Repercusión nacional por el desvío de donaciones: Detuvieron a la concejal Díaz

El juez de Instrucción Nelson Amarayo, a requerimiento del fiscal penal N´ 1, Rafael Medina, ordenó la detención de la concejal del oficialismo local Paola Alejandra Díaz. El agente fiscal pidió el cese de inmunidad de su hermana, la doctora Rosa Fabiola Díaz, defensora oficial civil N´ 1 del Distrito Judicial Tartagal. La edil tartagalense prestó declaración indagatoria, en tanto que su hermana se abstuvo de declarar en la causa en la que ambas fueron imputadas por el supuesto delito de administración fraudulenta previsto en el Artículo 173 del Código Penal.

Pasado el mediodía y mediante la Resolución que lleva el número 1223, el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella, dispuso la instrucción de un sumario administrativo a la doctora Rosa Díaz y la suspendió por el término de 30 días sin goce de haberes, atento a los considerandos de la mencionada resolución donde se detallan los hechos que se le imputan a la letrada tartagalense.

El fiscal Medina le solicitó al juez de garantías Nelson Aramayo, el allanamiento de inmunidad por tratarse de una defensora oficial ya que estos funcionarios del Ministerio Público cuentan, al igual que los magistrados, con fueros.

Lo que encontraron

La jornada de ayer fue atípica para Tartagal por la gran cantidad de información que surgía del ámbito de la justicia, tanto del poder judicial como del Ministerio Público fiscal; paralelamente se conocía que aborígenes del Chaco Salteño comenzaban a llegar a la ciudad cabecera del departamento San Martín para exigir la entrega de las donaciones que las dos hermanas Díaz habían mantenido guardadas desde hacía casi un año (marzo de 2020) en la propiedad ubicada en la Avenida Mariano Moreno y Diagonal Juana Azurduy de Villa Saavedra, propiedad que había sido allanada el domingo por la mañana a pedido del fiscal Rafael Medina y dispuesta por el juez Aramayo, y desde la cual se retiró una gran cantidad de ayuda solidaria.

Los aborígenes del Pilcomayo ya se encuentran acampando en el complejo deportivo municipal, a la espera de la entrega de las donaciones que se encuentran acopiadas en las dependencias de la Policía Provincial.
 

Según la información oficial proporcionada por el Ministerio Público Fiscal, de la vivienda se retiraron cajas con mercadería variada, bolsas de consorcio, de arpillera blanca, cajas de cartón, dos bolsos, bolsas de plástico y de tela ecológica, todas con ropa y calzados usados. Por otra parte, de un ambiente que funciona como depósito en el mismo inmueble, se secuestraron bolsas de consorcio negras, otra transparente y una de arpillera, todas con ropa nueva y usada. Por último, de la planta baja y del interior de una cámara frigorífica en desuso, se secuestraron 38 bultos contenidos en bolsas de consorcio negras, 14 cajas de cartón, 10 bolsas plásticas, una bolsa de tela y otra de arpillera, todas con ropa nueva y usada. De un salón de eventos: bidones y botellas de agua de diferentes tamaños.

Llegada de aborígenes

Paralelamente a las disposiciones que adoptaba la justicia

unos 70 aborígenes provenientes del Chaco Salteño, enterados del escándalo desatado en Tartagal a partir de las denuncias de las que fueron objeto las hermanas Díaz, llegaron hasta el Complejo Deportivo Municipal donde funciona el Concejo Deliberante de Tartagal.

  Rosa Díaz, la defensora, al recibir la orden de la Justicia. 


Los caciques y miembros de las comunidades más pobres de Salta están al tanto de la denuncia por parte de la hermana mayor de la familia Díaz, Sandra Díaz, quien denunció a sus hermanas por vender la ayuda que llegaba para los wichis hace un año cuando se declaró la emergencia sociosanitaria en el norte de la provincia. También denunció que las donaciones se utilizaban con fines políticos, ya que la concejal de Tartagal Paola Díaz preparaba su campaña tras postularse a diputada. 
Los wichis que llegaron ayer se apostaron en el complejo deportivo en medio de un importante dispositivo policial. La casa municipal también permaneció vallada y con custodia por parte de la fuerza de seguridad provincial que había sido ya advertida sobre la llegada de los originarios del Chaco salteño que reclaman lo que entienden que les corresponde.

