En una audiencia remota, el fiscal federal, Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, formalizó ayer la imputación al empresario de origen mendocino Adrián Vera, quien se hallaba prófugo desde el 14 de mayo pasado, cuando la fiscalía solicitó su captura internacional.
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En una audiencia remota, el fiscal federal, Eduardo José Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, formalizó ayer la imputación al empresario de origen mendocino Adrián Vera, quien se hallaba prófugo desde el 14 de mayo pasado, cuando la fiscalía solicitó su captura internacional.
Villalba, con la asistencia de la auxiliar fiscal Roxana Gual, solicitó también la prisión preventiva del empresario, planteó que pese a la oposición de la defensa del acusado, fue concedida por el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, quien dio por formalizada la imputación y la detención de Vera por un plazo de 4 meses.
Vera, uno de los 11 imputados que tiene el caso, fue detenido el jueves pasado en la ruta 52, a la altura del kilómetro 15, en el partido bonaerense de San Vicente, donde, casualmente y con ayuda de otros cómplices, sustraía caños de gas de la red local. La información fue publicada por El Tribuno.
Al verificar que el mismo registraba pedido de captura, Vera quedó detenido en una dependencia policial local, desde donde hoy asistió, por medio remotos coordinados por la Oficina Judicial de Orán, a la audiencia de imputación, de la que también participó el abogado querellante, Sebastián Smith.
Tras la identificación de rutina, el fiscal Villalba presentó las pruebas en contra del empresario, a quien le imputó los delitos de "robo calificado en concurso real con falsificación de instrumento privado", acusación por la cual el Código Penal establece una escala de 6 meses a 10 años de prisión.
En su exposición del caso, Villalba resaltó la magnitud del entramado de robo de caños, fraude y otros delitos imputados al resto de los acusados, entre los cuales se encuentran el actual intendente de Aguaray, Jorge Prado, su secretario de Hacienda, Fredy Céspedes y varios empresarios, tanto de Salta, Mendoza como de Buenos Aires.
Con su accionar -agregó- cada uno de los acusados causó un gran perjuicio al Estado nacional, pues no solo despojaron de valiosos bienes adquiridos con fondos nacionales, sino también echaron por tierra los beneficios que habrían podido gozar los habitantes de numerosas localidades y departamentos que conforman el noroeste argentino.
Al precisar el rol de Vera, y en base a las pruebas reunidas, el fiscal indicó que el empresario estuvo ligado directamente a la extracción de los caños del gasoducto, tanto en el norte de la provincia de Salta como en otros diferentes puntos del país.
Sostuvo que su accionar no se detuvo allí, sino también llevó adelante la comercialización de dichos bienes, para lo cual montó una empresa "fantasma", denominada Vera SA, de la cual se valió para darle un marco legal a la venta de los caños.
Así, con documentación falsa, entre ellas facturas y remitos, Vera disfrazó distintas operaciones realizadas con empresario del rubro, quienes también fueron imputados en la cadena de responsabilidades que la fiscalía investiga desde febrero pasado, cuando se descubrieron los saqueos.
En su imputación, el fiscal le achacó a Vera su participación en el robo de 22 caños del gasoducto, los cuales fueron recuperados en un procedimiento realizado el 14 de abril pasado, el cual se ejecutó a raíz de la denuncia de representantes de la empresa IESA, licenciataria del Estado nacional en la construcción de la obra.
Los caños, transportados por dos camiones, fueron secuestrados en un parador, en la ruta 34, a la altura del kilómetro 1.425, en el norte de Salta. Los tubos habían sido extraídos del paraje El Desemboque, ubicado a 130 km de General Mosconi.
Villalba explicó que Vera, con remitos falsos a nombre de una empresa minera, consignó como destino de los caños robados a las empresas Peteser SRL/Vera SA, lo que quedó probado cuando el encargado de su empresa, Cristián Bouczek, se presentó a reclamar por los caños, secuestrados por personal de Gendarmería Nacional.
Bouczek, quien también se encuentra entre los 11 imputados, aportó documentación que permitió descubrir otras operaciones, entre ellas el robo de 5 caños, los que fueron secuestrados el 18 de abril pasado en un allanamiento realizado en la empresa Peterser SRL.
En otro procedimiento, y a partir de las declaraciones testimoniales de los camioneros que hacían el transporte de los bienes robados, se pudo secuestrar otros 123 caños en el predio de la empresa M y P Servicios Esenciales (ex Wheatherford).
Por otra parte, Villalba vinculó a Vera con el robo de 11 caños, los cuales fueron secuestrados en el paraje Balbuena, a unos 140 kilómetros de la ruta 34. En este caso, el procedimiento se debió al aporte de vecinos de la zona, quienes alertaron sobre el movimiento de camiones y operarios, quienes manifestaron haber sido contratados por la empresa VERA SA, subcontratista Peterser SRL.
Por último, Vera fue implicado también con la sustracción de 52 caños del gasoducto, los cuales fueron secuestrados en el predio de Quilmes, de la empresa Comarfil SA, perteneciente a Matías Rossi, otra empresa imputada en el caso.
La imputación en contra de Vera, cabe señalar, fue fundamentada por el fiscal con numerosas pruebas documentales y declaraciones testimoniales, obtenidas a lo largo de la investigación penal que la fiscalía lleva adelante desde febrero pasado.
Riesgos de fuga
Al momento de solicitar la prisión preventiva del empresario, el fiscal resaltó no solo el hecho de que, a diferencia de los otros imputados, Vera en ningún momento estuvo a derecho ni buscó colaborar con la Justicia, aún a pesar de conocer que era requerido por la fiscalía.
Señaló, a su vez, que el mismo presenta antecedentes penales, entre ellos una condena dictada en su contra en 2018 por el delito de estafa, como así también mantiene otra causa abierta, según lo informado por la Justicia de Buenos Aires.
Indicó también lo mencionado por el mismo acusado al prestar declaración en la audiencia, quien en todo momento buscó desligarse de los hechos imputados, se presentó como víctima de una estafa y reconoció su responsabilidad en la sustracción de caños en el partido bonaerense de San Vicente.