Las recientes declaraciones del Presidente de la Nación sobre la necesidad de trasladar la sede del Gobierno nacional, vuelven a poner sobre el tapete un objetivo que a mi juicio debería ser parte esencial de la reformas de fondo que necesita la Argentina.
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Las recientes declaraciones del Presidente de la Nación sobre la necesidad de trasladar la sede del Gobierno nacional, vuelven a poner sobre el tapete un objetivo que a mi juicio debería ser parte esencial de la reformas de fondo que necesita la Argentina.
No emitiré un juicio sobre su apreciación en el sentido que la nueva sede gubernamental debería estar "en el norte". Porque el Norte argentino es muy vasto. Mientras no se escuche de su parte una preferencia más precisa en cuanto a lugar no tiene mucho sentido emitir opiniones.
Pero más allá de cuál sea la ubicación de la nueva capital, la necesidad imperiosa de su traslado obliga a reflexionar sobre los tiempos y otros elementos fundamentales a la hora de que una medida de tanta importancia no se convierta en un costoso fiasco en lugar de una solución de fondo, que debe tener como guía avanzar hacia un federalismo más real que el actual.
En primer lugar, es altamente discutible el argumento que a veces se escucha, según el cual la difícil coyuntura económica que el país atraviesa obliga a postergar el proyecto hasta que vengan mejores tiempos. Un traslado de esa envergadura comienza por tareas que no insumen "la parte del león" en el costo del mismo. Antes del desembolso mayor que insumen las obras a encarar, se debe -y se puede- ir avanzando en el estudio de su localización, los costos, etc. Y una vez decidida su ubicación habrá que negociar, con la provincia en donde se radicará la nueva capital, la cesión por la Legislatura de la misma de las tierras necesarias para concretar el proyecto.
Descartado que debamos esperar al retorno de una "Argentina opulenta" (expresión de Félix Luna en su biografía del Presidente Ortiz) para avanzar en la idea, el primer interrogante que los planificadores deberían responderse es si se elige una población ya existente -como quiso hacer Alfonsín, utilizando el conglomerado Viedma - Carmen de Patagones, o si se crea "de cero" una nueva ciudad, como hizo Brasil.
Creo que la opción de crear una ciudad "ex profeso" es la mejor. Elegir una ciudad preexistente constituye fuente de ulteriores problemas y costos. Es como querer levantar una enorme torre de departamentos sobre una antigua casa sin previamente demoler ésta.
Sería óptimo que en la nueva capital residan únicamente la Presidencia y sus Secretarías, así como los Ministerios nacionales, es decir la Administración Pública Nacional "stricto sensu", más los Poderes Legislativo y Judicial.
El traslado de la capital no sería solución integral si no incluyera la relocalización de las sedes de las grandes empresas estatales -vgr. YPF o Aerolíneas Argentinas- y de organismos descentralizados como AFIP, Anses, Vialidad Nacional, PAMI, además de las centrales de la fuerzas de seguridad federales. Por eso prefiero hablar de "traslados", en plural, para dejar en claro que no estamos pensando en sacar de CABA todo el enorme universo burocrático de jurisdicción nacional para trasladarlo "in totum" a una nueva sede.
Porque no es imprescindible que los asientos de los entes citados residan en la nueva capital, teniendo en cuenta la velocidad de los sistemas de comunicaciones y las garantías que ofrece la firma digital a la hora de asegurar tanto la celeridad como la confiabilidad de las mismas.
Lo ideal sería que esas sedes sean localizadas en diferentes ciudades de nuestro país, contribuyendo así a una redistribución geográfica equilibrada del personal involucrado y su grupo familiar. Y pensando en elegir para su asiento poblaciones aptas para recibirlos en función de su trazado, densidad, infraestructura disponible, etc.
No me parece redundante decir aquí que los estudios y medidas legales preliminares necesarias para este proyecto deberían iniciarse sin dilaciones, previo reclutamiento de profesionales competentes para los asesoramientos técnicos, y sin caer en apresuramientos que nos lleven a decisiones equivocadas. Pero el puntapié inicial debe darse ahora, y constituirse en una Política de Estado, consensuada entre oficialismo y oposición.
Como dije antes, esos traslados son sólo un capítulo de la Reforma Política de que tanto se ha hablado y tan poco se ha realizado, pero un capítulo ineludible y trascendente. Es asignatura pendiente si queremos que el federalismo empiece a ser realidad. La relocalización poblacional propuesta en estas líneas alentará a empresas productoras de bienes y de servicios, hoy ubicadas en el AMBA, a moverse a los núcleos urbanos que vean incrementar su población a partir de las mudanzas de que hablamos.
No ignoro que la redistribución poblacional en un país donde el AMBA concentra el 40 por ciento de sus habitantes, es un objetivo de largo aliento. Son de muy diverso orden las medidas que se podría adoptar para que el sector privado se desplace a regiones alejadas de nuestros grandes centros urbanos. Algunas, de radicación de industrias, se ensayaron en el pasado y fracasaron, en buena medida porque no estuvieron acompañadas por un crecimiento de la población en las cercanías de aquéllas. En cambio, lo que aquí proponemos, es un proceso inverso: desplazar poblaciones, que en sí mismas, se constituirán en focos de demanda agregada.
Pero más allá de los efectos económicos -y sociales también- que se derivarían de los traslados que abordamos -poderes nacionales y otros organismos-, los argentinos se sentirían protagonistas de un cambio histórico que ya tuvo sus primeros defensores en la segunda mitad del siglo XIX, y que hoy no admite dilaciones.
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