Una denuncia por desobediencia judicial contra la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, fue anticipada por el concejal de esa localidad, Justino Ustarez, quien advirtió el avance de las obras sobre el predio donde la comuna pretende ampliar el cementerio, pese a todos los informes técnicos que desaconsejan esta obra.
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Una denuncia por desobediencia judicial contra la intendenta de Cerrillos, Yolanda Vega, fue anticipada por el concejal de esa localidad, Justino Ustarez, quien advirtió el avance de las obras sobre el predio donde la comuna pretende ampliar el cementerio, pese a todos los informes técnicos que desaconsejan esta obra.
Ustarez, junto a los concejales Pedro Torres y Matías Tula, con la firma de 180 vecinos, presentaron a principios de diciembre un recurso de amparo ante la grave situación que representa para los vecinos la instalación de “un cementerio ilegal”. Esta demanda de amparo colectivo solicitaba, entre oras cosas, cesar con la instalación y obras del cementerio de emergencia porque “ya está afectando la calidad de vida y la salud de mucha gente, sin contar los efectos en el ambiente” habían indicado.
Posteriormente, el 21 de diciembre pasado la jueza Alejandra Salim resolvió hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenó “la prohibición de innovar sobre la matrícula 273” donde se emplaza el polémico cementerio hasta obtener una sentencia definitiva sobre el proceso.
No obstante, y de acuerdo a las imágenes que se difundieron por redes sociales, los trabajos continuaron a ritmo acelerado con una gran cantidad de empleados municipales destacados para esta tarea que en pocos días y posterior a la resolución judicial, cerraron el predio y procedieron a su nivelación.
“A pesar de que la jueza había dictaminado que se tenían que parar las obras, avanzaron y las están terminando en un claro desafío a la resolución de la Justicia. Es por ello que vamos a denunciar ante la Policía la clara desobediencia judicial en la que incurrió la intendenta Vega”, señaló el concejal.
Ustarez había anticipado que presentaría un amparo colectivo para frenar la ejecución del cementerio de emergencia de Cerrillos por encontrarse en el más inadecuado de los lugares para el destino final de restos humanos: un terreno probadamente inundable, rodeado de barrios, casi metidas las fosas (donde ya se inhumaron muertos por COVID) en el fondo de algunas casas, a menos de 50 metros del hospital Santa Teresita y a unas cuatro cuadras de la plaza principal de la comuna.
Cementerio, emergencia y denuncias
El predio se encuentra en un proceso de sucesión.
A cinco cuadras de la plaza principal de Cerrillos, entre los humildes barrios San José y Evita, la intendente Yolanda Vega decidió instalar lo que denominó una “ampliación” del colapsado cementerio que data de 1880, pero en una propiedad que es privada y con el agravante de que tiene estudios de factibilidad negativos por ser un terreno completamente inundable.
En esta propiedad de la sucesión Velarde que se encuentra en vías de expropiación (proceso que se inició en 2004), la Municipalidad ya había enterrado a fines de octubre del año pasado al menos a siete personas víctimas fatales de la COVID.
Según las denuncias de los vecinos en aquel entonces, los féretros estaban apenas tapados con montículos de tierra, tanto que varios habitantes del lugar denunciaron en los medios e incluso en la comisaría cerrillana que el hedor era insoportable.