. “Vamos a dejar prácticas de crianza instaladas”, aseguró.
El equipo que trabajará en la primera etapa contará con siete técnicos del ámbito de las ciencias sociales, como antropólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos.
En la ejecución y el trabajo en territorio laborarán 150 acompañantes educativos, mediante un convenio con Nación. Se capacitará a quienes están en los espacios de cuidado de la provincia, que son los Centros de Primera Infancia y el Nivel Inicial. “Trabajaremos sobre cómo vamos a recibir a los niños en los espacios que tiene el Esta do”, explicó Alarcón.