Quienes produzcan, distribuyan o comercialicen de manera ilegal cigarrillos u otros productos derivados del tabaco podrían recibir multas que van desde los 245.000 a los 840.000 pesos a partir de la entrada en vigencia de la ley que regula la actividad, el 20 de agosto último.
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Quienes produzcan, distribuyan o comercialicen de manera ilegal cigarrillos u otros productos derivados del tabaco podrían recibir multas que van desde los 245.000 a los 840.000 pesos a partir de la entrada en vigencia de la ley que regula la actividad, el 20 de agosto último.
Además, a quienes sean reincidentes se les aplicará una multa del doble del valor de la anterior y se procederá a la clausura del comercio durante un plazo no menor a 30 días.
La ley 8.203 de "regulación de aspectos relativos a la comercialización en todo el territorio de la provincia de Salta de cigarrillos, cigarritos, puros, tabaco para armar y tabaco en hebras o picado" fue sancionada en la Legislatura provincial en julio último y es la primera a nivel nacional destinada a la protección de la actividad tabacalera y de los fondos que esta destina a la seguridad social.
La norma especifica que "se consideran productos ilegales aquellos ingresados ilegalmente al territorio nacional, que no cuenten con título justificativo de su procedencia y/o fabricación legitima, con estampillas legales y/o aquellos que hayan sido fabricados en violación a las leyes de patentes N§ 24.481 y de marcas N§ 23.362".
La ley designa a la Dirección General de Rentas como órgano de fiscalización e introduce el artículo 38 bis al Código Fiscal de la Provincia, mediante el cual fija "una multa de 70.000 UT (unidades tributarias) hasta 240.000 U.T. (Unidades Tributarias)", y además estipula que "en caso de reincidencia se duplicará la multa impuesta en el inciso anterior y se procederá a la clausura del establecimiento por 30 días, exteriorizando visiblemente con fajas que contengan la leyenda "Clausurado por comercializar producto de fabricación ilegal'".
Además, se aclara que "en todos los casos se procederá al secuestro de los productos para su posterior destrucción"
El coordinador del Fondo Especial del Tabaco por Salta, Enrique Cornejo Saravia, indicó a El Tribuno que "la ley establece el control de estos productos", y que "en ningún momento plantea un impuesto, contribución o tasa ni ningún tipo de tributo a restricción para la comercialización de los productos derivados del tabaco, en especial cigarrillos, ni tampoco establece una prohibición".
"Lo que busca la ley es transparentar las operaciones comerciales de los productos derivados del tabaco y la manufactura del picado del tabaco", indicó Cornejo Saravia, y reveló que "en Salta hay diferentes empresas tabacaleras que compran tabaco a los productores, pero solo una realiza la manufactura del picado".
Remarcó que "esta ley es una garantía para la actividad porque busca transparentar esta operatoria de manufactura de picado, esencial para la elaboración del cigarrillo".
El referente del FET aclaró que el espíritu de la ley es sancionatoria solo "si alguien está comercializando tabaco picado sin cumplimentar las normas fiscales y lo hace en forma irregular y lo vende a empresas que producen cigarrillos ilegales que no cumplen con las normas tributarias y posiblemente también usan marcas que le pertenecen a otras personas, como ser Marlboro, Philip Morris, Viceroy, etcétera".
Pérdidas millonarias por evasión
La comercialización de tabaco tributa al Estado más de $155 mil millones.
Más de 155 mil millones de pesos aporta al Estado en concepto de tributos la industria del tabaco anualmente.
En este sentido, el coordinador del FET por Salta, Enrique Cornejo Saravia, afirmó: “Con la comercialización ilegal por un lado se afecta la salud pública y por otro se desfinancia al Estado porque, en función de la tributación de los cigarrillos, se generan impuestos internos que representan una fuente de ingresos muy importante para el país”.
“Esos aportes están estimados en 155 mil millones de pesos este año”, destacó, e indicó que “de ahí se genera el Fondo de Asistencia Social, que son unos 14 mil millones de pesos que van en parte al Conurbano bonaerense y a la Anses”.
“También de estos tributos surgen los fondos del FET, que se distribuye en todas las provincias productoras, mientras que el cigarrillo ilegal no aporta nada al Estado y traslada esos beneficios a una organización que funciona en el marco de la clandestinidad”, dijo.