  Paola Díaz, la concejal, repartiendo alimentos el año pasado.

Desde Santa Victoria Este

“Nosotros venimos desde Santa Victoria Este y somos una asociación de etnias del río Pilcomayo y si bien queremos que nos den la ayuda que nos corresponde, lo que más queremos es que la Justicia actúe con estas mujeres con todo el peso de la ley”, manifestó con meridiana claridad Abel Mendoza, presidente de esa entidad indígena.
Agregó: “No puede ser que haya gente que use nuestro nombre, nuestra necesidad y la muerte de nuestros niños para hacer política o para hacer negocios. Eso es una vergüenza”. 
Los aborígenes aseguraron además que “van a seguir llegando hermanos del Chaco salteño porque allí la necesidad es mucha”. 
“Nosotros queremos que nos den la ayuda, pero lo que más nos interesa es que la Justicia actúe para que nunca más haya gente que valiéndose de nosotros, los wichi, quiera sacar beneficio propio, mientras nosotros seguimos en la miseria; eso no lo podemos permitir”, expresó el dirigente originario, Mendoza.
Sobre la situación en Santa Victoria Este, consultados los vecinos indígenas, dijeron que “nada mejoró. Todavía nos falta el agua, el alimento, la atención de la salud. No hay plata y no hay trabajo. Todo igual que siempre con la pobreza. Por eso nos duele esta noticia”.

Pedirán que renuncie la edil

Hasta el cierre de esta edición los aborígenes del Chaco Salteño permanecían en el Complejo deportivo y a pocos metros de donde hoy debe sesionar el deliberativo local que se reúne los días martes en horas de la tarde en sesión ordinaria. 
La concejal Elva Rodas, de la bancada opositora, explicó que “tenemos un miembro del cuerpo deliberativo que está detenida y lo menos que podemos pedir es que renuncie. La causa que la involucra es gravísima y no podemos aceptar de ninguna manera que presente un pedido de licencia ni nada por el estilo”. 
La edil no dudó en decir: “Los que conformamos nuestra bancada ya sabemos qué postura vamos a adoptar, depende ahora de lo que proponga el oficialismo que cuenta con mayoría pero nos parece que no queda más margen para nada que no sea una renuncia al cargo de concejal, sobre todo si la edil está detenida”.

El escándalo saltó a los medios nacionales 

Semejante desmanejo en una causa tan sensible como es la pobreza de las comunidades originarias del Chaco salteño, no tardó en ocupar las pantallas de TN y A 24 ayer por la tarde. Los programas de noticias más vistos en todo el país se hicieron eco del escándalo en Tartagal, protagonizado por las hermanas Díaz. Al mismo tiempo, una carta dirigida a “la Comunidad de Tartagal” llegó desde Santa Fe, haciendo una encendida defensa de las hermanas acusadas de distraer las donaciones para los wichis desde hace un año. 

Quien suscribe es un abogado, Jorge Mariano Ferroni, representante de la Fundación de Nobles (en formación según el expediente), que al ser googleada no figura ni remotamente. Ferroni manifiesta que “Erróneamente se sindica de “irregular” la tenencia de donaciones por parte de las Sras. Rosa Díaz y Paola Díaz, fundado en la falta de entrega de las mismas”.
Explica que “En febrero de 2020, movilizados por las noticias sobre los fallecimientos de niños wichis comenzamos una campaña solidaria en las ciudades de Gálvez, Coronda, Santa Fe y Rosario, y pudimos reunir todo lo donado en un Camión, con chasis y acoplado y se emprendió viaje a Tartagal... Nuestra organización, previamente había contactado a la entidad local “corazones solidarios” (en la cual participan las Sras. Rosa y Paola Díaz, entre otros), quienes amablemente recibieron la mercadería, nos brindaron desinteresadamente un lugar para descargar (Salón propiedad de la madre de las Sras. Diaz), nos ayudaron en la descarga, y luego en autos y camionetas particulares, repartimos las donaciones... El resto de las donaciones quedaron en el salón mencionado... Quedó pendiente la entrega a Santa Victoria, de lo cual estábamos informados de los motivos de la demora. Esas circunstancias imposibilitantes eran permanentemente reportadas...” Seguramente la Justicia requerirá las pruebas pertinentes.
 

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