El escrito, que lleva la firma del abogado Pedro Javier Arancibia, califica a la medida cautelar contra los Peñalva de “ilegítima, ilegal, inconstitucional, inoportuna y agraviante”.
La prohibición de acercamiento a un grupo de jueces y fiscales (que supone la exclusión de los Peñalva del recinto de la Ciudad Judicial de Salta, en donde se tramita la causa penal por la muerte de su hija) vulnera -dice el escrito- “garantías constitucionales de que somos titulares los ciudadanos y, particularmente, las víctimas o familiares de causas judiciales impunes”.
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El escrito, que lleva la firma del abogado Pedro Javier Arancibia, califica a la medida cautelar contra los Peñalva de “ilegítima, ilegal, inconstitucional, inoportuna y agraviante”.
La prohibición de acercamiento a un grupo de jueces y fiscales (que supone la exclusión de los Peñalva del recinto de la Ciudad Judicial de Salta, en donde se tramita la causa penal por la muerte de su hija) vulnera -dice el escrito- “garantías constitucionales de que somos titulares los ciudadanos y, particularmente, las víctimas o familiares de causas judiciales impunes”.
El recurso contra la medida cautelar de la jueza Ada Guillermina Zunino, cuestiona frontalmente los argumentos que el fiscal Juan Marcos Ezequiel Molinatti expone en su solicitud. En este sentido dice el recurrente que el señor Molinatti “consideró suficiente la prueba documental (...) de donde surgiría la supuesta manifestación atemorizante o alarmante en la cuenta de la red social Facebook de Marisa Peñalva”.
En su escrito judicial, Peñavla dice que los alegados por el fiscal Molinatti son “hechos penalmente” atípicos’” y que la postura del fiscal pretende “merituar con el termómetro de la moral o la ética sobre el tenor de la crítica o del escrache (una crítica elevada de tono, si se quiere) que realizan ciudadanos sin justicia, familiares o víctimas en causas impunes, contra funcionarios públicos que tienen entre sus misiones la de otorgar respuestas en el servicio de justicia sobre particularmente asuntos de interés público, como lo son aquellas causas irresueltas sobre las que se exige un esclarecimiento”.
En otro pasaje del escrito, se afirma lo siguiente: “Nos encontramos indefectiblemente ante una desproporción de la medida judicial dispuesta. Bajo una picardía procesal, poco inteligente, imprudente, intolerante, se ha arremetido y afectado gravemente derechos jerárquicamente fundamentales, como la libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva”.