Al duelo por la muerte de una mujer víctima de femicidio sobrevienen otros dramas como el de quién se hará cargo de los hijos e hijas, ya que, en la mayoría de los casos, el asesino es el propio padre. Desde ese momento la familia de la víctima comienza a transitar un camino no solo para obtener justicia, sino también asistencia económica. Funcionarios que trabajan con la problemática aseguran que a pesar de la vigencia de la ley Brisa, el proceso es burocrático e insuficiente.
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Al duelo por la muerte de una mujer víctima de femicidio sobrevienen otros dramas como el de quién se hará cargo de los hijos e hijas, ya que, en la mayoría de los casos, el asesino es el propio padre. Desde ese momento la familia de la víctima comienza a transitar un camino no solo para obtener justicia, sino también asistencia económica. Funcionarios que trabajan con la problemática aseguran que a pesar de la vigencia de la ley Brisa, el proceso es burocrático e insuficiente.
Ante un femicidio los hijos e hijas de la víctima pueden tramitar ante la Anses la reparación económica que otorga la ley Brisa (27.452), mientras pueden aspirar a un subsidio único ante el Ministerio de la Mujer o acceder a beneficios provinciales o municipales hasta tanto se otorguen las asistencias nacionales.
Rafael Benegas, director general del programa de Asistencia a las Víctimas de delitos graves de la Secretaría de Justicia, advirtió que, según lo que pudo observar en las diferentes asesorías realizadas, el trámite para acceder a la reparación mediante la ley Brisa, es lento. "Aún asesorándolos nosotros, en los 2, 3 casos que intervenimos en el tramite, duró más de un año", cuestionó, y aseguro que "debería ser más rápido". Las dificultades, según aseveró, se profundizaron durante la pandemia. "El año pasado Anses estuvo cerrado todo el año. Pedimos turnos especiales, pero dijeron que era lo mismo para cualquier trámite y a veces los familiares de la víctima trabajan por la mañana. Deberían ser más flexibles con los familiares que ya pasaron por una situación dura", resaltó.
En una mirada más amplia del proceso de reparación económica, el funcionario advirtió que "también demora el tramite de la curatela, que es lo que pide la ley. La curatela demora porque se piden diferentes acciones para saber quién será el curador, hay un asesor de incapaces. Eso está muy bien, pero también hay que velar por los intereses de los niños", señaló Benegas que recordó que se trata de intervenir en una situación con "el peor de los escenarios" en el que "muchos tienen una situación económica muy dura".
Asistencia psicológica
Por su parte, Gabriela Gaspar, subsecretaria de la Mujer del municipio, aseguró que no hay una ayuda integral a las familias de víctimas de femicidio que "son avasalladas por organismos que deberían haber intervenido antes, con una cantidad de información que la familia muchas veces no puede procesar por la situación en las que están", aseveró y cuestionó por sobre todo el "deficiente acompañamiento psicológico".
Gaspar explicó que desde el Programa de Protección a Víctimas de Violencia Familiar de la Municipalidad realizan un trabajo preventivo, pero en muchos casos intervienen ocurrido ya el hecho y ofrecen una asistencia psicológica a la familia, porque, aseguró, en la mayoría de los casos "no hay contención en una difícil situación".
En este sentido, explicó que "tiene que ver con una familia alejada, porque la víctima es alejada de sus vínculos en el proceso de violencia. Los niños primero eran testigos de la violencia que se vivía y luego son sobrevivientes, con la pérdida de una madre. La ley Brisa ayuda, pero debe ir junto con un acompañamiento integral de recomponer esos vínculos", resaltó.
En cuanto a los tramites para la asistencia económica, Gaspar consideró que "no es difícil, pero tampoco inmediato", por lo que recordó que hay otras vías de asistencia más rápidas como el subsidio que otorga el ministerio de la Mujer por única vez y la que prevé la ley provincial que tiene por objeto ser una ayuda económica hasta que se perciban los beneficios de la ley Brisa.
La iniciativa provincial establece como requisito solo la imputación del femicidio, mientras que la ley Brisa exige el procesamiento .
Tanto desde el programa dependiente de la Secretaría de Justicia como el municipal aseguraron que también gestionan ayudas económicas desde sus organismos en caso de ser necesario.
“Mi nieta pregunta por su madre”
Cuando Paola Álvarez desapareció en 2017, su hija tenía entonces 2 años. Ahora tiene 6 y quedó a cargo de su padre. Al momento de su femicidio, la ley Brisa no estaba vigente, sin embargo, al ser retroactiva, su familia pudo acceder al beneficio. Sin embargo, cuestionaron el proceso: “Lo comenzamos en 2018, pero se cobró en 2020, demoró bastante”, resaltó Mónica Morales, mamá de Paola. Paola cuidaba a su hija hasta el mediodía, la dejaba en la guardería y trabajaba de niñera en una casa. A la noche iba al colegio. La dinámica familiar podía ser sostenida junto al padre de la niña, que la cuidaba mientras Paola trabajaba y estudiaba. “Pero cuando pasó lo de Paola, él no estuvo trabajando o trabajaba medio día”, resaltó Mónica. El beneficio de la ley Brisa le dio un respiro a su padre que está en negro y quedó a cargo de la niña. La ley Brisa ordena que el Estado nacional les asigne a los hijos una “cobertura integral de salud”. Sin embargo, Mónica aseguró que aún no pudo obtener este beneficio a pesar de haber ido a Anses, donde indicó, le respondieron que “no saben nada”. “Ella va a comenzar la primaria y nos hace falta que vaya al dentista o al pediatra. Fue muy difícil cuando comenzó el jardín. Ve a otros niños con sus madres y pregunta por su mamá”, contó Mónica.