En las últimas semanas se dictaron capacitaciones para funcionarios del Estado en distintos organismos en cumplimiento de la ley Micaela, que establece la obligación de que los agentes públicos se formen en violencia de género.
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En las últimas semanas se dictaron capacitaciones para funcionarios del Estado en distintos organismos en cumplimiento de la ley Micaela, que establece la obligación de que los agentes públicos se formen en violencia de género.
El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos presentó el "Plan integral de formación en género, violencia y femicidio" destinado al personal de la Cámara de Diputados de Salta.
La introducción a la temática estuvo a cargo de la experta en labor legislativa y perspectiva de género Andrea Daverio. Participaron de manera virtual 60 legisladores y personal de la Cámara.
"El desafío no es sólo generar leyes con perspectiva de género sino también reforzar e impulsar políticas públicas desde la perspectiva de género, diversidad y derechos humanos", afirmó la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, sobre esta actividad.
La formación tendrá una duración de dos meses bajo la modalidad virtual e incluirá también el desarrollo de talleres que promuevan la interacción entre los participantes.
El objetivo es capacitar a 450 personas, entre legisladores, equipos de asesores y personal de las diversas áreas que conforman la Cámara de Diputados de Salta.
La formación será desarrollada con la asistencia técnica del equipo de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades y la Universidad de la Administración Pública Provincial (UPAP).
La Escuela del Ministerio Público de Salta, en tanto, dicta una capacitación en cuatro módulos de manera virtual para trabajadores del Ministerio Público Pupilar, la Defensoría General de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal.
Empleados, funcionarios y magistrados de todas las dependencias participan de la formación.
Mirta Lapad, presidenta rectora de la Escuela del Ministerio Público, resolvió la implementación del curso para todos los empleados de modo virtual, de manera de respetar el distanciamiento social y las recomendaciones sanitarias en el marco de la pandemia de COVID-19 sin postergar la formación en la temática.
La capacitación se divide en módulos, a lo largo de los cuales los disertantes exponen sobre la normativa nacional y los tratados internacionales de derechos humanos que rigen en la materia. También se incluyen temas como perspectiva de género, discriminación, prevención de la violencia y se analizan distintos ejemplos, como el de Mirta Sisnero, la mujer que llegó hasta la Corte de Justicia con su reclamo para que la contrataran como chofer de colectivo.
La capacitación está a cargo de Adolfo Sánchez Alegre, defensor penal de Menores; Nancy Valencia Donnat, directora del Centro de Mediación del Ministerio Público; Matilde Alonso, directora del S.A.Vic (Servicio de Asistencia a la Víctima) y Claudia Alemandi, secretaria ejecutiva de la Escuela del Ministerio Público.
Desarrollo Social
La ley 27.499 se conoce como ley Micaela por el caso de Micaela García, una joven militante a favor de los derechos de las mujeres, que fue violada y asesinada en el año 2017, en la localidad de Gualeguay, Entre Ríos. La norma se promulgó en enero del año 2019.
En tanto, los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social que quieran acceder a la capacitación interna sobre la norma nacional, puede inscribirse hasta el viernes. Derechos humanos, géneros y violencias: en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social" es el curso que se dará en el marco de la ley nacional.
El curso es semipresencial y está organizado en forma conjunta entre la Secretaría de Fortalecimiento Sociocomunitario a través de la Dirección General de Promoción de la Igualdad de Género junto con el Área de Extensión Universitaria de la UPAP, en cuya página web inscripciones.upap.edu.ar pueden anotarse los interesados.
El curso cuenta con un cupo limitado.