La arremetida contra la Justicia, que acaba de consumarse en su máxima expresión con la agresión del Presidente de la Nación, es en realidad, un intento de asalto al sistema republicano de gobierno, bloqueando la división de los poderes, que es la garantía de las libertades y la observancia efectiva de la ley. La supresión de ese sistema conduce al despotismo, la pérdida de derechos y la hecatombe de la ley.
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La arremetida contra la Justicia, que acaba de consumarse en su máxima expresión con la agresión del Presidente de la Nación, es en realidad, un intento de asalto al sistema republicano de gobierno, bloqueando la división de los poderes, que es la garantía de las libertades y la observancia efectiva de la ley. La supresión de ese sistema conduce al despotismo, la pérdida de derechos y la hecatombe de la ley.
De modo que esa y no otra, es la cuestión de la agenda que debe desvelar hoy al pueblo argentino, por sobre los graves problemas que lo angustian, porque de prosperar ese intento, será inalcanzable la solución de tantas calamidades.
Los asedios se disfrazan desde el poder político, con alegatos farsantes, como afirmar que se quiere "reinstalar la confianza en las instituciones", o que el Poder Judicial "parece vivir en las márgenes del sistema republicano", cuando ese relato es la antítesis del propósito perseguido, que es el de asumir el poder absoluto, asaltando las atribuciones de los otros poderes, principalmente el que debe estar al margen de todo interés político, el Poder Judicial, que es el que garantiza el cumplimiento de las leyes e impide y debe reprimir los ataques a las libertades. Esa penetración ya ha comenzado con la hostilización a los jueces, incluida la Corte Suprema, y con la pretensión de convertir al Congreso en una escribanía que refrenda la voluntad antojadiza del Poder Ejecutivo.
Ya nadie duda de que la Justicia no está respondiendo a lo que el ciudadano espera de un servicio diligente e imparcial, que no consienta la impunidad. Pero es que sus deficiencias provienen, no solo de la falta de asistencia con presupuestos que respondan a las necesidades de su desarrollo, sino, sustancialmente, por la injerencia del poder político, que procura controlar a los jueces y fiscales, para manipular las causas que investigan la corrupción en el manejo de los fondos públicos y procurar la impunidad de sus autores.
La colonización del Consejo de la Magistratura con mayoría de consejeros políticos para la elección de jueces; la creación de una camarilla destinada a horadar los fundamentos de la administración de justicia, que desde su propio nombre: Justicia Legítima, procura bastardearla; el pretendido "control cruzado", que no es sino el intento de controlar la actuación de los jueces, la intención de imponer un juicio por jurados para los delitos federales, en los que se persiguen sustancialmente las causas por corrupción; el designio de remover a los jueces de la Corte Suprema, impulsado por los defensores de procesados en esas causas; las audaces pretensiones de un juez de la Cámara de Casación, reclamando a los gritos la renuncia de su presidente, son la expresión más diáfana del origen de la malversación del servicio de justicia en la Argentina.
Pero la acción fundamental que ha de activar la determinación de poner término a este ataque al sistema republicano, y a la consagración del despotismo y el naufragio de un régimen de libertad, la debemos encontrar, no solo a través de la manifestación espontánea de una ciudadanía que clama su rebeldía en las calles de la república, como también en la reacción de una oposición que deje de enredarse en mezquinos desvelos partidarios, en la sublevación de un peronismo que se proclama republicano, en la vigilia de una prensa independiente, pero sobre todo, en asumir con determinación y valentía el Ministerio Público de la Nación, la misión principal que le ha sido encomendada por la reforma constitucional de 1994, constituyéndolo en el órgano de control por excelencia, para la vigencia de las instituciones de la República.
En efecto, el Ministerio Público, Fiscal y de la Defensa, que formaba parte del poder judicial, a partir de esa reforma constituye un órgano que, junto a los tres poderes del Estado, forma parte de las autoridades de la Nación, estructuradas en la Segunda Parte de la Constitución Nacional, integrando las que corresponden al Gobierno Federal, en la Sección Primera.
Pero la importancia de esta jerarquía constitucional del Ministerio Público, radica no solo en ese rango de suprema autoridad del Gobierno federal, sino en la misión que le asigna la Carta Magna, para ser "un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la Justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República".
La defensa de la legalidad, que corresponde ejercer a este único órgano constitucional de control, que no depende de ninguno de los tres poderes del Estado, tiene su pedestal de partida en la defensa del sistema proclamado en el primer artículo de la Constitución, que es "la forma representativa republicana federal", de la que derivan, y de allí esa prioridad en el articulado, todos los derechos y garantías que afianza ese sistema de estado (según lo caracteriza el constitucionalista Bidart Campos).
La jerarquía constitucional del Ministerio Público, el amparo que recibe como órgano independiente y la autonomía funcional, que les permite a sus miembros ejercer su función sin interferencias ni directivas de nadie, ni siquiera de sus superiores jerárquicos, para decidir y dictaminar, están orientados primordialmente a velar porque se impidan los desbordes del poder, en donde se origina el desequilibrio entre el Estado y la sociedad, entre el poder político y un ciudadano que se halla inerme ante el dominio de una autoridad desmadrada.
De modo que cualquier táctica, procedimiento o normativa que se dicte, para obstaculizar o impedir el ejercicio de esa función primordial de la defensa de la legalidad, que emana de un mandato constitucional, están viciados con la tacha de inconstitucionalidad. Las comisiones parlamentarias que no se limiten al contralor del cumplimiento regular de sus funciones de jueces, fiscales y defensores federales, los proyectos de ley que impidan las mayorías exigidas para su designación, la interferencia política en la designación o remoción del procurador general y cualquier otra maniobra destinada a interferir en el ejercicio de ese cometido constitucional, son absolutamente inválidas.
Del mismo modo será pasible de ser sometido a los procedimientos contemplados para su remoción, todo miembro del Ministerio Público que no cumpla o atente contra el ejercicio de ese mandato constitucional.
Aquí corresponde que hagamos una autocrítica, quienes forman o hemos formado parte de ese órgano constitucional de control, por no haberlo aun ejercido con la firmeza y rigurosidad que exige ese mandato de velar por la tutela del sistema republicano y de las libertades individuales. Las recientes y agresivas amenazas al sistema y particularmente al poder judicial, llaman a una acción decidida.