Reformar una Constitución es una tarea enorme, que exige responsabilidad en el trabajo y humildad para la consulta. Y nos devuelve la satisfacción de haber dejado un aporte importante a la Provincia.
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Reformar una Constitución es una tarea enorme, que exige responsabilidad en el trabajo y humildad para la consulta. Y nos devuelve la satisfacción de haber dejado un aporte importante a la Provincia.
No basta con las propias ideas ni es suficiente la propia experiencia. Es necesario escuchar a los académicos, a los profesionales que fueron constituyentes en otras reformas, a constitucionalistas y a jueces en actividad o retirados. La reforma de estos días contó con los aportes teóricos que hicieron profesionales de la UNSA y la Ucasal, como de los Colegios de Abogados, de Contadores y también, desde el Copaipa. Muchos vecinos de toda la provincia acercaron sus preocupaciones y aspiraciones. Se analizaron otras constituciones, extranjeras y nacionales, y abundante bibliografía.
A partir de ahora, resulta inequívoco que el mandato del gobernador dura cuatro años y solo puede ser reelecto una vez. A partir de Gustavo Sáenz, tal como él se comprometió en la campaña, no habrá ambigedades. Si es reelecto en 2023, en 2027 será reemplazado por otro salteño. Ningún gobernador, y ningún intendente, en adelante, podrá cumplir más de dos mandatos consecutivos ni podrá ser sucedido por la esposa, el hijo ni por ningún pariente cercano.
Lo mismo sucederá con senadores y diputados: cada mandato dura cuatro años; pueden aspirar a una reelección, aunque podría volver a candidatearse cuatro años después. Poco a poco, los distintos espacios de poder se van democratizando, mientras se diluyen las cofradías y los cargos vitalicios.
La apertura de sesiones de ambas Cámaras será el 1 de marzo de cada año y el período se extenderá hasta el 31 de diciembre.
La reforma habilita a la Legislatura a trasladar excepcionalmente las sesiones al interior provincial por razones graves o de interés público.
Se trata de una decisión importante porque permite a los habitantes de la región un contacto directo con los legisladores. Y a los legisladores, empaparse de los problemas, las necesidades, las opiniones y los saberes ancestrales de las comunidades y los criollos, sus fortalezas y debilidades. En el diario de sesiones quedó explícito qué se entiende por el "interés público".
Para los intendentes rigen también los límites a la reelección; y los concejales durarán a partir de 2023 cuatro años en su cargo, y podrán aspirar a una reelección.
Los nuevos municipios a crearse deberán tener 3.000 mil habitantes, pero además deberán acreditar sustentabilidad social, económica y ambiental.
Es decir, crear un municipio exigirá del gobierno provincial y de los legisladores un compromiso serio, continuo y fundado. El nuevo municipio requiere una planificación previa, un servicio técnico y, en definitiva, una política pública que excede a las posibilidades de los habitantes del futuro municipio.
En pocas palabras: el desarrollo sustentable es un compromiso asumido por la Nación argentina ante la ONU, con metas muy precisas a las que deben ajustarse todos los niveles de la administración.
El Poder Judicial
Los jueces de la Corte de Justicia de Salta serán nombrados por el Poder Ejecutivo “previo procedimiento participativo de la ciudadanía”, que deberá ser establecido por Ley; requerirá el acuerdo del Senado en sesión pública y durarán diez años en sus funciones, sin posibilidad de un nuevo nombramiento.
En cuanto a los magistrados y magistradas inferiores del Poder Judicial cesan en el cargo, indefectiblemente, al obtener la jubilación, o el día en que cumplan los 70 años de edad, lo que ocurra primero.
Esto significa que no podrá haber jueces jubilados ejerciendo el cargo de jueces; los que se encuentren actualmente en esa situación deben cesar inmediatamente. Ni jueces jubilados designados por la Corte por razones de ninguna naturaleza.
La auditoría
El tema más discutido, conflictivo, es el referido al Control, el de la Auditoría General de la Provincia. Todos reconocieron que no es un poder sino un órgano de control técnico, que figura en la Constitución y es de apoyo y debe rendir informes a la Legislatura. No hubo acuerdo para que los miembros sean seleccionados mediante concurso, pero se aclaró que en su designación no tiene participación el Poder Ejecutivo, sino que es el Poder Legislativo, mediante la intervención de ambas Cámaras. Se fijó en cinco miembros la conformación del cuerpo de auditores, que son seleccionados por una comisión específica de la Cámara de Diputados, integrada por siete miembros, de los cuales cuatro deben pertenecer a los partidos o frentes electorales de la oposición; ponerse en conocimiento del pleno de la Cámara y designados en audiencia pública por el Senado.
En el dictamen de la comisión se especificaba que por “oposición” se entiende a la que “no haya adherido a la candidatura del titular del Poder Ejecutivo en funciones al momento de resolver la designación del auditor”. Este párrafo, lamentablemente, desapareció en la comisión redactora, pero figura en el registro del sentido común y el espíritu republicano.
No se trata de un detalle: la precisión figuraba en la propuesta del gobernador con idéntica redacción, servía para aclarar quiénes son de la “oposición”, en estos tiempos de las lealtades sucesivas. El dictamen de la comisión fue entregado formalmente al secretario legislativo de la Convención. Así lo señalé en mi exposición. Creo que, al no haberse explicitado una definición, está claro cuál ha de ser cualquier interpretación futura, democrática y de buena fe.
La constitución es precisa en cuanto a las obligaciones de la Legislatura en el ejercicio del control político y las exigencias de transparencia que debe plantear a la Auditoría General.
Este es solo un resumen. La reforma es un avance; probablemente, menos de lo que muchos hubiéramos querido. No es la revolución; es una evolución. Lo que Salta necesita es la necesidad de buscar una mejora continua, que dependen de todos y de nuestra participación democrática.