En el transcurso de la mañana finalizó la audiencia contra el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique ‘Quique‘ Prado; el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de la empresa OSYP SA, Diego Alos. El Tribunal integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule finalmente dará a conocer la sentencia definitiva el próximo jueves 9 de diciembre a las 16 horas, es decir, cuántos años de detención le corresponde a cada uno por el delito cometido cuando entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 sustrajeron 8 kilómetros de caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que llevaba adelante la empresa constructora Servicios Vertúa, pero que por una disputa con la ex Enarsa había quedado literalmente abandonada hacía más de un año. Es que para hoy estaba previsto que se conociera la sentencia que le cabe al exintendente, pero finalmente se conocerá el próximo 9 de diciembre.
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En el transcurso de la mañana finalizó la audiencia contra el ex intendente de Aguaray Jorge Enrique ‘Quique‘ Prado; el intermediario Adrián Antonio Vera y el propietario de la empresa OSYP SA, Diego Alos. El Tribunal integrado por Abel Fleming, Gabriela Catalano y Domingo Batule finalmente dará a conocer la sentencia definitiva el próximo jueves 9 de diciembre a las 16 horas, es decir, cuántos años de detención le corresponde a cada uno por el delito cometido cuando entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020 sustrajeron 8 kilómetros de caños que conformaban el tramo norte del Gasoducto del NEA que llevaba adelante la empresa constructora Servicios Vertúa, pero que por una disputa con la ex Enarsa había quedado literalmente abandonada hacía más de un año. Es que para hoy estaba previsto que se conociera la sentencia que le cabe al exintendente, pero finalmente se conocerá el próximo 9 de diciembre.
La situación fue aprovechada para retirar los caños valuados en miles de dólares cada uno y que pertenecen al Estado nacional y venderlos en diferentes provincias argentinas. La maniobra se facilitó con la puesta en vigencia por parte de Prado como intendente en ese momento, y de profesión ingeniero en recursos naturales y medio ambiente, de la resolución municipal N° 1215 que autorizaba el retiro de los caños como si se hubiera tratado de un pasivo ambiental cuando en realidad eran flamantes caños con un costo de 5 mil dólares cada uno.
En el juicio que concluyó el pasado 2 de diciembre quedaron absueltas otras 7 personas, entre ellas empleados y empresarios locales que, si bien habían trabajado en las maniobras de retiro de los caños de 12 metros de longitud, lo habían hecho en condición de contratados.