Cuentas pendientes  de los partidos políticos

Juan Ameri no es un error de la matrix. Más allá de su cuestionable derrotero personal, Ameri es el emergente de una serie de arreglos institucionales de distinto nivel, consentidos en su propio espacio político y que lo condujeron finalmente a la Cámara de Diputados.

La indignación que por estas horas provocó el bochornoso episodio tiene que dar lugar a una reflexión más pausada sobre los mecanismos que lo habilitaron a ocupar una banca en representación de la ciudadanía salteña.

La perpetua crisis de representatividad, las listas sábana, la creciente precariedad de la política de estos tiempos -bien señalada por el periodista Francisco Sotelo- la degradación democrática y otras cuestiones deben ser escrutadas de manera minuciosa si de verdad tenemos intenciones de mejorar nuestra calidad institucional.

Me interesa acercar el lente sobre las prácticas hacia el interior de los partidos políticos, que son los espacios en los que celebramos los primeros acuerdos y en los que se definen las candidaturas a cargos públicos electivos.

Numerosas organizaciones de mujeres del espacio político de Juan Ameri señalaron insistentemente, sin éxito evidente, su inhabilidad para ocupar un lugar en la propuesta política del Frente de Todos. Lo rodeaban varias denuncias de acoso -formales o no- a niñas, a periodistas y ese dato no era desconocido para ninguno de los/las asistentes del grupo político.

Que la candidatura de Ameri haya podido sortear estas graves objeciones ponen al descubierto los enormes déficits democráticos e institucionales en distintas instancias de la elaboración de una propuesta de candidatos/as. Y no creo que se trate de un único caso. José Alperovich en Tucumán es una muestra de lo que afirmo.

Estamos en serios problemas si hacia el interior de los debates políticos de las estructuras partidarias se deciden descartar los reclamos de grupos de mujeres.

No hay duda de que el acoso es una de las expresiones de la violencia política, ya que influye en las aspiraciones políticas de las mujeres, afectan la competencia político electoral y, sobre todo, condicionan el ambiente donde desarrollan su actividad pública. No existen dudas tampoco acerca de que el acoso es una práctica arraigada a nuestra dinámica política que desalienta en gran medida la participación de las mujeres, práctica que se vuelve intensa en nuestro Norte particularmente conservador.

Muchas veces invisibles y naturalizadas, estas dinámicas fueron desplazando históricamente a las mujeres de la arena política. Es por eso que los partidos políticos hoy siguen siendo poderosos enclaves masculinos y masculinizados en la gestión del poder y que, en definitiva, son poco receptivos a reclamos y aportes de las mujeres. Los modos de violencias de los que el acoso es parte, no solo afectan la igualdad de oportunidades -eje central de nuestro compromiso constitucional- sino que además van erosionando la calidad democrática de toda estructura, socavando la credibilidad del sistema.

Los compromisos contraídos por el Estado argentino en orden a erradicar la violencia contra las mujeres, junto al mandato legal contenido en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia -que expresamente incluye a los partidos políticos-, son imperativos que deberían haber sido suficientes para descartar sin más, una candidatura con semejantes objeciones.

Existe toda una arquitectura legal edificada -no sin esfuerzo- destinada a garantizar una vida libre de violencia en todos los espacios.

Resulta inaceptable a esta altura que una expresión política y sus autoridades decidan desconocerla, sobre todo si tenemos en cuenta sus sobrepromocionados aportes a la ampliación de los derechos de las mujeres.

Las persistentes prácticas políticas que silencian los reclamos de las mujeres dentro de los grupos políticos muestran la resistencia y la falta de sintonía -en algunos casos, cercanas al cinismo- con el registro de los avances hacia una democracia paritaria en los últimos años.

Es necesario que entendamos que el ideal paritario no significa solo el simple aumento del número de mujeres en las listas, sino que implica garantizar su participación real y efectiva en las esferas de decisión.

La eliminación de esa mirada que naturaliza las expresiones de violencia exige abandonar el lugar de las retóricas tranquilizantes y legitimadoras para concretarse en prácticas efectivas en cada uno/a de los/las dirigentes que forman parte de los espacios públicos.

Mas allá de los mandatos legales y de un necesario lenguaje ético común, si se piensa en términos de eficiencia política, tampoco resulta ventajoso subordinar los reclamos de las mujeres a los intereses políticos partidarios.

Los derechos fundamentales -­y los de las mujeres lo son!-, están fuera de cualquier negociación. Como una profecía fatalmente cumplida, las señales de alertas encendidas por las mujeres fueron solapadas por otros intereses de los que seguramente tendrán que rendir cuentas las autoridades partidarias.

Para tener una democracia paritaria -real, no declamada- se necesita un cambio cultural en la actual lógica de hacer política y no puede lograrse sin que los distintos partidos, sobre todo sus autoridades, se comprometan en enfocar su actividad con verdadera convicción igualitaria y con perspectiva de género.

Quiero insistir en este punto: no hay democracia sin mujeres. Tolerar las violencias en los espacios políticos, permitir su naturalización deriva en la exclusión de la mitad de la ciudadanía. Y esa exclusión nos devuelve una democracia incompleta, herida de muerte. Los resultados son los Ameri tomando decisiones que nos involucran a tod@s en espacios claves.

Tal vez es momento y oportunidad de pensar en tejer entre todos un compromiso interpartidario e intersectorial, para construir espacios públicos democráticos -con capacidad de pensar, discutir y decidir sin exclusiones- y libres de violencias.

 

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